El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, anunció la noche del lunes que entregará este martes su renuncia a la junta de fiscales supremos -la instancia del Ministerio Público que lo eligió- que el pasado viernes le había pedido dimitir para acabar con cinco meses de inestabilidad y crisis en la institución. El magistrado perjudicó, entre otras, las pesquisas por corrupción y lavado de activos a cuatro expresidentes y una excandidata presidencial ligados a las actividades de la constructora brasileña Odebrecht.
Chávarry retiró la noche del 31 de diciembre a los dos fiscales clave del equipo especial Lava Jato, el nombre con el que se conoce la operación contra la corrupción de Odebrecht en Brasil. Uno de los magistrados a quien apartó, José Domingo Pérez, es el responsable de investigar a los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori. La medida desató protestas ciudadanas en una docena de regiones del país en la Nochevieja y el mismo 1 de enero.
El 2 de enero, en una acción sui generis, el coordinador del equipo Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, y Pérez apelaron ante la junta de fiscales supremos la decisión del fiscal general, dada la falta de razones para apartarlos del grupo. Al mismo tiempo, el presidente, Martín Vizcarra, entregó con sus propias manos al Congreso un proyecto de ley para disolver la junta de fiscales supremos que integra Chávarry y nombrar otra con los fiscales supremos adjuntos que elegirían un jefe provisional del Ministerio Público.
