Haití inicia este lunes tres días de huelga general, una protesta convocada por grupos de transportistas y trabajadores en contra de la inseguridad y la violencia que se mantienen en el vecino país, sometido ante los grupos armados que se disputan el poder.
La convocatoria de la huelga la hizo el pasado 25 de enero la Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC), cuyo coordinador general, Sonson Dumé, se quejó de que las actuales autoridades no tienen la voluntad de sacar al país de la situación en la que se encuentra.
La crisis de gobernabilidad que vive Haití ha venido incrementándose desde el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. El accionar de los grupos armados que se disputan el control de territorios ha sembrado de muertes al país más pobre de América y, según informes de la Organización de las Naciones Unidas, las pandillas son responsables de unos 5,000 asesinatos en 2023.
En su exposición, Dumé expresó su preocupación ante una situación que continúa deteriorándose, tanto a nivel de seguridad como económica.
“El precio de las necesidades básicas está aumentando en el sur y en el extremo norte del país. Los agricultores del sur no pueden transportar sus productos a la capital. Todos somos víctimas en la población“, declaró, según los reportes que hacen medios de prensa haitianos.
La huelga general, que se extenderá hasta el miércoles 31 de enero, cuenta con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), que enfatiza en que la crisis de seguridad impide a miles de personas circular libremente debido a los bloqueos de las carreteras que hacen las bandas armadas.
Ante la grave crisis que sufre Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre pasado, tras meses de discusión, el envío de una fuerza multinacional para ayudar a Haití a combatir la violencia.
Dicha fuerza estaría encabezada por Kenia que anunció el envío de unos 1,000 agentes de policía a Haití, pero decisiones judiciales de ese país detienen, en lo inmediato, esa disposición aprobada por el parlamento keniano en noviembre pasado.
El viernes, el Tribunal Superior de Nairobi, que reconoció un recurso presentado por un líder de la oposición keniano, decidió que el envío es “inconstitucional, ilegal e inválido”, ante lo que el Gobierno de Kenia anunció que procederá a recurrir el fallo.
