El juicio a la FIFA concluyó el jueves, con lo que culminó un proceso de un mes en una corte federal de Brooklyn que involucró a expertos en lavado de dinero, grabaciones de audio clandestinas y el testimonio de una estrella estadounidense del pop mientras los fiscales de Estados Unidos daban a conocer los cargos de corrupción que en pocas ocasiones, o tal vez nunca, se han registrado en el deporte internacional.
“Han visto muchos documentos, algunos de ellos muy complejos”, dijo Samuel Nitze, un fiscal asistente de Estados Unidos que vive en Brooklyn, a los doce jurados mientras les pedía que consideraran culpables a tres exdirectivos del fútbol sudamericano. Días antes, un jurado fue relevado por un sustituto porque se quedó dormido.
“Hay casos que presentan misterios que se deben resolver; los casos detectivescos”, dijo Nitze. “Este no es uno de esos casos”.
El juez guio al jurado a través de 54 páginas de instrucciones antes de enviar al grupo a deliberar si los tres hombres deberían ser sentenciados por varios delitos: crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero.
A partir de mediados de noviembre, el gobierno presentó evidencia cuantiosa, obtenida durante más de seis años, que se compone de registros bancarios y de hoteles, correos electrónicos, transcripciones de conversaciones grabadas clandestinamente, fotografías de hombres abordando aviones privados y cuatro libros de contabilidad que ofrecen detalles de lo que los testigos describieron como pago de sobornos hechos a cada uno de los imputados. Esos libros identifican a los acusados de manera alterna por sus iniciales y por nombres clave como Honda, Fiat y Toyota.
Las tres personas enjuiciadas son Juan Ángel Napout, quien era presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y está acusado de aceptar sobornos por 10,5 millones de dólares desde 2010; Manuel Burga, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y acusado de pedir 4,4 millones, y José Maria Marin, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y quien enfrenta cargos por aceptar 6,55 millones de dólares. Marin, de 85 años, también fue gobernador del estado de São Paulo.
Estados Unidos anunció en 2015 el caso de corrupción contra la FIFA, el órgano rector mundial del fútbol, después de años de profunda investigación en la que han colaborado varios gobiernos extranjeros. Más de cuarenta personas han sido acusadas en el caso y más de la mitad de ellas han aceptado su culpabilidad en una conspiración de corrupción que desvió dinero del fútbol mundial hacia los bolsillos de directivos que aceptaron haber otorgado lucrativos contratos de medios y mercadotecnia a empresarios que les pagaron sobornos.
Los tres exdirectivos enjuiciados han sido implacables al defenderse de los cargos en su contra. A través de sus abogados, cada uno insistió durante el mes pasado que había quedado erróneamente atrapado en medio de una red de corrupción y que quienes se decían sus amigos habían mentido al testificar en su contra para ayudar al gobierno y así reducir sus posibles sentencias de cárcel.
“Estos exdirectivos estaban ahí para hacer un trabajo honesto y justo”, dijo al jurado Kristin Mace, otra fiscala, al delinear un tipo de fraude por el que los funcionarios han sido acusados: privar al fútbol mundial de su trabajo honesto. “No lo hicieron así”.
En el argumento final del gobierno, Mace explicó al jurado que ella creía que el Distrito Este de Nueva York tenía la justificación para presentar los cargos mencionados —en contra de tres ciudadanos sudamericanos cuyo trabajo se desarrollaba en Suiza, donde se ubica la sede de la FIFA—. Precisó que los acusados “usan regularmente los aeropuertos” dentro de ese distrito federal —que incluye a Brooklyn, Queens, Staten Island, Long Island y “las aguas que rodean a Manhattan”.
Más allá de citar múltiples viajes del aeropuerto de La Guardia en Queens, Mace citó transferencias de fondos que habían pasado a través de Brooklyn, Long Island City y, en ruta a Manhattan, “las aguas alrededor de la isla”.
En sus argumentos finales el jueves, los abogados de los tres imputados siguieron afirmando que el gobierno se había extralimitado y calificaron la evidencia contra sus clientes demasiado vaga para probar los cargos con algo más que una duda razonable. Cada uno de los cargos contra los tres hombres tiene una posible sentencia de veinte años en prisión.
“Pregúntate a ti mismo: ‘¿Esta evidencia es suficiente?’”, dijo al jurado John Pappalardo, uno de los abogados de Napout, quien buscó poner en duda muchas de las piezas del caso del gobierno, incluyendo el que su cliente recibió boletos para el concierto de Paul McCartney con un valor de 10.000 dólares como parte de un soborno —e incluso cuestionó si el concierto realmente se había realizado—. Eso llevó a los fiscales a convocar a la estrella de pop Kevin Jonas, uno de los integrantes de la agrupación Jonas Brothers, para testificar que el concierto, al cual Jonas atendió, realmente se había efectuado en Argentina.
El abogado de Burga destacó el hecho de que su cliente nunca aceptó dinero de sobornos, lo que los fiscales reconocieron y calificaron de irrelevante; Burga había estado atento de no recibir pagos sospechosos mientras se encontraba bajo investigación por lavado de dinero en Perú, afirmaron, y aun así decidió ser parte de una conspiración para cobrar el dinero del soborno en algún momento más adelante.
Marin, de 85 años, fue descrito por sus abogados como una persona inocente y ajena al caso, involucrado solamente a través de sus relaciones cercanas con otros que habían sido debidamente acusados, indicaron. Sus abogados describieron a Marco Polo del Nero —el actual presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, pero con licencia para ausentarse del cargo— como el verdadero responsable.
“Ellos tienen la teoría de que todos en el fútbol son corruptos”, dijo Pappalardo en su argumento final. “Si el testimonio fue enérgico o tedioso”, agregó, “no hay duda de que la investigación del gobierno expuso la corrupción extendida en el fútbol mundial durante un largo periodo.
