Francisco, un contador, sorbe su café en un bar mientras explica porque se mudaría a Punta del Este, el centro turístico marítimo más famoso de Uruguay desde su Argentina natal. “No puedo quedarme mirando mientras mi gobierno vacía mí fondo de pensión en los próximos años con impuestos desquiciados”. Arturo, dueño de una empresa de la provincia de Buenos Aires, se suma a la conversación. “Yo ya me mudé y mi familia vendrá cuando termine el año escolar”. Los peronistas que recuperaron el poder en la Argentina el año pasado, habían recomenzado “la lucha de clases”.
Este intercambio en la calle Gorlero, la principal vía comercial de Punta del Este, sugiere que la campaña para atraer nuevos residentes a Uruguay, lanzada por el presidente conservador del país, Luis Lacalle Pou, comienza a dar resultados. El 11 de junio, tres meses después de haber asumido el cargo, emitió un decreto por el que se facilita el asentamiento de extranjeros en el país.
Redujo el valor de la propiedad que una persona debe comprar para obtener la residencia de US$1,7 millones a US$380.000. Para propietarios de empresas, la inversión mínima ha sido reducida de US$5,5 millones a US$1,7 millones. Una exención de impuestos para ambos tipos de inmigrantes se ha extendido de cinco a 10 años. Los extranjeros ya no tienen que pasar seis meses de cada año en Uruguay para obtener la residencia. Desde el 1 de julio la estadía mínima es de 60 días. La legislatura aprobó los cambios en agosto.
Por tentadora que sea esa exención de impuestos, el manejo competente por Uruguay de la pandemia de Covid-19 puede haberse convertido en un atractivo aún mayor. Tiene la mayor tasa de testeos y la menor de muertes en América Latina. En la Argentina los casos registrados y las muertes están en pleno ascenso. “Seguro que me preocupan los impuestos”, dijo un magnate de la tecnología en el ferry de Buenos Aires a Montevideo, la capital de Uruguay. “Pero es el temor lo que me lleva a mudarme. Temo por mi salud y la de mi familia”.
La pandemia ha causado una “estampida”, dice un agente inmobiliario en Punta del Este. Las averiguaciones de argentinos se han multiplicado por seis desde el año pasado, dice. “Esto parece el comienzo de una mini guerra a través del Río de la Plata”.
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Con 3,5 millones de personas en un territorio aproximadamente equivalente al de Inglaterra, Uruguay “necesita más gente” dice Lacalle Pou. Su tasa de fertilidad de menos de dos niños por mujer se cuenta entre las más bajas de América Latina. La proporción de personas mayores de 60 años se cuenta entre las más elevadas. Los inmigrantes que compren propiedades podrían dar un impulso a la economía alentando la construcción. A la larga ayudarían a financiar el Estado de bienestar, uno de los más generosos de la región.
Lacalle Pou dice que quiere gente “de todas partes del mundo” pero su principal centro de reclutamiento es la Argentina, cuya población es 13 veces mayor que la de Uruguay. Sus asesores dicen que esperan que 100.000 argentinos se relocalicen. Para conciliar la inmigración con la salud pública, Uruguay exige que los recién llegados hagan cuarentena. En julio, Lacalle Pou dio una serie de entrevistas a diarios y canales de televisión en la Argentina para hablar de los encantos de su país.
El nuevo gobierno de la Argentina le está complicando la vida a los ricos. En diciembre de 2019 impuso un impuesto anual de hasta 2,25% de los activos que los ciudadanos y residentes tengan en cualquier lugar del mundo. El Congreso está contemplando un impuesto adicional a fortunas de más de $200 millones (alrededor de US$3 millones). Esos recursos estarán más seguros al otro lado de la frontera. Uruguay no es un paraíso impositivo, insiste Lacalle Pou: no permite a sus residentes ocultar sus ingresos. Pero no grava los ingresos o tenencias fuera del país.
El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, está tratando de reducir el éxodo. Respondió al decreto de Lacalle Pou con uno propio. Dice que los argentinos que se relocalicen por motivos impositivos deben vivir en su nuevo lugar de residencia al menos seis meses al año. Y se les permitirá permanecer en la Argentina sólo 90 días al año.
Pese a esas restricciones unos 20.000 argentinos han presentado solicitudes para mudarse al otro lado del Río de la Plata este año. Enrique Antia, un ex alcalde de la región de Maldonado, que incluye Punta del Este, predice que la población del centro turístico llegará al doble de las 15,000 personas que habitan allí hoy. Uruguay será pequeño, pero en una mini guerra eso no es una desventaja.
