Al fin, la Unión Europea (UE) pone alguna carta sobre la mesa.
Desde que a finales de 2019 Josep Borrell fue nombrado representante para Asuntos Exteriores del bloque europeo, parecía lógico un cambio de postura en torno a la cuestión venezolana.
Atrás quedaba el fuerte derechista de Federica Mogherini, quien fue una de las principales impulsaras del interinato de Juan Guaidó desde su autojuramentación a comienzos de ese año.
Parecía obvio que el socialista Borrell analizaba mejor la deriva en que se había convertido el gobierno paralelo, y que no había otra forma de ‘normalizar’ la situación en Venezuela que no fuera aupando una salida negociada y electoral.
Sin embargo, en las parlamentarias de 2020, la UE se negó a enviar una misión observadora: aún el trumpismo sobrevolaba las decisiones europeas.
Llegó así la planificación de las elecciones regionales fijadas para el próximo 21 de noviembre y la Cancillería europea debía tomar una decisión: o bien presionaba a la oposición para volver a la senda electoral y política o bien seguía jugando a las salidas derechistas y de fuerza.
No podemos olvidar que la UE fue bastante entusiasta con el golpe militar del 30 de abril de 2019, protagonizado por Leopoldo López y Juan Guaidó.
Con la decisión de enviar observadores, la UE está reconociendo el proceso electoral y todo lo que implica: desde la legitimidad de las autoridades hasta el rechazo al boicot nacional e internacional.
Al primero, España le dio asilo y un trato preferente mientras estuvo en su Embajada en Caracas, después que se conoció el fracaso golpista. Al segundo lo siguió apoyando y reconociendo como presidente de la república hasta enero de este año.
Con esta postura, Europa se subordinó a las políticas emanadas desde el republicanismo trumpista.
Luego de un par de años dubitativos y temerosos, el pasado miércoles se supo la noticia que la UE enviará a una misión de observación a las elecciones regionales, donde se elegirán todos los gobernadores y alcaldes del país.
Esta decisión no llega por casualidad.
Primero, el estancamiento de la tercera ronda de negociaciones, que se celebró en México el pasado fin de semana, enviaba una clara señal a los países interesados en el tema Venezuela y quienes son parte del problema. Era el momento de poner alguna carta sobre la mesa o el escenario electoral de la oposición sufriría graves problemas, en tanto el Gobierno venezolano había dispuesto no ceder ante nuevas demandas para asegurar condiciones electorales hasta que la contraparte ‘real’ (EE.UU. y La Unión Europea) no cediera a algunas de sus demandas, entre las que se encuentra el fin del bloqueo.
No solo la coyuntura venezolana acompaña esta determinación de la UE: la decisión de EE.UU. de crear una nueva alianza con Australia y Reino Unido (AUKUS) ha dejado a la deriva a Europa quien, al menos por los momentos, no será más un aliado de primera importancia para EE.UU., con lo cual la UE gana ciertas libertades para desalinearse con la política estadounidense.
Con el juego trancado en la tercera ronda de negociaciones y con el aumento de tensiones entre Europa y EE.UU. que habían bajado desde la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, la primera puede ir ya tomando sus propias decisiones y Venezuela está entre una de las principales preocupaciones.
Así, con esta decisión de enviar observadores, la UE está reconociendo el proceso electoral y todo lo que implica: desde la legitimidad de las autoridades (Consejo Nacional Electoral y Presidencia de la República, entre otras) hasta el rechazo al boicot nacional e internacional que las elecciones podrían tener.
Recordemos que desde las presidenciales de 2018, la Unión Europea no reconoce ningún proceso electoral en Venezuela.
El impacto en la política interna venezolana
El impacto de la decisión europea no se ha hecho esperar.
No ha pasado ni un día y ya Juan Guaidó se ha lanzado a las calles, concretamente a una plaza caraqueña donde, en un mitin, planteó una campaña de calle, que aun no se define como electoral, pero sí afirma que lo hace para reclamar condiciones electorales.
No olvidemos que al menos dos figuras importantes de su ‘gabinete interino’ se han lanzado al ruedo electoral: Juan Pablo Guanipa, que era su ’embajador’ en Colombia, disputará la alcaldía de Caracas y José Manuel Olivares, comisionado para Asuntos de Migración, la gobernación de La Guaira, entre muchos otros políticos exiliados o no, que han vuelto para postularse.
El sector que sale beneficiado es la oposición moderada, que ahora tiene un respaldo internacional que no había tenido los últimos años en los que toda la atención la llevaron los sectores radicales.
La UE, quien fungió de tutora de la corriente radical opositora, ha pasado la página del debate en torno a participar o no en las elecciones, y ha generado un nuevo escenario en el que solo importa un resultado electoral ‘decente’ que permita a la oposición volver al camino político con algo de dignidad.
Nuevamente es Europa quien direcciona a la oposición, ante la ausencia de EE.UU, solo que esta vez lo hace desde un enfoque pacífico y electoral y ya no golpista o sancionador, como lo hizo en 2019.
El sector que sale beneficiado es la oposición moderada, que ahora tiene un respaldo internacional que no había tenido los últimos años en los que toda la atención la llevaron los sectores radicales, muy pequeños en intención de voto, pero muy poderosos dentro de la comunidad internacional.
Si nos ubicamos en el escenario propiamente electoral, es muy factible que los opositores que ganen algunos cargos de representación el 21 de noviembre generen un nuevo mapa político que privilegie la agenda electoral sobre los escenarios internacionales de los tiempos del interinato.
Los radicales no han esperado mucho para criticar la decisión del bloque europeo.
Para María Corina Machado, por ejemplo, la decisión significa “un grave error de la UE”: “Esto no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia del régimen. Esto incumple los estándares técnicos y políticos de la UE y afecta su credibilidad”.
