Una de las palabras que más se repiten en la contienda para elegir al nuevo presidente de México es corrupción.
Pero no es sólo una estrategia de campaña o tema en los debates.
En los últimos años el término resulta familiar a millones de mexicanos que han atestiguado decenas de denuncias y escándalos por desvío de recursos públicos.
También por contratos de servicios gubernamentales asignados a empresas “fantasma”, y hasta accidentes mortales por obras públicas mal realizadas.
La sombra de la corrupción marca la campaña presidencial, dicen especialistas como Eduardo Huchim, exconsejero electoral en la capital del país.
Pero también es uno de los rasgos que acompañaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, advierte.
“No hay semana en que no se revele, desde hace unos cuatro años, algún caso de corrupción, unos más graves que otros”, dice a BBC Mundo.
“Denotan que este gobierno está inmerso en una corrupción asfixiante que hace que la pobreza no se combata de manera efectiva, o no haya recursos para hospitales. Carencias que tiene insatisfecha a la población”.
Algunos de los escándalos recientes son por mal uso o extravío de presupuesto para programas sociales, como alimentación de ancianos o niños pobres.
Pero también hay otros de corte internacional, como los vinculados a la empresa brasileña Odebrecht, o que afectaron directamente la imagen del presidente Peña Nieto, como la mansión llamada Casa Blanca.
Temas que marcan la contienda electoral, pero va más allá: según especialistas son una muestra de cuán extendido está el problema en México.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en 2017 el costo de la corrupción en gobiernos locales fue de 7.218 millones de pesos, unos US$400 millones.
BBC Mundo te presenta tres de los mayores escándalos de los últimos años.
1. La huella de Odebrecht
En enero de 2016 la Secretaría de Economía estableció aranceles para la importación de polietilenos, un derivado del gas etileno.
Nada tendría de particular la medida si no fuera porque, entre los principales beneficiados con el impuesto, se encontraba una empresa vinculada a la corporación Odebrecht.
La historia se conoció apenas el 30 de mayo pasado, cuando la publicó un grupo de medios vinculados con la plataforma de filtraciones Mexicoleaks.
Hasta ahora no hay respuesta oficial, pero el caso muestra que el impacto del caso Odebrecht en México sigue vigente.
Funcionarios del gobierno, especialmente de Petróleos Mexicanos, han sido señalados de recibir sobornos del corporativo brasileño para obtener contratos.
El monto que se conoce es de US$10,5 millones. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles la empresa recibió contratos por decenas de millones más.
A diferencia de otros países, como Brasil o Perú donde se aplicaron sanciones a altos funcionarios, en México no existe ningún procesado.
En Perú, por ejemplo, renunció el presidente Pedro Pablo Kucynski por el escándalo.
En México la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) mantiene una investigación, pero el caso no se ha presentado ante un juez.
El tema aparece con frecuencia en la campaña electoral. El candidato oficialista José Antonio Meade Kuribreña fue secretario de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y de Hacienda en el gobierno del presidente Peña.
Con esas responsabilidades, acusan sus adversarios, Meade debió por lo menos enterarse del caso.
El candidato ha pedido que la PGR “deslinde responsabilidades en el 100% de los casos” para aplicar los castigos necesarios.
2. Veracruz y la abundancia
En 2012 el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto dijo que algunos gobernadores, jóvenes y recientemente electos, eran un ejemplo de la nueva clase política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde milita.
Uno de los elogiados fue Javier Duarte, de Veracruz, quien seis años después está encarcelado acusado de corrupción.
Duarte, acusa el gobierno estatal, construyó una red de empresas fantasma para desviar recursos públicos.
La mayor parte del presupuesto afectado fue para programas de salud, damnificados por desastres naturales o atención a niños y ancianos pobres.
El exgobernador fue detenido en abril de 2017, pero el escándalo revivió este 29 de mayo cuando el gobernador de ese estado, Miguel Ángel Yunes, reveló que la esposa de su antecesor, Karime Macías, tiene “una vida de lujo” en Londres.
Macías fue presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el organismo público responsable de atender a niños en situación vulnerable.
El gobierno de Veracruz acusa a la esposa del exgobernador de desviar 112 millones de pesos (unos US$ 5,6 millones). De hecho solicitó a la PGR una orden de captura internacional en su contra.
Éste caso es uno de los escándalos de gobiernos locales, que en los últimos años enfrentan serios problemas de corrupción.
Además de Veracruz organizaciones civiles y periodistas han documentado desvíos en Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Chihuahua, por ejemplo.
Además existen denuncias de exgobernadores vinculados a carteles de narcotráfico, como sucede con Tomás Yarrington y Enrique Hernández Flores, ambos de Tamaulipas.
Muchos de estos casos no se investigan señala Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, organización civil que revisa el gasto público.
“Todavía no se sabe a dónde se fue el dinero”, le dice a BBC Mundo.
En algunos casos “creemos que se pasó a empresas fantasmas pero después no sabemos a dónde fue, ese dinero está en algún lado”.
3. La “Casa Blanca”
Uno de los casos que más afectó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto fue la compra de una mansión valuada en US$7 millones, por parte de su esposa Angélica Rivera.
El escándalo fue por el origen de la casa, en un exclusivo barrio residencial de Ciudad de México.
La mansión fue vendida por el Grupo Higa, que recibió contratos de obras públicas en los tiempos que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.
Un beneficio que mantuvo cuando el político fue elegido presidente del país.
Organizaciones civiles acusaron un eventual conflicto de interés, pero una controvertida investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no hubo irregularidades en la operación.
El caso, conocido como “La Casa Blanca”, ocurrió en noviembre de 2014 pero su efecto aún se mantiene. De hecho es uno de los temas en la actual contienda presidencial.
La polémica cerró un año particularmente difícil para el gobierno mexicano. Un período que había empezado bien pero luego se complicó.
En febrero de 2014, por ejemplo, la revista estadounidense Time publicó en su portada una fotografía del mandatario con el titular “Saving Mexico”, Salvando a México.
Se refería a la aprobación de una serie de reformas estructurales, en energía, telecomunicaciones y educación, algo que se había intentado por décadas pero sin éxito.
El escenario empezó a cambiar en septiembre de ese año, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Y luego apareció “La Casa Blanca”. De acuerdo con especialistas en opinión pública como Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, después del escándalo el presidente Peña no pudo recuperar la imagen positiva que gozaba.
La medición más reciente de la aprobación presidencial, publicada el 30 de mayo por el diario Reforma, señala que sólo 20% de los mexicanos aprueba el trabajo de Peña Nieto.
El menor nivel de respaldo que ha tenido un presidente mexicano en varias décadas.