Siempre se dijo que la asignación del 4 % del presupuesto nacional para la educación no resolvería ni a corto ni a largo plazo el problema mientras el sistema continuara permeado por la corrupción.
Además de que vastos recursos se fueron en la construcción de escuelas sobrevaloradas y mal construidas, también se adjudicaron estas obras a compañías de miembros y allegados del Partido de la Liberación Dominicana. Un ejemplo de esto ha sido una nueva denuncia del portal Somos Pueblo, que dice, con pruebas, que en la Licitación Pública Nacional para la “Adquisición de Equipos y Dispositivos», para los estudiantes y docentes de los centros educativos públicos dentro del marco del Programa República Digital se violaron los procesos.
“Según el pliego de condiciones de dicha licitación, ningún lote de artículos similares -en este caso monitores- podía adjudicarse por un precio que superase en 10% -o más- a la oferta más baja que haya hecho alguno de los oferentes por un lote similar (Art. 4.1 pliego de condiciones).”
Explica el documento
Pero además, «en el caso concreto, la oferta más baja por un lote de monitores fue realizada por la empresa Consorcio SPS, S.R.L., que ofreció vender el lote núm. 34 por un monto de RD$154.7 millones. Por tanto, ningún lote podía adjudicarse por un monto superior a RD$170.2 millones. Sin embargo, los lotes números 39, 40 y 41 fueron adjudicados en franca violación de este límite, por las sumas respectivas de RD$170.4 millones, RD$171.4 millones y RD$178 millones», dice el documento.
Agrega que las empresas beneficiadas son Tenedora Gaboc, S.R.L.; García Tejera & Asociados, S.R.L. y Maxi Bodegas EOP del Caribe, S.R.L.; y la adjudicación fue realizada violando también los principios de eficiencia (Art. 3.1 Ley 340-06) y economía y flexibilidad (Art. 3.4 Ley 340-06), pues fueron preferidos estos adjudicatarios por encima de ofertas económicas más bajas que respetaban todas las disposiciones del pliego de condiciones y de la ley de compras y contrataciones públicas antes citada, la menor de ellas por RD$159.4 millones.
Como siempre, le cuesta mucho trabajo a cualquier institución del gobierno y a sus dirigentes cumplir con las reglas. Se pueden contar con los dedos de la mano aquellas que realmente acatan los procesos dentro de la ley. Y mientras tanto, el derroche, el robo y la ilegalidad continúa reinando por encima de los interentes nacionales.
