Violaron mujeres, quemaron casas y mataron a decenas de personas, incluidos niños, descuartizando sus cuerpos con machetes y lanzándolos a los cerdos.
Esa espantosa masacre, ocurrida hace tres años y que es considerada como el peor incidente de ese tipo perpetrado en Haití en décadas, era algo más que la consecuencia de la disputa de bandas rivales por sus territorios. Fue organizada por altos funcionarios haitianos que les facilitaron armas y vehículos a los pandilleros para castigar a los habitantes de una zona pobre que protestaban contra la corrupción del gobierno, anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado.
Desde entonces, los pandilleros haitianos se han vuelto tan fuertes que gobiernan algunas regiones del país. El más célebre de ellos, un exoficial de policía llamado Jimmy Cherizier al que apodan Barbecue, se presenta como líder político: convoca ruedas de prensa, lidera marchas y, esta semana, incluso se ostentó como reemplazo del primer ministro en la violenta capital.
Luego de que las pandillas le dispararon a un convoy del gobierno y acabaron con la conmemoración oficial de la muerte del presidente fundador del país el domingo, Cherizier presidió la ceremonia, vestido en un traje blanco de tres piezas, rodeado de cámaras y guardias enmascarados armados con rifles de asalto cuando se presentó con varias coronas de flores en el lugar.
“Las pandillas tienen más autoridad que nuestros líderes”, dijo Marie Yolène Gilles, quien lidera un grupo local de derechos humanos, la Fundación Ojos Claros (FJKL por su sigla en inglés). “Si dicen: ‘Quédate en casa’, te quedas en casa. Si dicen: ‘Sal’, puedes salir. Es el terror”.
Se cree que el descarado secuestro de 17 personas de un grupo misionero estadounidense sucedido el fin de semana es obra de una banda rival llamada 400 Mawozo, ese incidente demuestra el poder creciente de las pandillas en Haití. Los secuestradores han exigido 17 millones de dólares para liberar a los rehenes, y el líder de la banda ha amenazado con matarlos a menos que se pague el rescate, según dos personas que estuvieron presentes cuando hizo la amenaza que fue registrada en un video.
“Vaciaré una gran arma en cada una de sus cabezas”, dijo el líder de la pandilla, Wilson Joseph, en el video.
Según algunas estimaciones, los grupos delictivos controlan más de la mitad de Haití y, en algunos lugares, operan como gobiernos de facto, con sus propias cortes, “estaciones policiales” y cuotas residenciales por servicios que van desde la electricidad hasta permisos escolares.
Según los expertos, las pandillas han tenido el control desde hace mucho tiempo en los barrios pobres, pero empezaron a ganar terreno luego de que Jovenel Moïse asumió la presidencia en 2017, animadas por la erosión de las instituciones democráticas que sucedió durante su mandato y su utilización de las pandillas como herramientas opresoras.
Y aunque el gobierno estadounidense y Naciones Unidas conocen desde hace mucho tiempo la conexión cada vez mayor entre las pandillas, el gobierno y la policía haitiana, han hecho poco para combatir el problema, en parte porque temen alterar la poca estabilidad de Haití, según dicen los funcionarios en activo y retirados.
Esa apariencia de estabilidad se vino abajo en julio, cuando Moïse fue ejecutado en su alcoba en un asesinato que sigue sin resolverse y que dejó en evidencia las debilidades institucionales del país.
“Su gestión debilitó a la policía y al sistema de justicia”, dijo Pierre Espérence, director ejecutivo de la Red Nacional Haitiana de Defensa de Derechos Humanos, refiriéndose al gobierno de Moïse. “No había controles en el puerto, la frontera, el aeropuerto, las armas y las municiones llegan fácilmente a Haití. Y luego, usaron a las pandillas para masacrar a la gente de los barrios marginales”.
Los ataques, indicó, fueron intentos para asegurar el control político en las elecciones de segunda vuelta de la región capital, que representa al 40 por ciento del electorado del país, y se concentra en gran medida en los barrios pobres.
La organización de Espérence ha documentado más de una decena de ataques armados ejecutados por las pandillas desde 2018, lo que ha ocasionado la muerte o desaparición de más de 600 personas. En muchos casos, esos reportes mencionan la participación policial en los asesinatos, incluido el uso de equipamiento como vehículos blindados, gases lacrimógenos y el involucramiento de oficiales en activo.
En al menos dos casos, la organización destacó la participación de integrantes del gobierno de Moïse.
No se han realizado arrestos ni investigaciones sólidas por parte de la policía, según Rosy Auguste Ducéna, directora de programa de la organización. Tampoco se ha penalizado a ningún oficial de policía por las acusaciones de participación.
“Por eso es que decimos que la violencia que está establecida en Haití es una violencia del Estado”, dijo.
Un alto funcionario del gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien fue elegido por Moïse y tomó las riendas del país en julio, dijo que Henry no tenía vínculos con los abusos que se le adjudican a la gestión anterior. Al contrario, el funcionario, quien no está autorizado para hacer declaraciones públicas, dijo que Henry, un médico, fue llamado para limpiar el desastre en Haití y ha prometido justicia en los casos de las masacres anteriores y hacer todos los esfuerzos para eliminar a las pandillas.
En el centro de las acusaciones se encuentra Cherizier y la fidelidad de las nueve pandillas que dirige, conocidas como la coalición de Familia y Aliados de la G9. Pero el “arquitecto intelectual” de la masacre de 2018 fue Joseph Pierre Richard Duplan, un integrante electo del partido del presidente quien brindó armas a los pandilleros, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre pasado.
Los testigos dijeron haber visto a Duplan amonestar a los pandilleros durante el ataque, indicó un informe de Naciones Unidas, diciendo: “Mataron a demasiada gente. Esa no era su tarea”.
El jefe del ministerio del Interior, Fednel Monchéry, también tuvo una intervención cercana, dijo el Departamento del Tesoro.
Ambos funcionarios perdieron sus cargos casi un año después, pero ninguno ha enfrentado acusaciones. La policía detuvo a Monchéry en febrero por un problema con la matrícula de su auto, informó el periódico haitiano Le Nouvelliste, pero lo liberó poco después.
“Cuando la policía nos dice que están investigando activamente podemos decir que eso, obviamente, es falso”, dijo Ducéna.
El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableció sanciones en contra de los funcionarios según lo que establece la Ley Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, llamándolos “perpetradores de graves abusos a los derechos humanos”.
Pero esta acción estadounidense sucedió luego de años de apoyo continuo a Moïse, a pesar de las acaloradas advertencias de los legisladores sobre su régimen cada vez más autocrático. Tanto el gobierno de Estados Unidos como Naciones Unidas, cuyo apoyo es considerado como un contrapeso esencial para cualquier presidente haitiano, han sido acusados de hacerse la vista gorda ante los repetidos reportes de que las pandillas se habían infiltrado en el gobierno.
Una de las primeras masacres de civiles durante la presidencia de Moïse empezó como un operativo contra las pandillas en Grand Ravine, un barrio pobre.
En noviembre de 2017, agentes de policía haitianos, incluido Cherizier, que en ese momento todavía era un oficial activo, allanaron el campus de una escuela,en busca de un arsenal de armas, según una investigación interna realizada por el gobierno haitiano. Al final de la operación, ocho civiles resultaron asesinados, entre ellos un maestro, un guardia de seguridad y un estudiante potencial que fueron “ejecutados a sangre fría”, según la investigación.
Los oficiales de policía destacados en la Misión de Apoyo a la Justicia en Haití de Naciones Unidas, que estaban trabajando con la policía haitiana y ayudaron a planificar la operación, estuvieron de guardia afuera del lugar.
Unos meses después, Susan D. Page, la jefa de la misión de la ONU en Haití en aquel entonces, emitió una declaración contundente en la que pedía a las autoridades haitianas que investigaran “las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por unidades de la Policía Nacional de Haití”, incluida la operación fallida.
Como protesta, el gobierno de Moïse retiró a su embajador ante Naciones Unidas. Como ya enfrentaba críticas en Haití por haber desencadenado un devastador brote de cólera en el país en 2010, Naciones Unidas rápidamente retiró a Page de su cargo.
“Yo lideraba una misión de apoyo a la justicia”, dijo Page en entrevista. “¿No se supone que pida justicia?”.
Farhan Aziz Haq, vocero de la ONU, dijo en un comunicado que la misión de apoyo a la justicia no había autorizado una “búsqueda de alto riesgo” llevada a cabo por la policía haitiana. Una investigación interna reveló que ningún funcionario de la ONU había “procedido a la ubicación donde se llevaron a cabo los supuestos asesinatos” ni habían disparado sus armas.
Naciones Unidas retiró sus fuerzas de paz en 2017, con un legado maltrecho que incluía la introducción de cólera al país por parte de las fuerzas de paz y abusar sexualmente y embarazar a chicas de hasta 11 años. La partida dejó a una fuerza mucho más reducida para apoyar a la policía, que también se retiró en 2019. En su ausencia creció un vacío de seguridad, sobre todo en las zonas pobres de la capital.
Luego de varias masacres en las que participaron pandilleros y oficiales haitianos de policía, entre ellos Cherizier, más de cien congresistas estadounidenses le escribieron al gobierno de Trump exigiendo una investigación de las ejecuciones extrajudiciales a manos de las autoridades, dijo Andy Levin congresista por Michigan, y uno de los presidentes del Caucus de Haití de la Cámara de Representantes.
“De verdad esperaba que una vez que el presidente Biden asumiera el cargo hubiera un cambio de rumbo”, dijo Levin. “Pero sigo esperando”.
Los haitianos de la capital viven un temor constante. Los secuestros se han disparado y superan por mucho el récord del año pasado que, según Naciones Unidas, ya era un incremento significativo respecto al año anterior.
“Hoy estamos hablando de esto porque secuestraron a misioneros estadounidenses”, dijo Ducéna. “En nuestra realidad, es nuestra vida diaria. Cada día salimos de casa sin saber si vamos a volver”.
El secuestro se ha convertido en la fuente primaria de ingresos para las pandillas, que operan en la maltrecha economía de Haití. La banda que secuestró a los 16 estadounidenses y un canadiense —cabe destacar que cinco de los rehenes son niños— asociados con Christian Aid Ministries ha exigido un rescate de un millón por cada cautivo, aunque los funcionarios dicen que los secuestradores suelen exigir altas cantidades y luego las disminuyen durante las negociaciones.
Cherizier, que lidera una colección de bandas rivales, ha negado cualquier vínculo con el gobierno y más bien se presenta como un revolucionario que lucha contra la pobreza en los barrios marginales. El domingo, luego del secuestro de los misioneros, el desfile del gobierno haitiano sufrió un ataque armado y se desbandó a toda velocidad sin que el primer ministro pudiera acudir a la ceremonia en honor del padre fundador del país.
Cuando los funcionarios gubernamentales huyeron, Cherizier procedió a encabezar la procesión, disfrutando del espectáculo como si fuera el verdadero líder del país. Gilles especuló que podría postularse al gobierno en la próxima elección.
“Todo puede pasar en este país”, dijo y enumeró a los políticos que habían sido electos a pesar de enfrentar graves acusaciones penales. “No sería la primera vez que se elige a gente que tiene problemas con la ley”.
