SANTO DOMINGO.- Ante la polémica por la elección de la compañía auditora, la Junta explicó que debido a la falta, canceló previo a las primarias la licitación a dos empresas que participaron en el procedimiento de urgencia convocado por la Comisión de Compras y Contrataciones.
Añadió en un comunicado que en total cinco compañías de fama internacional fueron consultadas para hacer la auditoría forense a los equipos usados el pasado 6 de octubre.
De ellas, fue elegida Deloitte and Touch, que con un costo de 300 mil dólares es la más económica en comparación las otras, que pedían hasta un millón de dólares.
Advertencias sobre vigilancia permanente por parte de la oposición y manifestaciones de confianza del oficialismo, giran en torno a la elección de la Junta Central Electoral de la empresa Deloitte and Touch, para realizar la auditoría forense a los equipos de voto automatizado usados en las primarias del 06 de octubre.
La contratación de la compañía Deloitte and Touch ha generado un avispero en el convulso clima político.
La oposición insiste en que la auditoría forense a los equipos de voto automatizado debió ser previo a las primarias.
Mientras el PLD apoya la elección de la Junta, legisladores seguidores de Leonel Fernández entienden que con su escogencia el órgano de comicios se incrimina y que además, encamina al país a una eventual crisis electoral.
De acuerdo al contrato de 22 páginas, los servicios que debe prestar la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A. incluyen evaluar los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral, la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados, y los controles del proceso de identificación y autorización del votante.
Asimismo, indica que el proveedor deberá entregar por cada capítulo evaluado un informe de avance sobre la revisión ejecutada.
Declarada de urgencia la evaluación a los equipos, la licitación de la compañía Deloitte and Touch no se realizó debido a que el órgano electoral está exento de la Ley sobre Compras y Contrataciones, primero porque el expresidente de la Junta, Roberto Rosario así lo impuso cuando la contratación de la empresa para la emisión de la nueva cédula en 2013, decisión que luego fue respaldada por la sentencia 0305-14 del Tribunal Constitucional.
El contrato suscrito por el magistrado Julio César Castaños; y Andrés Casas, Socio líder de la empresa, indica que la referida prestación de servicios tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir de su firma.
