La próxima temporada de Narcos, quizás la de Fariña también, podría rodarse en Honduras. Tendría mar, cocaína, ajustes de cuentas y política, mucha política. Surcaría las playas del Caribe, los despachos de esa pequeña Casa Presidencial mal encajada entre las colinas de Tegucigalpa o el del General al mando de la Policía y se dormiría una reconfortante siesta entre amigos, ni lo duden, en los pasillos del Congreso de la República.
Los detalles del guión son públicos y los secuencia, paso a paso, una fiscalía de distrito en Nueva York.
La sinopsis corta es la siguiente: Entre 2004 y 2016, llegaron a Honduras toneladas de cocaína. En avioneta, lanchas rápidas e incluso, en al menos una ocasión, en un submarino. Desde allí, un supuesto ganadero, hortera, de los de zoo de animales exóticos en medio de la nada, Leonel Rivera Madariaga, jefe del cártel de Los Cachiros, la reenviaba rumbo a México, al Cártel de Sinaloa (sí, el del “Chapo” Guzmán) por tierra. Llegaba (sigue llegando) a Estados Unidos. Los responsables de su recepción, procesado en laboratorios locales, transporte, seguridad de la carga –en convoyes protegidos por armas de guerra y con paso libre garantizado por el territorio– eran importantes políticos y policías hondureños. Familiares en primer grado de los presidentes.
El penúltimo giro de esta trama, viva y de final siempre abierto, de estos días, avanza a partir de ahí.
El hermano del presidente
Según la Fiscalía de Nueva York, que acaba de detenerlo y hacer públicos los cargos, una cantidad indeterminada de esa cocaína “muchas toneladas”, llevaban firma. Dos letras grabadas en los ladrillos. “TH”. Las iniciales pertenecen a Tony Hernández, el hermano pequeño del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue, además, diputado del Partido Nacional en el Congreso entre 2010 y 2014, mientras su hermano presidió la institución.
El documento de la Fiscalía describe que tuvo acceso al menos a una grabación de vídeo en la que Tony Hernández recibe 50.000 dólares en efectivo de Rivera Madariaga para sobornar funcionarios a través de empresas pantalla que blanqueaban beneficios y pagos. El ventilador de acusaciones y pruebas es el propio Rivera Madariaga, preso en Estados Unidos desde 2015, que negoció durante años antes de entregarse voluntariamente en las Bahamas, no sin llevarse material con él para rendir las cuentas que tocaran.
El giro narrativo que abre incógnitas y permite lanzar la historia hacia delante es el de una sensación de impunidad generalizada que, si no queda hecha añicos, al menos se agrieta un tantito.
De entre todos los cargos, gravísimos, el que probablemente ofenda más a las autoridades estadounidenses es el menor. La mentira de rostro marmóleo. En octubre de 2016, después de que se filtraran las primeras acusaciones contra él, Tony Hernández voló a Miami en un jet privado –mecanismo habitual de transporte de exdiputados sin empleo conocido– para testificar voluntariamente y defender su inocencia. Si de algo le sirvió la mentira es para sumarle cinco años de cárcel como propina moralizante a las tres cadenas perpetuas a las que se enfrenta.
A su hermano, el presidente, le pareció entonces un gesto de confianza que su hermano testificara y sugirió que se trataba de un movimiento contra él mismo y su supuesta cruzada legalista. “Los pájaros le tiran a las escopetas”, dijo.
Tony Hernández y su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, no previeron entonces que las autoridades de Estados Unidos seguirían adelante con el caso. Se equivocaron. No son los primeros poderosos que ven cómo su reino se tambalea. Debieron contemplar que podía suceder. Tenían motivos. Había un antecedente similar: El de Fabio Lobo, hijo del presidente anterior, Porfirio Lobo.
Flashback: de la Casa Presidencial a Haití
Lobo hijo, que llegó a tener despacho abierto en la Casa Presidencial que dirigió su padre entre 2009 y 2014 ya fue c ondenado a 24 años de cárcel por usar sus conexiones políticas con el Congreso, el Ejército y el sistema de aduanas para gestionar la misma logística de transporte para el mismo narcotraficante.
Lobo no era un abogado conseguidor y comisionista como Hernández. A él le iba la marcha. Quedó demostrado que viajaba en los convoyes armados para garantizar, control a control y teléfono en mano, que nadie los detenía. Por uno de esos viajes llegó a cobrar 70.000 dólares, una camioneta blindada y un fusil R-15. (¿Quién cobra en vehículos blindados y armas?).
La escena protagonizada por Lobo y detallada por un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos infiltrado en la red lo ubica además ante un mapa de Honduras dando detalles, rutas, carreteras, controles, policías a cargo de cada departamento y, siempre, al final usando su palabra y conexiones, la amenaza, el usted no sabe con quién está hablando, para resolver cualquier problema. Allende los mares. A Lobo lo detuvieron en Haití, in fraganti, moviendo un cargamento.
La sentencia de su condena explica cómo, junto a Freddy Nájera diputado del Partido Liberal, (ningún partido se salva, en Honduras, de vínculos con el narcotráfico) Lobo hijo gestionó desde las instalaciones de Puerto Cortés un envío de cocaína dirigido al Cártel de Sinaloa en México. Nájera era, según la Fiscalía de Nueva York, quien esperaba en las densas noches de la selva oriental del país, junto a decenas de hombres armados, el aterrizaje en pistas clandestinas de las avionetas que llegaban de la frontera entre Colombia y Venezuela.
No hay narco que se precie sin un buen banco detrás
El narco Rivera Madariaga está cantando de lo lindo en todas las direcciones y salpica partidos, gobiernos y negocios. Los buenos empresarios, y los narcos suelen serlo, saben diversificar y aquí se abren posibles capítulos –que darían para series enteras– con nuevos personajes y tramas de carácter económico. No hay fajos ni maletas cargadas de billetes sin bancos que los procesen.
En diciembre de 2017, Yani Rosenthal, que había sido Ministro de la Presidencia del presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue condenado a tres años de cárcel en Miami por lavado de activos procedentes de cártel de Los Cachiros. Junto a él, por el mismo delito y vínculo, su primo Yankel Rosenthal, que fue Ministro de Inversiones del gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. El dinero no entiende de cambios de administración.
Las empresas de los Rosenthal, incluido el Banco Continental, primer banco clausurado por ser lavadora de narcos en aplicación de las leyes de Estados Unidos, fueron confiscadas y liquidadas por su vinculación con Los Cachiros. El patriarca de la familia, Jaime Rosenthal, que, sorpresa, fue vicepresidente de Honduras en los 90, se salvó, por ahora, de la extradición a Estados Unidos debido a las causas pendientes en Honduras pese a ser señalado por el Departamento del Tesoro como cabeza de la trama profundizada durante décadas. Los Rosenthal, banqueros, les compraban vacas a Los Cachiros, reconocidos ganaderos, dijeron en su defensa.Salieron caras esas vacas.
Para la siguiente temporada, que la habrá, el Gobierno de Estados Unidos, sus guionistas, se reservan una gran incógnita. El salpicón puede atragantarse más aún. Otro funcionario sobre el que existe grabación en la Fiscalía estadounidense, si bien exculpatoria –por el momento– es el todopoderoso general Julián Pacheco, ministro de Seguridad y responsable de la inteligencia hondureña desde 2014.
Lobo hijo llevó al narco Madariaga a su despacho. La reunión duró poco, aparentemente el Ministro los echó con cajas destempladas. Pero. Puntos suspensivos. Lobo hijo, el hijo del expresidente y posteriormente Tony Hernández, hermano del presidente actual, siguieron trabajando para ‘Los Cachiros’. Y quien es Ministro de Seguridad desde 2014 lo sabía a despacho caliente y en persona, por ponerlo de algún modo.
En el momento de reaccionar, en boca cerrada no entran moscas y yo no he visto nada. Ambos presidentes han sido escuetos. Que se cumpla la ley, han dicho. Honduras es pequeño, en espacio y canales de información. Ellos, muy ocupados siempre, nunca supieron a qué se dedicaban su hijo y su hermano. Fabio Lobo y Tony Hernández tenían sobornados a docenas de políticos, funcionarios, policías y militares del país y transitaban por sus carreteras en convoyes fuertemente armados sin que, por supuesto, los presidentes, a cargo, entre otras cosas, de la inteligencia del Estado, lo supieran.
La historia viene de largo
Honduras es, desde hace años, sobre todo desde que el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en 2009, pista abierta, parada logística de la cocaína que sale de Colombia y Venezuela rumbo a Estados Unidos. La droga vuela o navega atravesando el Caribe. Desembarca en la costa de la Mosquitia, remota, inaccesible y mal vigilada para seguir rumbo a los cárteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos. Esa maldición geográfica, inevitable, junto a un Estado débil y cooptado, ha convertido al país en una distopía, un lugar carcomido por el crimen donde el narcotráfico lleva a las pandillas, la violencia, la corrupción, el hambre. Al desastre. A un país de donde huye quien puede. Con cientos de miles de desplazados internos y externos. Algunos miles de ellos empujando fuerte en una fila en Tijuana para ser reconocidos como refugiados.
La lista de frases sobre el narcotráfico de los políticos hondureños es digna de las mejores mentes. Para enmarcar. Del conocido “si las narcoavionetas no aterrizan en el centro de San Pedro Sula sólo porque los árboles se lo impiden” de un ministro de Defensa a “los controles de policía no son más que un lugar en el que ser extorsionado”, del presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. Nadie en Honduras se atreve a negar lo que sucede. Mientras pueda echar balones fuera. Siempre que permita el “casi”. Incluso el Presidente Juan Orlando Hernández ha dicho en numerosas ocasiones que el país ha estado a punto de convertirse en un Estado fallido. Como si no estuviera implicado en lo que sucede.
Un solo ejemplo. Hernández y su predecesor, Lobo, son responsables de una medida política perversa relacionada con el narco. Alrededor de 2012 la Fuerza Aérea hondureña comenzó a derribar narcoavionetas en vuelo. Alegaba defensa de la soberanía nacional. Eso es ilegal. Estados Unidos, que manejaba el radar que informaba de esas avionetas, no podía seguir colaborando con esa política y avisó. Y avisó. Y avisó. Y acabó por cortar el único radar que había en Honduras para detectar narcoavionetas. Algo que, por supuesto, no beneficiaba directamente a nadie. Puntos suspensivos.
Hay más. En 2016 se hizo pública una estructura colegiada dentro la Policía Nacional de Honduras que tenía como cometido desembarazarse de aquellos elementos de la política, la policía y el Ejército que no colaborasen con el narcotráfico. Si una determinada unidad policial estaba encargada de transporte de cocaína y otra unidad, en este caso militar, se interponía, no había mayor problema en ordenar matar a un general del Ejército. O al diputado que lo investigara.
Desde 2012, uno tras otro, los generales Directores de la Policía fueron cayendo uno tras otro (abandonando el cargo, ascendidos a veces, a cargos diplomáticos o políticos, que Honduras eso nunca significa juzgados por los hechos en su hoja de deméritos). Escuadrones de la muerte, narcotráfico, corrupción. La lista es amplia y lo toca todo. Lo hicieron incluso acusándose los unos a los otros de matarse familiares en represalia.
Honduras es el país del golpe de estado, la plataforma del narcotráfico, una depuración policial tan continua como fracasada, la impunidad como forma de supervivencia o marchas sosteniendo antorchas para pedir una comisión internacional que interviniera el sistema de justicia, fallido. El lugar donde hasta el fracaso sabe a poco. Un país, también, donde un esquema de corrupción en el sistema sanitario se llevó por delante, tan sólo durante la administración del Presidente Lobo, casi el 10% del presupuesto nacional. Suma y sigue.
Honduras es, y ha sido, al menos desde el golpe de Estado de 2009, un fiel aliado de Estados Unidos en la zona. Entre 2009 y 2016 los gobiernos del Partido Nacional recibieron casi 100 millones de dólares en ayuda a los sistemas de seguridad del país de la administración de Barack Obama. Donald Trump ha amenazado con reducir el dinero que envía a Honduras.
De suceder, si es que sucede, está por ver cuál será el impacto. Muchos creen que el apoyo estadounidense a un gobierno, policía y ejército corruptos ha empeorado las cosas, reforzando el narcopoder. Otros, que ha evitado que los desmanes fueran aún peores.
Mientras tanto, la república bananera acaba rayada, esnifada, mareada y resacosa, cayendo en barrena a un pozo sin fondo. Convertida en un poema narcopolítico que espera, cada vez más dolorido, los giros del siguiente capítulo de la versión catracha de “Narcos”.
