Santo Domingo, D.N. Según documentos revelados por fuentes de Somos Pueblo, el MINERD adjudicó al menos 3 lotes de monitores en violación al pliego de condiciones que rige el procedimiento de Licitación Pública Nacional MINERD-CCC-LPN-2019-0001, para la “Adquisición de Equipos y Dispositivos, para los estudiantes y docentes de los centros educativos públicos dentro del marco del Programa República Digital – Componente Educación”, “Un estudiante, una computadora – Un docente, una computadora” Tercera Etapa”.

Según el pliego de condiciones de dicha licitación, ningún lote de artículos similares -en este caso monitores- podía adjudicarse por un precio que superase en 10% -o más- a la oferta más baja que haya hecho alguno de los oferentes por un lote similar (Art. 4.1 pliego de condiciones).

En el caso concreto, la oferta más baja por un lote de monitores fue realizada por la empresa Consorcio SPS, S.R.L., que ofreció vender el lote núm. 34 por un monto de RD$154.7 millones. Por tanto, ningún lote podía adjudicarse por un monto superior a RD$170.2 millones. Sin embargo, los lotes números 39, 40 y 41 fueron adjudicados en franca violación de este límite, por las sumas respectivas de RD$170.4 millones, RD$171.4 millones y RD$178 millones.

Las empresas beneficiaras de la irregular adjudicación de estos lotes fueron Tenedora Gaboc, S.R.L.; García Tejera & Asociados, S.R.L. y Maxi Bodegas EOP del Caribe, S.R.L.; y la adjudicación fue realizada violando también los principios de eficiencia (Art. 3.1 Ley 340-06) y economía y flexibilidad (Art. 3.4 Ley 340-06), pues fueron preferidos estos adjudicatarios por encima de ofertas económicas más bajas que respetaban todas las disposiciones del pliego de condiciones y de la ley de compras y contrataciones públicas antes citada, la menor de ellas por RD$159.4 millones.

Al actuar de esta forma, la administración incurre en sobrecostos injustificados que perjudican las arcas públicas con más de RD$40 millones.

A esto se añade que fueron obviadas múltiples ofertas de menor costo sin explicar las razones, y no se justificaron los motivos por los cuales fueron adjudicadas a otros oferentes por un precio mucha mayor, en perjuicio del estado dominicano y en franca violación a la ley.