Daniel Ortega y Nicolás Maduro parecen haber ido a la misma escuela, en la que aprendieron cómo erosionar las fuerzas de sus contrincantes. Ambos utilizan el arma del tiempo a su favor para disuadir, desgastar y desmoralizar los ánimos de la oposición. Y ambos utilizan el instrumento del diálogo, con falsas promesas, para entretener al contrincante y ganar tiempo. En Venezuela, parece que este ya se acabó para seguir dialogando, pero no así en Nicaragua, un país en crisis desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el pasado 18 de abril, hace ya casi un año, en las que murieron más de 300 personas y otras casi 800 fueron detenidas. Con una economía en recesión y la sombra de las sanciones sobre el régimen y las fuerzas de seguridad que ejercen la represión, la solución parece dilatarse.
Prueba de ello es la suspensión la semana pasada de la segunda ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Daniel Ortega y los de la oposición, a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -plataforma que reúne a representantes de diversos sectores de la sociedad civil-. Lo hizo tras haber firmado días antes unos acuerdos que incluían 18 puntos, según los cuales el Ejecutivo se comprometía a restablecer las garantías a los derechos ciudadanos -libertad de manifestación, de expresión, desarme de los paramilitares, libertad total a los presos políticos…- Unos acuerdos que fueron violados pocas horas después, cuando la policía orteguista reprimió una manifestación pacífica, deteniendo a más de un centenar de personas.
Quedaban tan solo unos días para que se cumpliese la fecha límite -prorrogada hasta el 3 de abril- de esta segunda ronda de diálogo, en la que no participó la Conferencia Episcopal nicaragüense y de la que se apearon los estudiantes, y quedaba todavía un tema por tratar: el adelanto de elecciones para que Ortega desaloje el poder antes de 2021. Una línea roja para la Alianza Cívica, que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, jefe negociador del Gobierno, aseguró durante unas declaraciones a un canal de televisión local «definitivamente» no se trataría en la mesa negociadora.
«Nada de lo que se ha firmado hasta hora tendría validez si no se acuerdan unas elecciones anticipadas. Cómo ese asesino [Daniel Ortega] va a estar tanto tiempo en el gobierno». El que habla es Roberto Dávila, un exiliado nicaragüense –que vive actualmente en España– que perdió a un hijo durante las protestas que comenzaron el 18 de abril en Nicaragua, y que tuvo que abandonar el país poco después para no ser detenido.
«El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura a ABC Dávila, que perdió a uno de sus hijos, Kevin, un estudiante de veterinaria de 22 años, durante las protestas del pasado mes de abril. «Este señor cree que puede estar negociando como si no hubiera pasado nada, y su policías y matones igual. Tiene que haber justicia». Y cuestiona las garantías que se firmaron en los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora el pasado 29 de marzo. «Ese mismo día la policía seguía hostigando a la gente. Están firmando y están violentando», señala. «Ese es el gran problema con Daniel Ortega. Dice una cosa y luego hace otra. Por eso no es creíble. Él es un dictador y no quiere dejar el poder. Quiere que pase el tiempo», insiste.
Así mismo, Dávila se muestra reticente con los miembros de la Alianza Cívica que participaban en este segundo diálogo. «La mayoría son empresarios que miran por sus interes propios, no por el pueblo», señala.
Canje de los presos políticos
Edgardo Pinell, periodista nicaragënse que también tuvo que huir de su país -actualmente vive en España- por miedo a la represión de Ortega contra los medios y los informadores -más de sesenta tuvieron que dejar el país-, se muestra menos crítico con el trabajo de la Alianza Cívica. «Están haciendo un gran esfuerzo para canalizar una solución para alcanzar la democracia en el país», admite en declaraciones a ABC. Pero sí cuestiona la falta de un plantamiento unificado dentro de esta plataforma integrada por varios sectores de la sociedad civil: «Una cosa son los empresarios, que no son necesariamente políticos y no promueven decisiones muy efectivas en cuestiones de democracia y justicia«. Por otra parte, señala el problema estructural que existe en Nicaragua, ante la falta de organizaciones democráticas. «En este sentido no hay ninguna otra institución, tras haberse consolidado una dictadura en el país desde la llegada al poder de Ortega en 2007, que pueda servir para respaldar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo». Con esto se refiere a la posición de desventaja de la Alianza Cívica frente a «la fortaleza de un puño unficado», respaldado por los organismos del país, que representa el Gobierno de Ortega. Algo que, en su opinión, «le da fortaleza al mismo Daniel Ortega».
