El pasado 23 de marzo, la activista cubana Aniette González fue detenida tras publicar y compartir en redes sociales fotografías de ella vestida y arropada con la bandera de su país. La Fiscalía de la Nación le pide “cuatro años de prisión por ultraje a los símbolos patrios”. Su caso recuerda la sentencia contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, condenado el 31 de marzo 2022 a 5 años de privación de libertad como autor de los delitos de “ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos”. El artista llevó adelante en 2019 llevó el performance “Drapeau o 24h del mes de agosto la bandera como mi segunda piel”, que consistía en llevar la bandera cubana sobre el cuerpo durante un mes e invitar a otros a sumarse al reto viral #labanderaesdetodos a través de las redes sociales.
También en Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo se ha apropiado de los símbolos patrios e inclusive ha avanzado sobre patrimonio cultural intangible de los nicaragüenses. Luego de las protestas de abril 2018, el régimen criminalizó de facto la portación de la bandera nacional y sus colores azul cobalto y blanco, cuyo uso había anteriormente despreciado a favor de la bandera rojinegra del Frente sandinista. Según el testimonio de activistas y opositores, las autoridades policiales, sin ningún tipo de amparo o legalidad, detenían a quiénes llevaban o izaban la bandera nicaragüense, así como a quienes portaban cualquier tipo de distintivos, incluidos globos, con los colores patrios.
Tres años después, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1066 que declara patrimonio cultural de la Nación la bandera, el sello, los documentos escritos, audiovisuales, canciones e himno del ejército sandinista, pasando por alto que, en muchos casos, se trata de creaciones de autores que hoy se oponen al gobierno y a la interpretación que hace del sandinismo, y por ello han sido forzados al exilio. Ortega en Nicaragua y Díaz Canel en Cuba deberían recordar que el patrimonio cultural y los estandartes nacionales no son propiedad de un gobierno, sino que pertenece a las sociedades.
El estudio sobre el nacionalismo de Benedict Anderson permite iluminar el accionar de ambas dictaduras. En su teorización, el historiador define la nación como una “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” y agrega que “es una comunidad porque se concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal”. A la luz de estas reflexiones, es posible entender que la apropiación de los símbolos patrios y del patrimonio cultural es una reacción a la construcción de otros proyectos de comunidad. Los gobiernos autoritarios de Ortega y Diaz Canel han perdido la capacidad de imaginar un país, una sociedad, una comunidad en manos de la sociedad civil.
De hecho, hoy en día, son los activistas, los opositores, las redes formadas por las diásporas y los nicaragüenses y cubanos que defienden los derechos humanos en sus países quienes tienen la capacidad de imaginar proyectos inclusivos y democráticos y de crear el sentido de comunidad que requiere la construcción de una nación. Ahora toca conquistar para sí el estado soberano.
