Con la posibilidad de enfrentar un megajuicio que unificará todas las causas por corrupción que Cristina Kirchner tiene en la justicia federal, su defensa a cargo de Carlos Beraldi, analiza impugnar al Tribunal Oral Federal 9 (TOF 9) que tendrá a su cargo -por ahora-, el expediente sobre el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, donde la ex Presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, y la Ruta del Dinero K donde el principal procesado es el empresario K, Lázaro Báez. Para la defensa, “no hay relación entre las dos causas” y por lo tanto no deberían tratarse en un mismo juicio.
Quedan diez días por delante para que el abogado de la senadora de Unidad Ciudadana plantee un recurso de Casación, rechazando la medida que adoptó el Tribunal Oral Federal 2 a quien por sorteo, se le había asignado la causa que investigaron los 52 contratos viales por $ 46.000 millones que recibió Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista. Sobreprecios, obras inconclusas, licitaciones direccionadas, favoritismos administrativos, son algunas de las acusaciones en dicho expediente.
TOF 2 indicó en una resolución que analiza Beraldi, que “corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos”. El primer argumento fue que en “penalidad” la acusación por lavado de dinero que se investiga en la Ruta del Dinero K “es la más grave”. Por otro lado, tuvieron en cuenta el criterio de la Cámara Federal porteña que señaló que “ante los hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas“. Sin olvidar que la sala II integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah plantearon que la defraudación en la obra pública “constituiría el ilícito precedente y el origen de los fondos cuya introducción al mercado legal se le atribuye bajo la figura del delito de lavado de activos (la Ruta del Dinero K)” que ya tiene el TOF 9.
Estos argumentos “no son suficientes” para la defensa de Cristina Kirchner que, en primer lugar pone en duda la existencia de una conexión objetiva real entre los dos expedientes. En la causa donde Lázaro Báez fue procesado por maniobras de lavado por 60 millones de dólares, la ex Presidenta se encuentra imputada, pero nunca fue indagada hasta ahora. “Es una causa que investiga operaciones de blanqueo con Báez a la cabeza”, señalaron allegados a la defensa de la senadora.
Así, Beraldi podría plantear que no corresponde que el TOF 9 -integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra- recepcione la causa por la corrupción en la obra pública y la unifique en un mega juicio con la Ruta del Dinero, “al no existir vinculación objetiva ni subjetiva”, ya que lo único que los une es un mismo procesado en las dos causas es Lázaro Báez. Y como Cristina no se encuentra procesada en la causa por lavado “deberían tramitar de forma separada”.
Para la justicia se trata de una gran “matriz de corrupción que comenzó el 25 de mayo de 2003”: el día que los Kirchner llegaron a la Casa Rosada. Los fondos provenientes de la obra pública, se vehiculizaron después con maniobras de lavado con la actividad hotelera y alquiler de propiedades “a los patrimonios de los ex presidentes”. Estos dos aspectos se investigan en las causas Hotesur y Los Sauces respectivamente, ambas empresas de los Kirchner.
Es decir, que parte de los fondos provenientes de la obra pública fueron a engrosar el “patrimonio de la familia Kirchner para que ellos pudieran disponer libremente de ellos”, señalaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que intervinieron en la causa de obra pública.
