La Cámara de Cuentas efectuó una auditoría al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) durante el período comprendido entre los meses de abril y agosto del año 2020, gestión en la que estuvo al frente la exfuncionaria del Gobierno de Danilo Medina, Greybby María Cuello Coste, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, implicado en la Operación Coral 5G. Las presuntas anomalías detectadas por el órgano investigativo ascienden a más de 347 millones de pesos.
Irregularidades en el Conani
La periodista Julissa Céspedes mostró en su Reporte Especial que entre abril y agosto del 2020 se iniciaron dos procesos de compras previos a la resolución de urgencia por parte de la máxima autoridad, que era Greybby María Cuello por montos de RD$44, 245,930 y RD$10, 119,217. Conforme la auditoría, esta inobservancia no fue negada por la extitular de la institución.
De igual manera, la nota periodística establece que se evidenciaron contrataciones de urgencia sin informe pericial previo que justificara tal urgencia. Tampoco se remitió informes a la Contraloría General y a la Cámara de Cuentas, por el monto de RD$54, 365,147.
Otro de los hallazgos: durante abril y agosto del 2020 se realizaron contrataciones sin evidencia de certificación de la DGII y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social. El monto sobrepasaba los 91 millones de pesos. Este hecho viola disposiciones de la Ley no 340-06, que expresan taxativamente:
Artículo 8. La persona natural o jurídica que desee contratar con el Estado deberá demostrar su capacidad satisfaciendo los siguientes requisitos:
4) Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de seguridad social Artículo 14. No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas:
13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes.
Reacción ex directora CONANI
La reacción de la extitular de CONANI es que esos procesos fueron celebrados y adjudicados en la anterior gestión de Kenia Lora Abreu.
El informe indica que, a pesar de que el Decreto 543-12, del Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece que: “La garantía de seriedad de la oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del sobre contentivo de la oferta económica. La omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o haya sido presentada en otro formato que no haya sido el exigido por la Entidad Contratante, significará la desestimación de la oferta sin más trámite” CONANI adjudicó RD$13, 105,227 a las empresas OCEAN BEEF EIRL, representada por Glory Decamps Colón, BRAMARET GROUP, representado por Leonard Beltre Pérez y NÍNOGAIL, SRL de Ninoska Abigaíl Abreu Comielle. En los tres contratos con estas empresas la Cámara de Cuentas evidenció que ninguna de estas cumplió con la póliza de seriedad que corresponde al 1% del monto total de la oferta, según lo establecido en la ley.
Asimismo, detalla que durante los 4 meses de Greybby Cuello como titular de CONANI se adjudicaron RD$75, 070,014 de manera recurrente. Se hizo sin evidencias de que se haya procurado la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. No se seleccionó el mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida.
La investigación publicada por CDN detalla que el Comité de Compras y Contrataciones de Conani, en al menos tres ocasiones que contabiliza el documento, fue presidio por Rafael Núñez de Aza, implicado en la Operación Coral sin evidencia de designación para tales fines, violando la ley de Compras y Contrataciones.
De acuerdo con la actual encargada del departamento financiero de CONANI, Florinda María Matrillé Lajara: “El personal militar ingresó con la expresidenta ejecutiva Greybby Cuello. Y fue posicionado de manera inmediata, con los documentos mínimos, con la intención de completar los documentos más adelante. Sin embargo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) objetó estos ingresos mediante comunicación No. 003809 de fecha del 23 de junio de 2020. Alegaba que el personal militar no puede ocupar cargos de carrera administrativa, conforme con lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, por encontrarse en régimen de incompatibilidad”.
Además, Julissa Céspedes informó que los militares que la extitular del Conani nombró fueron: el coronel de la Fuerza Aérea, Roberto Acevedo Tejada, César Antonio Rodríguez Valdez y Diomedes Allian Mejía Herrera, ambos miembros del Ejército Nacional. Y al capitán de navío José Javier Rosario Pimentel, miembro de la Armada, Rafael Arturo Vargas de Aza, y el implicado en la operación Coral, el general Rafael Núñez de Aza.
Estos militares, de acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas, recibieron entre junio y agosto del 2020 asignación de combustibles, a pesar de que no estaban nombrados en la institución, por un monto total en ese periodo de 120 mil. Además la entidad realizó pagos a personal por un monto de más de 450 mil por concepto de viáticos dentro del país.
Otros hallazgos
Se evidenciaron expedientes de compras sin evidencias de contratos por el monto de RD$29,154,405.
Se comprobaron pólizas de fiel cumplimiento constituidas de forma incorrecta por el monto de RD$96,236.
Se evidenció informe pericial que carece de información requerida por la ley, por el monto de RD$10,119,217
Se evidenciaron contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación, ascendentes al monto de RD$1,343,732
Se identificaron compras realizadas de manera fraccionada por el monto de RD$412,757
Se evidenció incumplimiento de procedimientos de almacén en expedientes de adquisiciones y pagos por el monto de RD$43,856,719
La entidad adquirió artículos comestibles, sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario, ascendentes al monto de RD$2,877,760
Recomendaciones de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuenta le hizo a Conani una serie de recomendaciones para contribuir al mejoramiento de la gestión financiera y administrativa que fueron:
La máxima autoridad debe gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa.
La máxima autoridad de la entidad ejecutora tiene la responsabilidad de observar y dar cumplimiento a la legislación vigente, relativa a la administración de los recursos, bienes y actividades.
Disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en este informe final, remitiendo un informe a la Cámara de Cuentas de la República, en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este informe final.
