La comunicóloga mexicana Alejandra Lagunes, actual senadora en ese país, habría sido contratada por Jean Alain Rodríguez como asesora para impulsar un proyecto político que lo llevaría a lanzarse por la candidatura presidencial a partir de su salida de la Procuraduría General de la República (PGR), según la acusación del caso Medusa.
La información a la que tuvo acceso Diario Libre, explica que Jean Alain Rodríguez le habría pagado la suma de 2 millones de dólares en efectivo a Lagunes, quien también fue asesora del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Cabe señalar que en la acusación también se menciona al controvertido asesor Joao Santana, quien trabajó para el expresidente Danilo Medina.
Jean Alain habría pagado cantidades millonaria en bots (programa informático que efectúa automáticamente determinadas tareas) a fin de realzar su figura y las obras de su gestión.
En el escrito, también se hace referencia al brasileño Joao Santana, exasesor de campaña del expresidente dominicano Danilo Medina, quien fue condenado en el extranjero por lavado de activos. Habría tenido una participación indirecta en los planes para crear la estructura de campaña de Rodríguez.
Lo que ha salido
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuenta con una reserva de 400 testigos para “blindar” las imputaciones iniciales de que el exprocurador Jean Alain Rodríguez habría convertido la Procuraduría General de la República en el centro de operación de una estructura “que pasó de perseguir los crímenes y delitos, a materializarlos a gran escala”, indica.
De acuerdo con fuentes, dentro del voluminoso expediente de 12,274 páginas, hay pruebas suficientes que fortalecen y amplían muchas de los señalamientos que fueron incluidas en la medida de coerción en contra del exprocurador y demás implicados en la llamada Operación Medusa.
Como por ejemplo, que los integrantes de la red Medusa utilizaron el “Plan de Humanización con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal, en detrimento de los fondos públicos”. Además de que el proyecto tiene “graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción” señalan.
Otro de los señalamientos que fueron vertidos en la medida de coerción y que los investigadores aseguran haber fortalecido, es que los miembros de la red “adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer, en beneficios personales, equipos que son propiedad de la Procuraduría General de la República”, se indica.
También se les atribuye a los integrantes de la red haber eliminado “las principales fuentes de información de la Procuraduría, con el objetivo de destruir evidencias de los hechos que habían cometido, colocando a la institución en una pérdida irreparable de información en áreas tan sensitivas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales”.
