El Partido de los Trabajadores (PT) se enfrenta a la denuncia más ambiciosa que haya visto en estos últimos y turbulentos años. Un juez de Brasilia ha imputado a buena parte de su cúpula política, incluyendo a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, acusada de ser el centro de todas las corruptelas de la petrolera Petrobras. El PT queda, así, en la denuncia, como principal autor del mayor esquema de desvío y lavado de fondos públicos en la historia reciente de Brasil, el caso Petrobras. Y con tan amplia acusación como base, la denuncia calcula que los imputados recibieron un total de 1.500 millones de reales (342 millones de euros) en sobornos.
El caso Petrobras se investiga desde hace cuatro años y ha provocado encarcelamientos en todos los partidos políticos veteranos de Brasil, ninguno tan sonado como el de Lula da Silva el pasado abril. Sobre el expresidente pesan además otros cinco procesos que todavía aguardan sentencia, algunos dentro del caso Petrobras. Esta denuncia sería el sexto proceso, pero uno inusual en tanto que Lula no es el absoluto protagonista. Está también su sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, junto con los principales barones del partido: Antonio Palocci, que fue ministro de Hacienda con Lula (y que, al igual que el expresidente, ya está preso por otras sentencia) y otro ministro de Hacienda, Guido Mantega. También están Paulo Bernardes y Edinho Silva, ambos exministros de Comunicación de gobiernos del PT, y João Vaccari Neto, extesorero del partido.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2017 por la Fiscalía General y estuvo parada hasta que el Supremo decidió, a principios de mes, que debería quedarse con el juez Vallisney de Souza. El PT es ahora un blanco muy distinto del que era entonces. La derrota en las presidenciales del mes pasado, su peor resultado en más de 15 años, ha conllevado la pérdida de buena parte de los feudos que lo convirtieron en uno de los partidos más influyentes de toda América Latina. Y todavía está por ver el verdadero alcance de estos malos tiempos. El ultraderechista Jair Bolsonaro, quien asumirá la presidencia a partir del 1 de enero, ha extendido su nada oculto odio por el PT al gobierno que está montando (especialmente en Justicia, donde tiene al juez Sérgio Moro, a cargo del ministerio y de la Policía Federal: Moro es quien ayudó al encarcelamiento de Lula).
El PT ha publicado un comunicado asegurando que esta acusación forma parte de “la persecución judicial iniciada contra el expresidente en 2016”. En otro, Rousseff protesta porque ‘jampas fue interrogada por las autoridades policiales o judiciales sobre las acusaciones que le son hechas” y sostiene que la decisión del juez se basa en “en una clara tentativa de criminalizar al PT”.
