BUENOS AIRES — El conductor tomó suficientes notas como para llenar varios cuadernos.
En esos cuadernos de espiral, como los que usan los estudiantes, Oscar Centeno registró de manera meticulosa una década de viajes hechos para recoger dinero en efectivo de empresarios que habían obtenido jugosos contratos públicos y llevarlo a funcionarios del gobierno. Ahora, ocho de esos cuadernos son la piedra angular de una enorme investigación por corrupción que salió a la luz este 1 de agosto, cuando las autoridades hicieron redadas y arrestaron a dieciséis personas (aún buscan a dos más), lo que sacudió a la élite política y empresarial de una nación donde los actos de corrupción raramente han conducido a castigos severos.
Algunos argentinos han comparado el caso con el escándalo de Lava Jato en Brasil, que reveló el uso masivo de sobornos dentro de la política y ha derivado en la condena de más de cien personas, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Hasta el momento, la mayoría de los implicados por los cuadernos son aliados cercanos del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente es senadora; los fiscales los han descrito como los líderes de una trama de corrupción.
Varios líderes empresariales fueron detenidos y acusados de formar parte de esa trama, una rareza en un país donde el sector privado ha sido visto durante mucho tiempo como inmune a las investigaciones de corrupción.
El escándalo, que se hizo público el miércoles, representa un nuevo desafío para un poder judicial que no ha logrado tener éxito en sus intentos de hacer rendir cuentas a los poderosos.
Los analistas dicen que los tribunales han quedado sujetos a presiones políticas y que los fiscales se ven frustrados por la incapacidad de conseguir acuerdos de cooperación como los que fueron clave en la investigación brasileña.
Algunos analistas creen que el caso podría representar un nuevo punto de partida para las investigaciones de delitos de cuello blanco en Argentina. Centeno, un exmilitar, sería el primer beneficiario de una ley de 2016 que estableció un mecanismo para que imputados y sospechosos establezcan acuerdos con la fiscalía para revelar información a cambio de la reducción de sentencias. Centeno fue interrogado el 2 de agosto por los fiscales y se cree que está gestionándose un acuerdo de ese tipo.
Las notas que tomó Centeno cuando era chofer de Roberto Baratta, funcionario de alto rango del Ministerio de Planeación, detallarían el uso de 53 millones de dólares en sobornos, aunque los investigadores creen que la cifra real podría estar más cerca de los 160 millones de dólares.
Fernández de Kirchner fue convocada a testificar el próximo 13 de agosto en medio de reportes que dicen que el juez a cargo del caso, Claudio Bonadio, pidió el visto bueno del Senado para allanar sus residencias y oficinas mientras espera que avance un pedido de desafuero.
Los senadores ya rechazaron una solicitud anterior de Bonadio para quitarle la inmunidad política a la senadora por otro caso.
Desde que Fernández de Kirchner dejó el poder en diciembre de 2015, ella y otros funcionarios de alto rango de su gobierno han enfrentado una serie de acusaciones de corrupción que la expresidenta califica de persecución política destinada a desviar la atención sobre el malestar económico del país.
A principios de año, un periodista de La Nación recibió una caja con algunos de los cuadernos dentro; allí se detallaban viajes hechos entre 2005 y 2015. Tras analizarlos durante algunos unos meses, el periódico entregó sus hallazgos a los tribunales antes de publicarlos en portada, y regresó los cuadernos al remitente, que no ha sido revelado.
En una columna, Diego Cabot, el periodista que recibió los cuadernos pero no escribió sobre ellos hasta que se hizo pública la investigación judicial, explicó que no quería apurarse para conseguir la primicia a expensas de la investigación.
Hilda Horovitz, quien estuvo casada con Centeno, dijo a medios localesque el conductor había guardado sus registros para usarlos como moneda de cambio para conseguir un trabajo luego de que finalizara el mandato de Fernández de Kirchner.
No queda claro qué sucedió con el resto de los cuadernos originales, al igual que otros detalles del caso, incluyendo la pregunta de por qué un chofer habría tenido acceso a tanta información sobre lo que parecen ser pagos ilegales y sus destinatarios.
No es la primera vez que se bolsas llenas de dinero en efectio han estado en el centro de las denuncias de corrupción contra los Kirchner y sus aliados. En 2016, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López fue encontrado mientras intentaba esconder 9 millones de dólares en efectivo y en relojes de lujo, en bolsas de lona, dentro de un convento.
Si el contenido de los cuadernos de Centeno resulta ser un recuento verídico del reparto de sobornos, revelará también un lado de la corrupción que a menudo resulta invisible en el país: quién pagó los sobornos.
Carlos Wagner, antes presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, fue uno de los líderes empresariales de renombre detenidos el miércoles. También fue detenido Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroinería, que estableció una empresa mixta con compañías chinas para conseguir un contrato de obras públicas valuadas en miles de millones de dólares para construir dos represas en la Patagonia. Ferreyra niega cualquier delito.
“Jamás pagué coimas”, dijo tras ser detenido. “Esto es un show mediático”.
Ferreyra y los otros hombres arrestados fueron acusados de conspirar en una trama de sobornos relacionada con contratos públicos. Están siendo detenidos mientras espera el juicio, aunque los documentos que detallan los cargos del caso no se han hecho públicos.
Desde que se reveló el escándalo, las autoridades han hecho allanamientos en varias empresas de alto perfil, incluidas las oficinas de Grupo Techint, principal fabricante de acero en Argentina y una de las compañías más grandes del país.
El presidente Mauricio Macri, némesis de los Kirchner, dijo este viernes 3 de agosto que espera que el caso sea un parteaguas en el combate contra la corrupción en el país.
“Hoy más que nunca necesitamos que la justicia nos diga si eso es verdad”, dijo, en sus primeras declaraciones públicas sobre el escándalo. “Y que la justicia nos demuestre que no hay impunidad”.
