El 7 de diciembre de 2022 la vida de Pedro Castillo cambió para siempre.
Ese día, visiblemente nervioso, el entonces presidente de Perú anunció en un mensaje televisado al país la disolución del Congreso y la creación de un “gobierno de excepción“.
Poco rato después fue detenido por miembros de su propia escolta cuando, según el relato de la Fiscalía, se dirigía a refugiarse a la Embajada de México. Ni el Ejército ni la Policía de Perú habían secundado su llamamiento.
Esa misma tarde dejó de ser Presidente por decisión del mismo Congreso que había tratado de disolver, que declaró su incapacidad moral permanente por “violentar el orden establecido por la Constitución Política”.
Desde entonces han pasado muchas cosas. Castillo está preso en el penal de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, una cárcel especial construida para albergar expresidentes encarcelados en la que los únicos presos son él y Alberto Fujimori.
Se le acusa en dos causas: rebelión y conspiración por su papel en los hechos del 7 de diciembre, y pertenencia a organización criminal, por su presunta participación como líder en una trama de corrupción en el seno de su gobierno.
Sobre él pesan dos medidas de prisión preventiva, una por 18 meses y la otra por 36 meses.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, es ahora la presidenta y una de sus mayores detractoras. Su mujer, Lilia Paredes, se marchó con sus dos hijos como asilada a México y así esquivó las investigaciones de la Fiscalía.
Y Perú ha vivido tras su caída y encarcelamiento una ola de protestas que ha dejado 67 muertos, según las denuncias de los familiares e investigaciones periodísticas, casi todos provocados por el uso indiscriminado de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque en las primeras protestas que se produjeron tras su caída, su liberación o incluso restitución en el poder estuvieron en boca de muchos manifestantes, la figura del expresidente ha ido perdiendo protagonismo y la conflictividad social amainando, al menos por el momento.
A punto de cumplirse cuatro meses de su encarcelamiento, ¿cómo está Pedro Castillo?
La celda de Castillo
El expresidente está solo en una celda de aproximadamente 6 metros cuadrados. Son dos pequeños ambientes en forma de L. En uno está la cama en la que duerme. En el otro, salita en la que tiene una mesilla en la que puede leer y comer.
La celda, de paredes color plomo, no tiene ventanas al exterior, pero sí un pequeño cuarto de baño y acceso a un patio, de unos cinco metros cuadrados, en el que puede recibir luz solar y donde ha tratado de cultivar papa y maíz, como hizo toda la vida en su chacra de su Chota natal antes de lanzarse a la política y a la vorágine de Lima.
Se levanta temprano y pasa el día dedicado a la leer los libros y diarios que recibe de sus visitas, e intentar que el patio de la celda se parezca lo más posible a un huerto.
Últimamente ha leído una biografía de Nelson Mandela y, como ha empezado a interesarse por el Derecho, un libro titulado “El derecho penal del enemigo”, de Raúl Zaffaroni, el jurista que lidera su equipo de abogados.
Quienes lo han visto en la cárcel dicen que está mal.
Indira Rodríguez, una de sus abogadas, le dijo a BBC Mundo que “ha perdido mucho peso”. Cuenta que “piensa que lo pueden envenenar, así que no quiere comer lo que le sirven en la prisión”.
Hasta ahora se ha venido alimentando de la comida que le llevan los familiares que lo visitan, que puede cocinar en una hornilla que tiene en su celda.
El presidente puede recibir visitas en su celda los jueves y sábados, un máximo de cinco que solo pueden entrar de una en una y quedarse no más de hora y media.
Quienes lo visitan con más frecuencia son sus hermanas y Yenifer Paredes, la hermana menor de su mujer, a la que el matrimonio crio como una hija y, que permanece en Perú defendiéndose de los procesos en los que se la acusa de beneficiar a allegados con contratos públicos durante la presidencia de Castillo.
Ni Aníbal Torres, ni Guido Bellido ni otros dirigentes que le acompañaron en su accidentado período en el gobierno se dejan ver por el penal más famoso de Perú.
Rodríguez señala que “ha sido sorprendente que lo han dejado solo”.
La abogada cuenta que al principio sí recibió las visitas de dirigentes políticos, pero ya no, y solo ocasionalmente van algunos amigos ronderos, integrantes de las rondas campesinas que imponen el orden en algunas zonas del Perú rural y de las que Castillo formó parte.
Su familia
Pero a quién más extraña Castillo no es a ninguno de ellos, sino a su mujer y sus hijos.
Castillo no tiene acceso a comunicaciones telefónicas desde que fue sancionado por el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) después de que el medio español El Salto publicará una entrevista con él que no había sido autorizada.
Respondió a las preguntas a través de un escrito que entregó a sus abogados ya que no está permitido el acceso de periodistas a la cárcel, pero eso no le libró de la sanción.
Rodríguez indica que “el paso del tiempo y, sobre todo, no poder hablar con su mujer y sus hijos ha hecho que su salud mental toque fondo, y ha empezado a sufrir ataques de pánico y pesadillas”
Su amigo Franco Pomalaya, que también lo ha visitado en prisión, contó que “no tener contacto con su mujer e hijos lo está haciendo desesperar”.
Por eso su familia y sus abogados reclaman que se le permita hacer llamadas telefónicas y que pueda ser evaluado por un psicólogo de su elección.
Y denuncian que Fujimori tiene un teléfono que funciona con monedas siempre a su disposición y pasa largos ratos en el patio principal con grupos de familiares y amigos, mientras que Castillo no puede salir de su celda y solo recibe visitas individuales.
Wilfredo Robles, que también formó parte de su equipo de defensa legal, afirma que todos los presos de Perú tienen derecho a llamadas telefónicas, menos Pedro Castillo, lo que, a su juicio, demuestra que está siendo víctima de “una venganza política” y “un sistema carcelario diseñado para minar psicológicamente a las personas”.
BBC Mundo solicitó información sobre las condiciones del cautiverio de Castillo al INPE, pero no obtuvo respuesta.
La presidenta Boluarte declaró en enero que “aquí no hay ninguna víctima señor Castillo, aquí lo que hay un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad” y acusó al expresidente de dar un “golpe de estado fallido”.
A pocos metros de Fujimori
La celda de Castillo está a pocos metros de la de Fujimori.
Solo una estancia donde trabajan funcionarios del INPE los separa.
Pero los dos exmandatarios no se cruzan nunca porque Castillo no puede salir de su celda.
Quienes le visitan dicen que tiene una relación correcta con sus carceleros.
Las condiciones de su cautiverio empeoraron tras la publicación de la entrevista no autorizada. Los funcionarios de la prisión le retiraron la pequeña televisión con la que se mantenía conectado con el mundo y su reloj.
Solo recientemente se le ha devuelto el televisor con el que se mantiene informado.
Una larga batalla judicial
A juzgar por los precedentes al expresidente le espera una larga batalla judicial.
Los peruanos ya solo pueden verle en sus comparecencias judiciales, en las que aparece con una barba rala que nunca mostró en libertad.
Castillo lanza mensajes a través de la cuenta de Twitter que maneja gente de su confianza. También se hace oír en las cartas que envía a los líderes latinoamericanos que le han mostrado su apoyo, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el colombiano Gustavo Petro.
En ellas, como en las conversaciones con quienes lo visitan, Castillo insiste en que su intento de disolver el Congreso era lo que le reclamaba “el pueblo” y la única solución posible ante un legislativo que, según su versión, no le dejaba gobernar.
Casi todos los presidentes de Perú de las últimas décadas han acabado en la cárcel o en problemas con la Justicia.
La defensa de Castillo ha planteado una estrategia que pasa por llevar su caso a la esfera internacional, ya que sus abogados aprecian que los tribunales en Perú no son imparciales.
Uno de los argumentos que esgrime es que Castillo se limitó a lanzar una proclama que no puede considerarse un golpe de Estado y que su destitución parlamentaria no cumplió con los requisitos legales.
También señalan al largo periodo que de acuerdo con las leyes peruanas un reo puede pasar en prisión preventiva sin haber sido condenado.
El equipo de abogados de Castillo ha llevado su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y planea plantearlo en la Corte IDH, pero para eso hace falta que haya una sentencia previa en Perú y por ahora el proceso parece lejos de eso.
La batalla legal de Castillo se presenta larga dentro y fuera de Perú. De momento, su objetivo inmediato es un teléfono con el que llamar a su mujer.
