a descolonización de la actual República de Mauricio, completada en 1968 por Reino Unido, enfrenta a ambos países ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). El país insular está situado en el océano Índico, próximo a Madagascar, y el Gobierno de Londres separó en 1965 el archipiélago de Chagos, un grupo de siete atolones, para crear allí un territorio británico. Una vez expulsados sus cerca de 2.000 habitantes, en 1966 alquiló la mayor isla, Diego García, a Estados Unidos, para la construcción de una base militar, en funcionamiento desde 1973. El contrato expiró en 2016, y se ha prolongado hasta 2036. Mauricio dice que fue obligada a ceder a cambio de la independencia. Londres considera suyo el lugar, y por eso la ONU ha solicitado a sus jueces un dictamen consultivo sobre la legalidad del proceso descolonizador. No es vinculante, pero puede mostrar el coste humano de la era colonial, y repercutir en la titularidad de Diego García, plaza estratégica desde la guerra fría.
Las islas Chagos —situadas unos 2.000 kilómetros al sur de India— son un territorio británico de ultramar, como las Malvinas, y los jueces de Naciones Unidas escucharon las alegaciones de 22 países, desde Argentina a Sudáfrica, y de Israel, Estados Unidos, Tailandia o India, a la Unión Africana, a principios de septiembre. “Se discute aquí el control de los recursos y la soberanía de Mauricio sobre su territorio original, y también sobre una base militar de importancia indiscutible, como Diego García”, asegura Geoff Gordon, investigador jefe en el Instituto holandés Asser, de derecho Internacional y europeo. En su opinión, “Reino Unido pierde prestigio y fuerza, porque no quería llegar a este tribunal, capaz de revisar el legado colonial y sus fundamentos económicos y estratégicos”.
La postura británica es especialmente incómoda, porque el litigio sobre las islas Chagos —que suman una superficie menor a la de Formentera o San Marino—, que había encallado en varias cortes europeas, cobró nuevo impulso en 2017. El 22 de junio de ese año, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que ordenaba derivar el caso al TIJ. La votación se saldó con 94 votos a favor, 15 en contra y 65 abstenciones. Entre estas últimas, las de Francia, Alemania o España, socios de Reino Unido en la UE. Matthew Rycroft, el representante británico, no logró convencer a la Asamblea de que se trataba de “un asunto bilateral, y mi país está dispuesto a devolver las islas Chagos a Mauricio cuando no sean necesarias para la defensa”, según dijo. En los próximos meses, además de decidir si la separación de las Chagos fue legal, los jueces de la ONU se pronunciarán sobre el posible el regreso de sus habitantes originarios. Un viaje impedido por Reino Unido.
En 1965, y después de pagar a Mauricio 3 millones de libras (que equivalen hoy a 41,6 millones de euros) por el archipiélago, el Gobierno de Londres creó el denominado Territorio Británico en el océano Índico y despobló las Chagos. Poco a poco, a base de no permitir el regreso de los que viajaban a Mauricio a ver a sus familias, o impidiendo la vuelta de quienes precisaban atención médica fuera. Unos grupos fueron llevados a Seychelles, y otros acabaron en ciudades británicas. “Se vulneró una resolución de 1960, de la propia ONU, que prohibía desmembrar territorios coloniales antes de su independencia”, según Anerood Jugnauth, que fue presidente y primer ministro de Mauricio. Él es uno de los pocos miembros vivos de la generación de la descolonización, y participó en las negociaciones de 1965. “Hubo reuniones secretas celebradas bajo coacción. Se nos dio a elegir entre la independencia o la partición de Chagos, porque querían establecer la base militar de Diego García”, ha añadido. En 1973 se finalizó la despoblación de Chagos.
“El dictamen de los jueces no será vinculante, pero es obvio que el poder político y financiero de la metrópoli durante la descolonización era muy superior al de la colonia. El desequilibrio es total, cuando la única soberana entonces era la fuerza colonial. De modo que este caso puede reforzar la voz del movimiento anticolonial en un momento histórico como el que vivimos, propicio a ello”, sigue Geoff Gordon. “Incluso si no es de obligado cumplimiento, el peso moral, diplomático y de fuerza del derecho internacional de un dictamen de esta clase es enorme”.
El drama humano de las deportaciones fue subrayado durante las sesiones por Paul Reichler, abogado de Mauricio. La población expulsada de sus islas entre 1968 y 1973 no siempre logró salir adelante. “Muchos de ellos [hay entre 3.000 y 4.000, entre deportados originales y sus descendientes] son mayores y están enfermos”, aseguró. “Parecíamos animales y esclavos en aquel barco; la gente se moría de pena”, explicó Liseby Elysé, una de las desterradas hace cinco décadas. Robert Buckland, el letrado de la parte británica admitió que el desalojo “fue vergonzoso e incorrecto”, pero insistió en que las islas Chagos son británicas. Aparte de una inversión de 40 millones de euros para mejorar su situación, el actual Gobierno de Theresa May propone permitir una serie de visitas cortas para grupos reducidos de antiguos pobladores. Se denominan “de patrimonio cultural”.
