Santo Domingo.-El Gobierno dominicano ha decidido adoptar una postura más activa frente a la tradicional estrategia de desinformación y manipulación asumida por grupos desde Haití y República Dominicana para debilitar las estrategias migratorias de República Dominicana.
En adición con la campaña encabezada por el presidente Luis Abinader de que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano y su invitación a la comunidad internacional a que acuda en auxilio del vecino país, marcado por la violencia y el control de territorios por bandas criminales, el Gobierno dominicano ha retomado las acciones de retención y repatriación de cientos de inmigrantes haitianos ilegales.
Las reacciones han sido similares a ocasiones anteriores: denuncias de violaciones de derechos humanos, divulgaciones de falsos sucesos, manipulaciones de situaciones y declaraciones de organizaciones pro haitianas detractando a las autoridades dominicanas.
Sin embargo, ha sido notorio que el Gobierno ha decidido salirle al frente a esas campañas ofreciendo informaciones que contrarrestan las versiones de quienes en la práctica se oponen a la aplicación de las políticas migratorias dominicanas y a informaciones tergiversadas provenientes del lado haitiano.
En el último mes se han conjugado situaciones a las que el Gobierno dominicano ha tenido que salir al frente.
Cuentas del rosario
El primer caso ocurrió en Ciudad Juan Bosch. Una patrulla de migración fue repelida a pedradas por inmigrantes ilegales haitianos y luego grupos divulgaron inicialmente que se trataba de un intento de los contratistas para no pagarles el salario a los haitianos.
Luego la Dirección de Migración explicó que se trataba de un operativo rutinario contra inmigrantes haitianos y que éstos respondieron con ataques violentos, por lo que al día siguiente los inspectores volvieron acompañados de un contingente policiaco-militar. Más de 500 inmigrantes haitianos fueron repatriados.
La Dirección de Migración también realizó operativos contra inmigrantes ilegales en Friuza, provincia La Altagracia, y su director emitió unas declaraciones señalando que ese lugar se había convertido en uno de los más peligrosos porque los inmigrantes haitianos prácticamente han asumido el control de la zona.
Esas declaraciones fueron utilizadas por grupos en República Dominicana para acusar de discriminantes las acciones y declaraciones del director de Migración, Enrique García, sin embargo, las autoridades continuaron con las redadas llegando a repatriar casi un millar de indocumentados.
Las acciones de Migración han estado acompañadas de otras medidas más globales, como ha sido el inicio de la construcción de un muro físico en la frontera, la disposición de prohibir el ingreso al país de mujeres a punto de dar a luz y que los hospitales solo brinden atenciones de emergencia.
Esta medida fue atacada con declaraciones como que mujeres en labores de parto habían sido sacadas de los hospitales, lo cual fue negado por los médicos de todos los centros asistenciales y en ningún caso se presentaron casos concretos.
Incluso el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, tuvo que enfrentar una oleada de críticas por señalar que le pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que documentara sus denuncias y que éstos no presentaron ningún caso formal.
Amigos de Haití
El gobierno dominicano ha formalizado su propuesta de que los llamados “Países amigos de Haití” (en particular Estados Unidos, Francia y Cánada) financien la construcción de hospitales en la zona fronteriza del lado haitiano para atender a las embarazadas haitianas y que así no intenten cruzar a territorio dominicano.
El Gobierno dominicano propuso incluso aportar personal médico y de apoyo, pero el planteamiento no ha sido atendido.
A todo esto, desde Haití no se ha informado de ninguna acción para proteger su frontera de la salida de haitianos ilegales y sus iniciativas se han limitado a pedir respaldo para controlar el ingreso de mercancías dominicanas a su territorio para poder cobrar aranceles.
El presidente Luis Abinader, al igual que sus antecesores, ha hecho esfuerzos por mantener una política de acercamiento con sus pares haitianos.
Se recuerda que el entonces presidente Danilo Medina incluso llegó a iniciar un programa de reforestación del lado haitiano y participó en un acto oficial con el entonces presidente Michel Martelly y menos de 24 horas después se estaban denunciando supuestos abusos de República Dominicana contra los inmigrantes haitianos.
Al presidente Abinader le tocó lidiar con una situación diplomática conflictiva, pues luego de una reunión con el primer ministro interino de Haití en el marco de la Cumbre de las Américas, desde el despacho del alto funcionario haitiano salió un comunicado informando que ambos jefes de Estado habían acordado la regularización de los haitianos residentes ilegales en República Dominicana.
El Gobierno dominicano volvió a tener una reacción inmediata al negarlo. Un comunicado de la Presidencia de la República señaló que el tema de regularización de inmigrantes haitianos no fue tratado en la conversación de ambos mandatarios.
El presidente Abinader volvió a aprovechar la Cumbre de las Américas para reclamar a la comunidad internacional que atienda la situación haitiana, pero decidió no firmar el acuerdo sobre migración planteado por Estados Unidos porque el mismo utiliza términos ambiguos que posteriormente podían ser utilizados contra los intereses dominicanos.
En Santiago
El viernes en la noche la Dirección de Migración realizó un operativo contra lo que denominó “banda que traficaba con pasaportes haitianos y visas desde un centro de diversión en Santiago”.
Grupos prohaitianos dominicanos se apresuraron a calificar la acción como atropello a la comunidad haitiana e incluso quisieron presentarlo como un acto de discriminación contra un negocio haitiano al que asistían estudiantes haitianos residentes legales en el país.
Incluso, James Jacques, quien hasta el 6 de junio era cónsul haitiano en Santiago, realizó una rueda de prensa presentándose como si fuera cónsul vigente, para criticar la actuación dominicana y en ningún momento hizo mención a la causa de la investigación.
Los tradicionales grupos contrarios a las políticas migratorias dominicanas, y que cada acción la presentan como discriminatoria y violatorio de derechos humanos, aprovecharon para arremeter nuevamente contra las acciones de Migración.
El gobierno reaccionó con rapidez explicando que se trataba de un operativo contra una supuesta banda que traficaba con documentos haitianos y visados.
Haití toma distancia en el caso del restaurante
Explicación. En el caso de Santiago las autoridades haitianas se descantaron señalando que el señor James Jacques ya no era cónsul de Haití porque había sido destituido y que, por tanto, no podía hablar en nombre del Gobierno haitiano.
En el centro intervenido, donde funciona un restaurante de comida haitiana, fueron decomisados 15 pasaportes haitianos y detenidos 21 haitianos residentes ilegales en República Dominicana.
En cada una de esas acciones el Gobierno dominicano ha reaccionado con rapidez y ha enfrentado los ataques a su política migratoria, lo que ha presentado un panorama distinto al tradicional en que los grupos prohaitianos promueven informaciones, muchas veces falsas o incorrectas, contra las políticas migratorias dominicanas sin que encuentren un muro de contención oficial.
