Diario16 ha conocido de fuentes de extrema solvencia que en los próximos días se presentará en Europa una denuncia fundamentada en los casos de corrupción generados en República Dominicana que han derivado en la presunta comisión de delitos de lesa humanidad contra el pueblo dominicano. En el país caribeño se ha quitado a la ciudadanía recursos por valor de miles de millones de dólares y, sin embargo, la Justicia no actúa. En los últimos 16 años ese escenario corrupto se ha alimentado gracias a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El pueblo está en serio peligro si no se produce un cambio radical tras las elecciones del 5 de julio y eso no ocurrirá si en los próximos 4 años el Palacio Nacional está ocupado por Gonzalo Castillo porque, al fin y al cabo, es un continuador de las políticas de Leonel Fernández y Danilo Medina.
Odebrecht es el caso de corrupción más importante de la historia de América Latina. Los sobornos y los sobrecostes de las obras realizadas por la constructora brasileña se dispararon durante los gobiernos del PLD, sobre todo en la época de Leonel.
Mientras que en otros países se ha imputado y detenido a los presidentes y vicepresidentes de esos gobiernos (Lula da Silva, Alan García, Michel Temer, Jorge Glas, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Ricardo Martinelli, por citar algunos), en República Dominicana la figura de Leonel Fernández es intocable, a pesar de que los mayores sobornos por parte de la constructora brasileña se realizaron durante sus mandatos.
Odebrecht pagó 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana de Leonel Fernández, dinero que fue incrementado, además, con sobrecostes por obras adicionales o modificaciones de ingeniería y que no fueron adjudicados a través de concursos públicos, además de que esas concesiones se mantuvieron por medio de cambios en los contratos.
Las mayores adjudicaciones a Obebrecht se realizaron durante las dos últimas presidencias de Leonel Fernández. Durante ese periodo se asignaron a la constructora brasileña 14 obras por un valor de más de 2.000 millones de dólares. De este modo, Odebrecht se convirtió en la principal contratista de la República Dominicana. Finalmente, todas estas obras terminaron costando más de 3.200 millones de dólares, superando en nueve casos el umbral del 25% permitido por la ley dominicana. Destaca, por ejemplo, la construcción de la Autopista del Coral y Circunvalación La Romana que tuvo un sobrecoste de un 148% respecto a lo presupuestado.
Tal era el nivel de corrupción en aquella época, que en uno de los más importantes restaurantes, el ex ministro de Obras Públicas de Leonel, Víctor Díaz Rúa, dijo que él era más rico que las más importantes familias dominicanas, familias que han logrado su riqueza a través del trabajo y de la buena gestión empresarial.
Sin embargo, a Leonel Fernández no le ha pasado nada. Ha habido detenciones de ministros, diputados y senadores, además de empresarios, pero jamás se ha cuestionado a la figura del expresidente, por más que sea vox pópuli su presunta implicación en la trama de corrupción.
Tras la salida de Leonel y la llegada a la Presidencia de Danilo Medina, la suerte de Odebrecht no cambió y obtuvo contratos por valor de más de 2.000 millones de dólares. Las infraestructuras licitadas siguen generando sobrecostes que repercuten en el bienestar del pueblo dominicano. Los responsables de la constructora brasileña reconocieron ante las autoridades judiciales que lograron esas licitaciones gracias al pago de sobornos y a las buenas gestiones de Ángel Rondón, su responsable comercial en República Dominicana.
Además, el consultor internacional que dirigió la licitación fue designado como miembro del Consejo de Administración de la empresa constructora local con la que Odebrecht se presentó al concurso.
Sin embargo, durante el gobierno de Danilo, con el actual candidato del PLD a la presidencia, Gonzalo Castillo, al frente del Ministerio de Obras Públicas, se aprobaron modificaciones a obras adjudicadas por el gobierno de Leonel que supusieron sobrecostes de más de 700 millones de dólares. Casi el 50% de esas cantidades fueron aprobadas después de estallar el escándalo Lava Jato.
Otro de los personajes del PLD clave en las tramas corruptas es el senador Félix Bautista. En el mes de junio de 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le sancionó por utilizar «su posición para involucrarse en la corrupción aprovechando los esfuerzos humanitarios relacionados con la reconstrucción de Haití», se afirmaba en el comunicado que hacía pública la sanción. El mismo documento afirmaba lo siguiente en relación con Bautista: «Ha cometido importantes actos de corrupción tanto en la República Dominicana como en Haití; ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y malversación de fondos. Bautista está involucrado en sobornos en relación con su posición como senador y se alega que cometió actos de corrupción en Haití, donde utilizó sus conexiones para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití luego de varios desastres naturales, incluido un caso donde A la compañía se le pagaron más de 10 millones de dólares por un trabajo que no se había completado».
El Departamento del Tesoro congeló sus cuentas y las de cinco empresas de su propiedad relacionadas con los contratos para la reconstrucción de Haití: Constructora Hadom SA, Soluciones Eléctricas Mecánicas Hadom S.R.L.; Seymeh Ingenieria SRL, Inmobiliaria Rofi SA y Constructora Rofi S.A. y, además, prohibió a empresas radicadas en Estados Unidos hacer negocios con esas compañías.
El 5 de julio el pueblo dominicano tiene que votar y decidir si quiere un cambio o mantener los sistemas de corrupción implementados por el PLD. En Diario16 publicamos cómo el candidato oficialista se ha beneficiado, presuntamente, de su posición en el Gobierno para aumentar los negocios de sus empresas o cómo se ha obtenido trato preferencial por parte de BanReservas en la concesión de financiación para proyectos empresariales.
Mientras haya corrupción, el pueblo dominicano seguirá viendo cómo el dinero que debería estar destinado a la mejora de las vidas de todas y todos los ciudadanos termina en los bolsillos de los poderosos y de los ricos.
