El Estado dominicano se ha constituido, a través del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, en querellante y actor civil en contra de los implicados en el caso Coral.
Esto fue lo que informaron ayer los abogados José Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano, quienes dijeron que, más adelante, señalarán el monto que será reclamado para fines de lograr una indemnización por concepto de daños y perjuicios sufridos por el Estado dominicano, en su condición de víctima,
El sometimiento en contra de los encartados por el entramado de corrupción atacado por el ministerio público se produjo a través de un poder otorgado por el Estado a los abogados del Equipo para la Recuperación del Patrimonio Público, para reclamar las indemnizaciones civiles.
Los encartados.
La querella fue interpuesta en contra el general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo policial e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Asimismo, se informó que el Estado requirió medidas de coerción real, consistentes en hipotecas judiciales provisionales y embargos en contra de todos los imputados y entidades, así como el levantamiento del velo corporativo y declaratorio de conjunto económico de las entidades que formaron parte del entramado.
Por otro lado, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispuso el mantenimiento en prisión de los implicados en el caso Coral, recluidos en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo-Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
El magistrado tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Intentos fallidos
Desde que le fue impuesta la prisión preventiva, el grupo ha intentado, sin éxito, obtener la libertad en diferentes instancias, ya que tanto en las revisiones obligatorias en los juzgados de la instrucción como en la Corte de Apelación del Distrito Nacional la medida le ha sido ratificada.
El grupo está involucrado en delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
