SANTO DOMINGO.-Según el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, exmano derecha de Jean Alain Rodríguez, la acusación formulada por el Ministerio Público tiene sustento y recoge lo ocurrido en la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020 y que ha dado origen a lo que se ha denominado “Caso Medusa”.
La declaración de Canó confirmó la sustracción de los fondos públicos destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país.
En un lapso de cuatro años fueron malversardos más de dos mil millones de pesos en pagos a proveedores de alimentos para los recintos penitenciarios en sus dos modalidades, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, según la acusación del Ministerio Público.
“Con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, también probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales”, indica la acusación.
Por igual, indica que fue probado que las empresas que intervinieron en los movimientos de tierra y el equipamiento de las cárceles fueron seleccionadas por Rodríguez.
El testimonio de Canó Sacco corroboró el pago del 20 % en que incurrían las empresas adjudicadas fruto de las licitaciones manipuladas, habiendo a la vez manejo irregular en la adquisición de equipos mediante operaciones de triangulación coordinadas por el propio Jean Alain.
Las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones eran violentadas así como de comparación de precios.
Equipo de vigilancia
El testimonio de Canó Sacco contribuyó además a que el Ministerio Público probara que, bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales, en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, Rodríguez ordenó con fondos de PGR, la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestárselos al entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Otra de las cosas probadas fue la destrucción masiva de información almacenada en la base de datos de la institución y sus archivos físicos.
Si bien las acusaciones que se le imputan a Jean Alain parecen salir de una casa de terror, la validación que hace Canó Sacco de las mismas, contribuirían a despejar dudas en el sentir general de la sociedad.
Trabajo político
Canó Sacco validó además la participación de los acusados en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría General de la República como su trampolín público.
Según el testigo, Jean Alain formó su estructura política desde el momento en que ocupaba la dirección del CEI-RD, traspasándola luego a la Procuraduría General de la República, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la institución.
El Ministerio Público probó además, con la ayuda del testigo, el uso dado por Jean Alain a las Fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, donde según dice en la acusación “impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución”.
Los trabajos de ese grupo eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional (departamento creado por Rodríguez) que operaba en el mismo edificio de la entidad persecutora.
Entramado
Canó Sacco también corroboró la versión del Ministerio Público sobre el desarrollo de un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos, y de exaltación de la imagen política del acusado Jean Alain Rodríguez, pagada con fondos de la institución.
“Probamos que, bajo la dirección de Rodríguez, la estructura comunicacional empezó a operar bajo el nombre de Campañas Sociales, y se hizo la contratación de unos asesores españoles, cuya estrategia consistía en capitalizar la imagen de Rodríguez, utilizando el tema de la violencia de género como influencia escénica”, dice la parte testimonial del expediente.
A dicha estructura, se agregó la asesoría directa del acusado Miguel José Moya, quien fue buscado para gestionar la crisis generada por el manejo dado al caso Odebretch y los ataques contra Rodríguez.
Así también se agregaron otros asesores, de nacionalidad mexicana, quienes dirigían parte de los detractores comunicacionales en entornos digitales, conocidos como “bots” y cuya tarea era la de confrontar y atacar cuentas que hacían referencia a Rodríguez.
Según el testimonio de Canó Sacco, el pago de los asesores mexicanos era por la suma de ciento veinticinco mil dólares mensuales, y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal, el mismo Rodríguez, sin dejar rastros. A ese equipo se le creó un espacio de trabajo luego.
Principalía
480 Cantidad de menciones
Que recibe Rafael Stefano Canó en la acusación formulada por el Ministerio Público.
Extinción de dominio a Jean Alain
Posibilidad. De ser aprobada la ley de Extinción de Dominio tal cual fue considerada por los legisladores, podrá ser implementada en la confiscación de los bienes del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, independientemente de los resultados del juicio, sea ya declarado culpable o inocente.
En los considerandos de la propuesta que reposa en el Senado de la República, se encasilla la protección que del Estado debe llegar al derecho de propiedad, está supeditada a que el bien sea generado de manera lícita.
En caso contrario y por un período de veinte años, dichos bienes serán objeto de juicios de extinción de dominio.
En caso de ser culpable y los tribunales acoger la petición del Ministerio Público, igualmente perdería los bienes que se ha podido determinar son de su propiedad, ya que es una de las peticiones de la acusación presentada en tribunales.
