Cientos de planteles construidos durante el gobierno de Danilo Medina se encuentran en condiciones de abandono y algunos casos las obras llevan años paralizadas, lo que representa grandes pérdidas económicas para el Estado.
En la actualidad hay unos 720 planteles y estancias infantiles en condiciones cuestionables después que se realizó un ambicioso programa de construcción de escuelas en la pasada administración gubernamental.
Debido a la asignación del 4 por ciento del PIB a la educación, el Gobierno de Medina construyó más de 48 mil aulas ubicadas en 1,927 planteles, de los cuales 1,676 corresponden a centros de educación especial, inicial, básica, secundaria, politécnicos y 251 son estancias infantiles.
Sin embargo, en la actualidad, gran parte de estas construcciones llevan años paralizadas, representando un desperdicio de recursos y un caldo de cultivo para toda una serie de anomalías dignas de analizar.
Estas obras fueron otorgadas mediante sorteos en un intento por dar oportunidad a más ingenieros de ser contratistas del Estado.
Algunos centros que lucen con anomalías y abandonados son el: Liceo Los Palmeros, Escuela Básica Buen Nombre, Centro Educativo Secundario Amaury Germán Aristy, la Escuela Básica Pueblo Viejo, la Escuela República de Haití y el Liceo Profesora Elsa Mojica, entre otros.
En el Centro Educativo Secundario Amaury Germán Aristy, los niños reciben las clases, como en una marquesina.
Mientras en el sector Aguas Locas en Santo Domingo Este, los niños reciben docencia en precarias condiciones, los espera el Liceo Los Palmeros, sin terminar, localizado a pocas cuadras y abandonado hace cuatro años.
Esta obra adjudicada en el tercer sorteo de obras, por más de 72 millones de pesos, apenas, se encuentra en un 78 por ciento.
El director ejecutivo EDUCA, Darwin Caraballo, dijo que el sistema educativo tenía una ausencia de inversiones en construcciones muy importante de casi 50 años. Así que claramente era una necesidad a cubrir.
El gobierno de Danilo construyó más aulas que ninguna otra gestión de las últimas décadas. Sin embargo, esas construcciones se llevaron a un ritmo muy acelerado, posiblemente para exhibirlo como uno de sus logros, produciendo graves consecuencias para el sistema educativo y el presupuesto del Estado.
La primera equivocación: la adjudicación de todas estas obras se realizó mediante sorteos para dar igualdad de oportunidades a los profesionales de la construcción, que a la larga, se demostró que no fue el método más idóneo.
Una de las situaciones que se presentaron fue que una gran cantidad de obras superó los 80 millones de pesos, por lo que muchos ingenieros se quedaron sin recursos mientras que otros optaron por excederse del 25 por ciento del presupuesto contemplado en la ley, creando un problema legal.
Además, otra de las debilidades era que muchos ingenieros que resultaron ganadores, no tenían la capacidad técnica para llevar a cabo estas obras. Así lo evidencian casi todas las escuelas que llevan un promedio de 4 años y medio paralizadas y, en otros casos, ni siquiera han iniciado.
Entre las obras pendientes por terminar también se encuentran la Escuela República de Haití, ubicada en el Ensanche Luperón del Distrito Nacional, contratada por más de 68 millones de pesos y ejecutada en un 77 por ciento.
La Escuela Básica Buen Nombre, ubicada en La Victoria, Santo Domingo Norte, cuya construcción inició en 2013, quedó en un 87% de su construcción y aún no ha sido terminada. Mientras tanto, los alumnos están recibiendo docencia en un plantel con condiciones pésimas y ante el inminente peligro de un derrumbe.
El presidente de la Junta de Vecinos Residencial Bambú II, Rafael García, manifestó que el edificio de dos plantas de la escuela vieja, del lado donde entran los estudiantes y los profesores, donde está la puerta se está hundiendo de ese lado, en cualquier momento puede colapsar y suceder una desgracia.
Otra de las tantas obras paralizadas es la Escuela Básica Pueblo Viejo, en la comunidad del mismo nombre de la provincia Azua, sorteada en el primer concurso en 2013, por más de 36 millones, y paralizada desde el 2016.
Unos 175 mil millones de pesos han sido invertidos en la construcción y rehabilitación de infraestructuras escolares durante el período 2013-2021.
La cantidad de recursos no ha sido un problema pero la calidad del gasto, sí, dada la enorme cantidad de planteles que se encuentran en deterioro progresivo a causa de la paralización de los trabajos, poniendo en riesgo la inversión pública, porque no se están rindiendo los beneficios que la sociedad pretendía al contratar estas obras.
El Secretario General de la Asociación Dominicana de Profesores, Julio Canelo, dijo que lo ocurre con la infraestructura escolar en la República Dominicana es un tema recurrente, producto de la falta de planificación que tiene el Ministerio de Educación.
Otra de las anomalías que han afectado notablemente el ritmo de entrega de las escuelas es la elección de los terrenos que han inadecuados para levantar infraestructuras.
El director del programa Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación, dijo que no está seguro porque no estaba en ese momento, pero lo que se evidencia es que para cada plantel fueron elegidos lugares que no eran justamente los más apropiados.
“Son muchos. Se puede destacar unos cuantos. Evidentemente se puede destacar, por ejemplo, un plantel que está al lado o que se edificó al lado de una fábrica o una envasadora de química en Bonao” indicó
Otro ejemplo de mal ubicación está en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, donde se construyó el Liceo Profesora Elsa Mojica, próximo a la cañada de Guajimía, la que expide un mal olor intolerable y tiene 8 años cerrada.
El director ejecutivo EDUCA expresó que los sitios donde se ubicaron los centros educativos, realmente, no dependía tanto del constructor. Era más una decisión de la planeación.
Para el encargado del Programa Edificaciones Escolares MINERD entiende que era un magnifico negocio, la venta de solares era un magnífico negocio para algunas personas. Aunque aclara que para el Ministerio no era buen negocio, ni para la sociedad, ni para la población.
Debido a estas fallas del Ministerio de Educación en la identificación de los lugares para construir nuevas escuelas, el Estado se ha visto en la necesidad de invertir más dinero para reubicar los centros educativos, pues los presupuestos se hicieron de manera estándar sin tomar en cuenta el tipo de suelo y las soluciones de ingeniería según la ubicación.
Mientras tanto, las edificaciones escolares abandonadas por las pasadas autoridades están siendo usadas para fines muy distintos a los contemplados en el presupuesto del Estado.
Lucía Miranda, residente de la zona donde esta Liceo Elsa Mojica: 00:18 en esta escuela tienen que indagar bien lo que está pasando y los movimientos especialmente que se hacen en la noche.
Residente en la zona: residente de la zona donde esta Liceo Elsa Mojica 00:47 un parqueo para alquilar los vehículos. Aquí hay muchos mosquitos, ratones, esto está arrabalizado completamente.
Durante los últimos meses, periódicos han reseñado el desalojo de haitianos residentes en el país que ocuparon escuelas en construcción en Moca y Santiago, convirtiéndolas en proyectos habitacionales, para vivir junto a sus familias. En otras zonas del país se repite esa situación.
Según datos estadísticos del Ministerio de Educación enviados a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, a la fecha hay unos 127 centros en proceso de rescisión, de los cuales 70 están siendo intervenidos legalmente por descapitalización del contratista, unos 716 contratos están abiertos cuyo 60 por ciento están sin solares.
El Gobierno ha tenido que hacer un censo de las 720 escuelas, auditarlas e investigar sus estatus entre los que figuran “detenidas”, “activas”, “en intervención legal”, “problemas legales”, “a la espera de documentos”, “en manos del supervisor”, “en espera de cubicación”, “mal manejo financiero”, “no iniciadas por cambio de solar”, como es el caso del Liceo Monte la Jagua, en la provincia Espaillat, a la que se le dio un avance de 11 millones de pesos.
Según el director del Programa Nacional de Edificaciones Escolares ya han comenzado a terminar lo que dejó abandonado el pasado gobierno, aunque el secretario general de la ADP y dirigente del PLD, descalifica los esfuerzos de la actual gestión para resolver la situación.
En junio de 2021, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 118-21 cuyo objeto es permitir la terminación de las obras suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la cubicación, debido a que superan el 25 por ciento del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado.
“Esas obras ninguna se terminan, todas sobrepasaron o la gran mayoría sobrepasaron el 25 por ciento que te permite la ley. Y la única manera de vencer a la inercia es eso. Es el espíritu de esa ley transitoria que vence en el 24 es que se le dé continuidad a las obras, porque si no vamos a tener ahí el dinero botado” expresó.
Con esta ley se viabiliza la posibilidad de obviar la violación de la Ley de Compras y Contrataciones y garantizar la terminación.
El funcionario dijo que solo el hecho de reformular ese presupuesto, darle ese presupuesto y darle el 20 por ciento de lo que te dé eso para capitalizarlo, oye,
El Ministerio de Educación establece que también ha pagado más de cinco mil millones de pesos en cubicaciones que están en proceso normal.
“A cada obra de esas se le hizo un presupuesto, un corte de cierre, una cubicación de cierre. Y en esa cubicación de cierre se recogió todo lo que hizo y se está emitiendo el pago que de hecho se han pagado en el último trimestre 1,900 millones” dijo.
Al pasar balance del Programa Nacional de Edificaciones Escolares del gobierno de Danilo Medina, podemos concluir esta política fue exitosa o fue caldo de cultivo para el desperdicio de recursos? Aquí hay opiniones encontradas.
En lo que sí coinciden todos es que la situación actual de las infraestructuras escolares iniciadas en el año 2013, deja una gran lección a la actual gestión de gobierno que deberá enfrentar el reto de pasar con 100 el examen de concluir estas obras y satisfacer las demandas de aulas que tienen las comunidades afectadas en todo el país.
A su vez, las autoridades deben gestionar de manera eficiente y transparente los recursos del 4 por ciento de la Educación, que fue tan demandado por una sociedad que nunca se esperó que se le daría un uso irracional.
