“No estamos con el Gobierno ni con la oposición, queremos un cambio pero no queremos violencia”, dijo una joven caraqueña, de tez negra y 24 años que esperaba un transporte público para ir a su barrio en la periferia pobre de Caracas.
Esto resume gran parte de las opiniones en las barriadas –los antiguas bases del chavismo– donde una crisis de desabastecimiento, hiperinflación y caos económico, hace la vida imposible. Pero tal vez la referencia a la violencia es la más relevante. Porque las fuerzas policiales –sobre todo la nueva tropa de élite policial conocida como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)– ha relanzado una serie de redadas en las últimas semanas en las que han asesinado a decenas de jóvenes aparentemente por participar en protestas. Según la oenegé Surgentes, el 45% de los 28 muertos producidos entre el 21 y el 24 de enero, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, fueron víctimas de la policía. “Casi todas estas muertes ocurrieron en barrios pobres”, afirma la oenegé.
En el 2017, el 28% de todos los homicidios registrados en Venezuela lo fueron a manos de la policía
La represión de la disidencia en barrios como Petare, Catia, Altmano o La vega es una continuación de la llamada guerra contra la delincuencia en los barrios pobres de Caracas llevada a cabo en los últimos años, según el análisis de Keymer Ávila, investigador de ciencias penales de la Universidad Central de Venezuela. “Toda la violencia que vienen utilizando contra los barrios desde el 2015 ahora lo están aplicando a los disidentes”, dijo Ávila en una entrevista mantenida ayer.
En estos barrios que trepan por las laderas de las montañas que rodean la caótica capital venezolana, el número de personas asesinadas por la policía se ha disparado en los últimos tres años desde que Maduro anunció una nueva política draconiana para combatir la delincuencia.
