China está utilizando un programa de big data para la vigilancia policial en la región de Xianjiang que selecciona arbitrariamente a miembros de minorias musulmanas como potenciales criminales para detener y llevar a campos de trabajos forzosos. Entre los delitos punibles se encuentran hechos tan sencillos como “haber nacido después de 1980” o tan ambíguos como “no ser de fiar”.
La base de datos obtenida por Human Rights Watch (HRW) arroja luz sobre cómo las autoridades de la región de Xinjiang utilizan esta red de “vigilancia policial predictiva”, que rastrea las redes personales de las personas, su actividad online y su vida diaria.
La lista divulgada por la ONG contiene detalles de más de 2.000 detenidos uigures detenidos entre 2016 y 2018, todos aparentemente encarcelados después de haber sido señalados por la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP).
El IJOP es una base de datos masiva que combina datos personales extraídos del monitoreo automatizado en línea e información introducida manualmente en una aplicación personalizada por los funcionarios. La base de datos ncluye información que va desde las características físicas de las personas hasta el color de su automóvil y su preferencia personal de usar la puerta delantera o trasera entrar en su casa, así como el software que utilizan y sus contactos habituales.
La utilización de esta aplicación de big data recuerda a la Frenología, la teoría pseudocientífica utilizada a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, que defendía ser posible determinar el carácter, los rasgos de la personalidad, y hasta las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, de la cabeza y en las facciones.
“La Lista Aksu proporciona más información sobre cómo la brutal represión de China contra los musulmanes de Xinjiang está siendo impulsada por la tecnología”, dijo Maya Wang, investigadora principal de China. “El gobierno chino debe respuestas a las familias de los que figuran en la lista: ¿por qué fueron detenidos y dónde están ahora?”
La mayoría de los que figuran en la lista fueron detenidos por comportamiento no violento, pero algunos simplemente se aparecen como “señalados por IJOP”, sin más información. El comportamiento enumerado como motivo de detención incluye “no ser de fiar” y “haber nacido después de 1980”. Un hombre parece haber sido detenido por no pagar el alquiler de sus tierras y otros por practicar la poligamia.
Los detalles de la lista muestran una amplia red de detención. “Esto contradice las afirmaciones de las autoridades chinas de que sus tecnologías ‘sofisticadas’ y ‘predictivas’, como el IJOP, mantienen a Xinjiang a salvo al ‘atacar’ a los delincuentes ‘con precisión’”, dijo Wang.
Una detenida nombrada en el informe como ‘Sra. T’ fue señalada por “vínculos con países sensibles”, después de que IJOP registrara cuatro llamadas de su hermana que vivía en el extranjero, destacando su duración en minutos y segundos. Desde entonces, HRW destaca que no ha habido contactos entre las dos. Su hermana sospecha que ella ha ingresado en un campo de trabajos forzosos. Inicialmente, Pekín ha negado la existencia de estos campamentos, pero más recientemente ha afirmado que son una parte vital de la lucha contra el extremismo y el terrorismo.
Pese a que la existencia del IJOP y los campos de trabajos forzosos ya había salido a la luz en alguna ocasión, las filtraciones de esta lista ofrecen una visión sin precedentes de cómo funciona el sistema en el día a día. “Habíamos entrevistado a personas que habían sido detenidas después de ser seleccionadas por el IJOP, pero esta es la primera vez que vemos documentos oficiales que explican cómo el sistema los atrapó y detuvo cada indiciduo”, dijo Wang. “Nos muestra cómo está funcionando realmente, a nivel individual. No solo cómo está diseñado para funcionar “.
Los grupos de derechos humanos han descrito los abusos masivos de los derechos humanos en Xinjiang, incluido el encarcelamiento de más de un millón de personas en campos de internamiento y reeducación, el trabajo forzoso, la esterilización masiva de mujeres y las restricciones a la religión, la cultura y el idioma, como genocidio cultural.
