CARACAS, Venezuela.- Tras resultar reelecto en los comicios presidenciales del 20 de mayo último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un gran diálogo entre todos los sectores políticos, económicos y sociales, dirigido a dirimir las diferencias y avanzar hacia la solución de los problemas del país.
Entre los primeros pasos dados por el Ejecutivo bolivariano para promover dicho proceso de concertación, el mandatario sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) con directivos y representantes de los principales medios de comunicación de la nación sudamericana.
“Los medios de comunicación juegan un papel vital para todo el proceso y la dinámica del diálogo”, subrayó Maduro, quien luego de los comicios ha sostenido intercambios con sectores económicos, representantes de la oposición, e incluso promovió el otorgamiento de beneficios procesales a venezolanos acusados de violencia política, todo por avanzar hacia la reconciliación nacional.
Desde 2013 hasta la fecha, tras la muerte del comandante Hugo Chávez y la llegada a la Presidencia de Nicolás Maduro por la vía electoral, la relación entre el Gobierno y los medios de prensa inclinados a la derecha podría catalogarse de complicada.
La Revolución bolivariana, sus principales líderes y el pueblo venezolano en sentido general han sido objeto de una agresiva campaña de desprestigio denunciada en múltiples ocasiones por las autoridades, mientras las empresas mediáticas contrarias al Gobierno alegan la inexistencia de libertad de expresión.
El investigador francés radicado en Venezuela Romain Migus afirma que varias operaciones sicológicas ya fueron puestas en práctica contra el proceso revolucionario desde la llegada de Chávez al poder.
“La última tuvo como objetivo lograr la aceptación en la opinión pública internacional de un cambio de régimen por la fuerza tras la elección de una Asamblea Constituyente, el 30 de julio de 2017”, estima.
“Ante la increíble movilización de los electores venezolanos a favor del proyecto de nueva constitución, este objetivo debió abortarse. Pero ha causado grandes perjuicios, y la propaganda desplegada en ese momento consiguió hacer admitir como verídicas toda una serie de matrices de opinión falsas”.
Así las cosas, la campaña de descrédito se acrecentó en vísperas de los comicios presidenciales del 20 de mayo, en busca de deslegitimar el sistema electoral venezolano y desconocer los resultados emanados de las urnas, sumado esto a la estrategia establecida de transmitir la idea de un Estado fallido gobernado por una narcodictadura.
Un ejemplo: recientemente fuentes judiciales informaron que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ganó una demanda por difamación interpuesta contra el diario El Nacional.
El dirigente socialista reclamó al citado medio de comunicación en agosto de 2015 por hacerse eco de un reportaje publicado por el diario español ABC, en el cual se presentó al dirigente socialista como un narcotraficante.
En el escenario actual el ejercicio del periodismo en Venezuela constituye un problema complejo, más cuando este país enfrenta los rigores de los que muchos analistas califican de “guerra total”.
Frente a la agresión mediática, a las llamadas “fake news”, a la manipulación y las mentiras que de tanto repetirse parecen verdades, hay un periodismo comprometido que defiende las conquistas populares y que sufre, y además padece las mismas necesidades que tiene el otro bando.
A esto súmesele la difícil situación que enfrentan los periódicos impresos venezolanos, tanto de izquierda como de derecha, ante la severa crisis de papel que no distingue de credo ni ideología.
En tal sentido, los problemas materiales que enfrentan los medios de comunicación, unido a supuestas violaciones de los derechos de libertad de expresión, constituye otra punta de lanza en los ataques mediáticos contra el gobierno de Venezuela.
Al cierre de 2017 en su balance anual, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaba que durante ese año 69 medios cesaron labores en medio de lo que catalogaron como una escalada de agresiones contra periodistas.
El listado incluía 46 cadenas de radio, tres cadenas de televisión y una veintena de periódicos impresos, precisó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su balance anual.
A su vez, el SNTP registró 498 supuestas agresiones y 66 detenciones contra periodistas en dicho período, y atribuyó al gobierno la “intención” de “silenciar el descontento por la cada vez más crítica situación económica y social”, con hiperinflación y escasez aguda de alimentos y medicinas.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo “un llamado urgente” en 2017 a restablecer las transmisiones de las emisoras de radio y TV “retiradas del aire”, y calificó las medidas como un “castigo” contra “una línea editorial crítica”, según un artículo publicado en el portal opositor Runrunes.
“El cierre de medios audiovisuales tiene como causa el vencimiento de sus concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, que la prensa denuncia que se conceden discrecionalmente”.
“Los periódicos, en tanto, sufren la escasez de papel, cuya importación y distribución están monopolizadas por una corporación gubernamental”, indicó la organización gremial.
“Unos 20 diarios se vieron obligados a suspender sus tiradas permanente o temporalmente y, de acuerdo con el SNTP, todos los periódicos que quedan han debido limitar su paginación y circulación”.
A su vez, según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), una ONG surgida aquí, durante agosto de 2013 y febrero de 2018 dejaron de circular 35 diarios en todo el territorio, aunque no especifica las causas, ni tan siquiera habla de que puede ser resultado de la agresión económica.
Los medios que dejaron de circular lo hicieron debido a las dificultades a acceder al papel periódico para su producción. “De esta cifra, 18 medios han dejado de circular de manera definitiva y los otros 17 han suspendido sus operaciones por lapsos”, indicaron directivos de IPYS.
Esa misma organización plantea que “hay una inseguridad jurídica con el sector radioeléctrico puesto que el gobierno le impide a las emisoras de radio y canales de televisión renovar las licencias a menos de que cambien sus líneas editoriales”, aunque no presenta pruebas. Hay que aceptar eso como una verdad absoluta.
Claro que las críticas a Nicolás Maduro y su tren ejecutivo van dirigidas a recalcar la incapacidad para salir de la crisis, y retratarlo como un gobierno dictatorial y fracasado, pero obvian las consecuencias de las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas a la nación sudamericana desde 2017 por la administración estadounidense de Donald Trump.
Ante las supuestas limitaciones a la “libertad de expresión”, habría que leerse una página de El Nacional, El Universal o el semanario La Razón para apreciar hasta qué punto llega la censura de los medios considerados por algunos de derecha. Ninguno está cerrado y su contenido es nada afín al gobierno. Abundan las calumnias, las fake news y los insultos.
Igual ocurre con las televisoras Venevisión, Televen, Globovisión, por citar tres ejemplos, o las decenas de emisoras de radio que transmiten en el país propaganda nada favorable al gobierno.
Asimismo, si se mira el ejercicio del periodismo como un peligro para los colegas que lo ejercen, en Venezuela no existen pruebas ni reportes de periodistas muertos o desaparecidos, en contraste con los 65 profesionales del sector fallecidos en el mundo durante 2017 en el ejercicio de su labor, según un informe de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras.
El analistas y periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, el de mayor circulación en el país, aborda el tema de la censura en Venezuela.
“Por censura se entiende la acción que ejercen funcionarios del gobierno para suprimir informaciones y opiniones en los medios de comunicación. En la dictadura de Pérez Jiménez operó una oficina permanente responsable de esas funciones. Desde 1958 han sido circunstanciales”, señaló.
La hubo con (Rómulo) Betancourt en noviembre de 1960. Se recuerda, y se olvida, la que el gobierno de (Carlos Andrés) Pérez impuso en 1992, para lo cual utilizó personajes como Pedro Pablo Alcántara, que hizo de censor en algunos diarios, precisó.
La Constitución prohíbe expresamente, incluso en situaciones de emergencia, suspender la garantía de informar y opinar, subraya este decano del periodismo venezolano.
Difícil encontrar otra Constitución en el mundo con una disposición como ésa. Cabría invitar a la SIP y a todos quienes hablan de atentados a la libertad de prensa en Venezuela, que muestren una sola noticia que no se haya difundido como efecto de la acción gubernamental desde 1999, subrayó.
