Tras conocer la condena, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha acusado a China de “aplicar arbitrariamente la pena de muerte” y ha dicho que trata de “una grave preocupación” para su Gobierno, “como debería serlo para todos sus amigos de la comunidad internacional y aliados”.
Amnistía Internacional ha criticado el secretismo que rodea estos procesos en China y exige que se revoque la condena.
