Por: José Luis Taveras
El legado de Jean Alain Rodríguez retrata de cuerpo entero la lealtad a su torcida misión política: dejar pasar (laisser passer). Sí, eso fue lo que hizo: dejar pasar, pero solo lo que convenía. Nada distinto a la estrategia concertada que operó en un régimen de omisiones impunes. Pocos funcionarios supieron rendirse tan sumisamente a ese designio. Rodríguez resultó lo que el presidente Medina buscaba y encajó perfectamente en su plan como pieza de fabricación original.
Cuando la responsabilidad del Gobierno quedaba comprometida, el procurador se anteponía como la primera traba a su propio accionar. Su trabajo era deshacer, esconder y callar, verbos que seducían a un gobernante obseso y voraz. La omisión fue la mejor actuación del procurador e hizo de ella un patrón en la lucha contra la impunidad (no solo en el caso de Punta Catalina, que conste). La corrupción, además de una agenda abandonada, fue en los gobiernos de Medina el objetivo a desarmar, y el joven funcionario se las jugó con temeraria lucidez.
La Procuraduría fue una de las claves cifradas para el acceso a un andamio de oscuras maquinaciones. En los gobiernos de Medina no solo hubo un cúmulo desatendido de casos de corrupción; también predominó un cartel de contrataciones públicas dirigido por un monopolio de intereses coludidos. Para facilitar su accionar, Medina desactivó los sensores de control y fiscalización del Estado. Los otros centros inhabilitados fueron la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas: la primera, a través de la inacción complaciente; la segunda, mediante la legitimación de licitaciones teatrales. Con estas tres instituciones autoanuladas, el Estado se endeudó a escalas impensadas para enriquecer a un núcleo familiar, político y empresarial cercano al presidente Medina, en un gobierno depredador que hizo de las contrataciones públicas el mejor resorte para sostener un sistema inmutable de corrupción.
En logros contra la corrupción la Procuraduría de Jean Alain dejó poca cosa porque no hizo nada relevante. Su gobierno precisaba de seguridad para sus desafueros, por eso la impunidad se hizo razón de Estado. Así, las nuevas autoridades del Ministerio Público no solo han tenido que componer e instalar las estructuras de persecución, sino hacerlas operativas, ya que en la gestión de Rodríguez tenían una existencia astral en las resoluciones del Consejo del Ministerio Público o en los timbres de los oficios ministeriales. Tal es el caso de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), concebida en el decreto que la creó como una dirección general, pero degradada en la realidad a un despacho con apenas seis procuradores adjuntos sin presupuesto, personal, logística forense ni autoridad jerárquica. Hoy, solo la Dirección de Persecución cuenta con cincuenta y cinco procuradores, la mayoría adscritos a la PEPCA.
En la procuraduría pasada no hubo ni un amago para redimir al PEPCA de su postración o para justificar al menos su razón institucional, “funcionando” como una unidad de tercera categoría y con una caja chica de cincuenta mil pesos.
El caso Odebrecht es la credencial con la que Jean Alain Rodríguez ensaya su aclamación histórica y esta es la crónica más patética de su gestión: unos expedientes selectivos y mal instruidos; un acuerdo que sacó tempranamente a la constructora de la acusación y sin garantías para obligarla a colaborar; la exclusión de Punta Catalina de la investigación, aun siendo la obra adjudicada más costosa de las construidas fuera de Brasil y por cuya licitación la constructora admitió haber pagado sobornos. La firma brasileña cesó en sus pagos al Estado dominicano en virtud del acuerdo de colaboración por encontrarse actualmente en un estado de reestructuración mercantil (quiebra) en Brasil. De los 184 millones de dólares apenas pagó 60 millones a julio de 2018.
Esperar acusaciones robustas requerirá paciencia, no solo porque los entramados operativos fueron confusos y complejos sino porque hay que poner la estructura de investigación en condiciones mínimamente operativas, con el inconveniente de que las auditorías forenses, necesarias en la instrucción de los procesos, deben ser realizadas por la Cámara de Cuentas para que tengan un carácter probatorio vinculante. Sí, la misma Cámara de Cuentas que prohijó y pervirtió el gobierno pasado. La nueva procuradora recibió un despacho con un déficit operativo de casi 80 millones y sin data relevante en departamentos tan sensibles como extradiciones, bienes incautados y antecedentes penales porque la anterior, además, no dejó un back up disponible.
Pero no todo es malo: el desprecio de Jean Alain Rodríguez por el tema de la corrupción afectó igualmente el caso de Punta Catalina (Odebrecht 2.0) y financiamiento de las campañas del expresidente Medina por Odebrecht a través de Joao Santana y Mónica Moura. Y qué bueno que así fuera. De tocarlos, los hubiera archivado o desestimado. No se atrevió porque le quedaban grandes. La sábana no le alcanzó. Tampoco tenía el coraje, el tiempo ni la pericia para justificar una buena razón. Hacerlo suponía una bárbara expiación. Pero sobre todo porque la sociedad era otra: atenta, suspicaz y vigilante, cansada de marchar para exigir la razón que nunca dio su acobardado presidente.
Por no haber podido tapar ese cadáver, Medina sacó del sepulcro la intención de reelegirse a través de otra reforma constitucional. Le aterraba dejar el poder con esos cabos sueltos; precisaba de un nuevo período para borrar memoria, evidencias y atenciones. El plan no se le dio ni su penco llegó. Y es que no hay crimen perfecto ni arma homicida que no aparezca. Al final, Jean Alain, alter ego de Medina, se desvivió por su jefe sin poder evitar ahogarse en la orilla.
Ahora nos toca tocar lo que no tocó Jean Alain. Mientras, es de justicia agradecerle el no haberse atrevido. Su forzada omisión fue gloriosa; su cobardía, bendita. Nos abrió una anchurosa oportunidad para probarnos que podemos juzgar con madurez institucional el peor pecado social: la corrupción de los gobernantes, sin venganzas ni desquites.
Hoy el reto es de las nuevas autoridades del Ministerio Público con la mala o buena noticia de que la sociedad espera resultados y no excusas. No transigirá en romances, vértigos, pretextos ni evasivas. Sobre esos dos procesos penden expectativas inabordables. Punta Catalina es la última esperanza para saber si esto tiene o no posibilidades de cambio, o, como dice un viejo amigo: “para saber si nos vamos o nos quedamos”. Lean bien: un fracaso vendrá con facturas, y no solo serán políticas. Este será el desafío institucional más grande en lo que va de siglo. Los pasos deben ser firmes, resueltos y de profundas huellas. O esto cambia o… cambia. Mientras, ¡gracias, Jean Alain!
