Cuando el gobierno de China ordenó que les colocaran dispositivos anticonceptivos a las mujeres de la comunidad musulmana de la región de Sinkiang, Qelbinur Sedik les suplicó que la dispensaran. Ya casi tenía 50 años, les dijo a los funcionarios. Había respetado el límite de hijos impuesto por el gobierno y solo tenía una hija.
Fue inútil. Los trabajadores amenazaron con llevarla a la policía si seguía resistiéndose, comentó. Entonces aceptó ir a una clínica del gobierno donde con un fórceps de metal un médico le colocó un dispositivo intrauterino (DIU) para evitar que se embarazara. No dejó de llorar durante todo el proceso.
“Me sentía como si ya no fuera una mujer normal”, comentó Sedik con un nudo en la garganta mientras narraba la terrible experiencia de 2017. “Como si me estuvieran quitando algo”.
En una gran parte de China, las autoridades están alentando a las mujeres a tener más hijos para tratar de evitar una crisis demográfica como resultado de una tasa de natalidad que va en decremento. Pero en la región de Sinkiang, China está obligándolas a tener menos hijos, con lo cual refuerza su control sobre las minorías étnicas musulmanas e intenta emprender una transformación demográfica que disminuya su población con el paso de las generaciones.
Según los informes de un renombrado investigador, Adrian Zenz, junto con los de The Associated Press, a medida que ha aumentado el uso de procedimientos invasivos para el control de la natalidad, en los últimos años han caído las tasas de natalidad en esa región.
Eso forma parte de una vasta y represiva campaña del Partido Comunista para el rediseño social empeñada en eliminar cualquier supuesto obstáculo para su gobierno; en este caso, el separatismo étnico. A lo largo de los últimos años, el partido, encabezado por su dirigente, Xi Jinping, se ha dado a la tarea de someter con mucha fuerza en Sinkiang a los uigures y a otras minorías de Asia Central al internar a cientos de miles de ellos en campos de reclusión y prisiones. Las autoridades han puesto a esta región bajo estricta vigilancia, han enviado a sus residentes a trabajar en fábricas y han trasladado a los niños a internados.
Pese a que las autoridades han dicho que los procedimientos de control de la natalidad son voluntarios, las entrevistas con más de una docena de uigures, kazajos y otros musulmanes de Sinkiang, así como un análisis de las estadísticas oficiales, de avisos gubernamentales y de informes en los medios de comunicación estatales revelan tentativas de coerción por parte del Partido Comunista de China a fin de obstaculizar los derechos reproductivos de la comunidad. Las autoridades obligaron a las mujeres a usar un DIU o a esterilizarse. Enviaron a su casa funcionarios del gobierno a vivir con ellas mientras se recuperaban con el propósito de detectar señales de inconformidad. Una mujer mencionó haber tenido que soportar el toqueteo de su vigilante.
Si tenían demasiados hijos o rechazaban los procedimientos de anticoncepción, se hacían acreedoras a fuertes multas o, aún peor, a ser confinadas en un campo de reclusión. En estos campos, las mujeres corrían el riesgo de sufrir incluso más maltrato. Algunas mujeres que fueron detenidas con anterioridad sostienen que les hacían tomar medicamentos para interrumpir su ciclo menstrual. Una mujer afirmó haber sido violada en uno de estos campamentos.Los campos de detención para musulmanes en China se convierten en campos de trabajo forzado
Para los defensores de los derechos humanos y las autoridades occidentales, debido en gran medida a los intentos de detener el crecimiento demográfico de las minorías musulmanas, la represión gubernamental en Sinkiang equivale a crímenes de lesa humanidad y genocidio. En enero, el gobierno de Trump fue el primero en calificar como genocidio estas medidas severas; uno de los motivos principales era la imposición en cuestiones reproductivas. En marzo, el gobierno de Biden confirmó esta designación.
La experiencia de Sedik, narrada en The Guardian y otros medios, sirvió como base para la decisión del gobierno estadounidense. “Fue uno de los relatos en primera persona más detallados y convincentes que vimos”, comentó Kelley E. Currie, quien fungió como embajadora de Estados Unidos y participó en los debates del gobierno. “Ayudó a ponerle rostro a las escalofriantes estadísticas que estábamos viendo”.
Pekín ha acusado a sus opositores de impulsar una agenda contra China.
El gobierno ha dicho que las recientes disminuciones en las tasas de natalidad de esa región resultaron de la aplicación rigurosa de las antiguas restricciones de natalidad por parte de las autoridades. Sostuvo que los procedimientos anticonceptivos y de esterilización liberaban a las mujeres de las costumbres retrógradas sobre la procreación y la religión.
“Ellas deciden por completo si tener control de la natalidad o qué método anticonceptivo usar”, señaló en una conferencia de prensa de marzo Xu Guixiang, vocero del gobierno de Sinkiang. “No debe intervenir ni un organismo o persona alguna”.
Para las mujeres de Sinkiang, las órdenes del gobierno eran claras: no tenían elección.
El año pasado, un trabajador comunitario de Urumqi, la capital regional, donde Sedik había vivido, envió mensajes diciendo que las mujeres de entre 18 y 59 años tenían que someterse a inspecciones de embarazo y control de natalidad.
“Si te peleas con nosotros en la puerta y si te niegas a cooperar con nosotros, te llevarán a la comisaría”, escribió el trabajador, según las capturas de pantalla de los mensajes de WeChat que Sedik compartió con el Times.
“No juegues con tu vida”, decía un mensaje, “ni siquiera lo intentes”.
‘Perdí toda esperanza en mí misma’
Sedik, de la etnia uzbeka, se había considerado una ciudadana ejemplar toda su vida.
Cuando se graduó de la universidad, se casó y se puso a trabajar en la enseñanza del chino a niños uigures de nivel primaria. Obediente de las reglas, Sedik no se embarazó sino hasta que su empleador le dio autorización. Solo tuvo una hija, en 1993.
Sedik pudo haber tenido dos hijos. En ese momento, las reglas permitían que las familias de las minorías étnicas fueran un poco más numerosas que las del grupo étnico chino han que era la mayoría, sobre todo en las zonas rurales. El gobierno incluso le otorgó a Sedik un certificado de honor por mantenerse dentro de los límites.
Luego todo cambió en 2017.
Cuando el gobierno internó a los uigures y los kazajos en campos de reclusión masiva, de manera paralela aumentó la aplicación de medidas para el control de la natalidad. De acuerdo con los cálculos de Zenz, de 2015 a 2018, los índices de esterilización en Sinkiang aumentaron casi seis veces, a un poco más de 60.000 procedimientos, aunque disminuyeron mucho en todo el país.
La campaña de Sinkiang está en conflicto con un esfuerzo más generalizado del gobierno desde 2015 para promover el aumento de la natalidad, el cual incluye otorgar subsidios fiscales y retirar DIU sin costo alguno. Pero de 2015 a 2018, en Sinkiang aumentó la proporción de nuevos DIU colocados, pese a que el uso de esos dispositivos disminuyó mucho a nivel nacional.
Parecía que la campaña para el control de la natalidad estaba funcionando.
Según los cálculos de Zenz, de 2015 a 2018 cayeron las tasas de natalidad en los condados donde predominaban las minorías. Muchos de estos condados han dejado de publicar los datos sobre la natalidad, pero, con base en las cifras de otros países, Zenz calculó que tal vez las tasas de natalidad en las zonas de las minorías siguieron disminuyendo en 2019 en más del 50 por ciento con respecto a 2018.
El fuerte descenso de la natalidad en la región fue “sorprendente” y claramente en parte resultado de la campaña para reforzar la aplicación de las políticas de control de la natalidad, dijo Wang Feng, profesor de sociología y experto en políticas demográficas chinas de la Universidad de California en Irvine. Pero otros factores podrían ser el descenso del número de mujeres en edad fértil, los matrimonios más tardíos y el aplazamiento de los nacimientos, dijo.
Mientras el gobierno se defiende de las crecientes críticas, ha retenido algunas estadísticas clave, incluidos los datos publicados anualmente a nivel de condado sobre las tasas de natalidad y el uso de anticonceptivos para 2019. Otros datos oficiales para el conjunto de la región mostraron un fuerte descenso de la colocación de DIU y de las esterilizaciones ese año, aunque el número de esterilizaciones seguía siendo mayor que antes del inicio de la campaña.
Según Pekín, la campaña es un triunfo para las mujeres musulmanas de esa región.
“En el proceso contra la radicalización también se ha liberado la mentalidad de algunas mujeres”, decía un informe de enero de un centro de investigación del gobierno de Sinkiang. “Se han ahorrado el sufrimiento de ser presas del extremismo y de ser convertidas en herramientas de reproducción”.
No perdonaron a las mujeres que habían obedecido las reglas, como Sedik. Después de la colocación del DIU, Sedik tuvo fuertes hemorragias y dolores de cabeza. Posteriormente hizo que, de manera clandestina, le retiraran el dispositivo y luego se lo volvieran a colocar. En 2019, decidió que la esterilizaran.
“El gobierno se había vuelto muy estricto y yo ya no podía seguir con el DIU”, comentó Sedik, quien ahora vive en los Países Bajos tras huir de China en 2019. “Perdí toda esperanza en mí misma”.
‘Las mujeres de Sinkiang corren peligro’
Las sanciones por no obedecer al gobierno eran excesivas. Una mujer de la etnia han que violaba las normas de natalidad se hacía acreedora a una multa, mientras que una mujer uigur o kazaja podría ser arrestada.
Cuando Gulnar Omirzakh tuvo a su tercer hijo en 2015, las autoridades de su aldea del norte registraron el nacimiento. Pero tres años después, dijeron que no había respetado el límite de natalidad y que debía 2700 dólares en multas.
Las autoridades dijeron que si no pagaba, la detendrían a ella y a sus dos hijas.
Pidió dinero prestado a sus familiares y luego huyó a Kazajistán.
“Las mujeres de Sinkiang corren peligro”, señaló Omirzakh en una entrevista telefónica. “El gobierno desea remplazar a nuestro pueblo”.
La amenaza de arresto era real.
Tres mujeres le dijeron al Times que en los campos de reclusión habían conocido a otras mujeres que habían sido encerradas por no respetar las restricciones de natalidad.
Dina Nurdybay, una mujer kazaja, dijo que ayudó a una mujer a escribir una carta a las autoridades en la que se culpaba de ser ignorante y de tener demasiados hijos.
Estos relatos están corroborados por un documento gubernamental de 137 páginas filtrado el año pasado del condado de Karakax, en el suroeste de Sinkiang, que revelaba que uno de los motivos más comunes citados para la detención era la violación de las políticas de planificación de la natalidad.
Las que se negaban a interrumpir los embarazos ilegales o a pagar las multas eran remitidas a los campos de internamiento, según un aviso del gobierno de un condado de Ili, descubierto por Zenz, el investigador.
Una vez que las mujeres desaparecían en los campos de internamiento de la región —instalaciones que funcionaban en secreto—, muchas eran sometidas a interrogatorios. Para algunas, el calvario fue peor.
Tursunay Ziyawudun estuvo detenida en un campo de la prefectura de Ili durante diez meses por viajar a Kazajistán. Dijo que en tres ocasiones la llevaron a una celda oscura donde dos o tres hombres enmascarados la violaron y utilizaron porras eléctricas para penetrarla a la fuerza.
Las tres ex detenidas, junto con otras dos que hablaron con el Times, también describieron que se les obligaba regularmente a tomar pastillas no identificadas o a recibir inyecciones de medicamentos que provocaban náuseas y fatiga. Con el tiempo, dijeron algunas de ellas, dejaron de menstruar.
Debido a las estrictas restricciones en Sinkiang, no fue posible el libre acceso a los campos y no pudimos corroborar por cuenta propia los relatos de las mujeres arrestadas con anterioridad. El gobierno chino ha negado de manera enfática todas las denuncias de maltrato en sus instalaciones.
“No puede haber violencia sexual ni tortura”, señaló Xu, el vocero de la región, en una conferencia de prensa de febrero.
Pekín ha querido socavar la credibilidad de las mujeres que han alzado la voz al asegurar que mienten y que tienen malos principios al mismo tiempo que afirma defender los derechos de las mujeres.
‘Todos somos chinos’
Las mujeres no se sentían a salvo ni siquiera en sus hogares. De pronto se presentaban brigadas del Partido Comunista de China y tenían que dejarlas entrar.
Como parte de una campaña llamada “Únete y súmate a la familia”, el partido envía de manera periódica a más de un millón de trabajadores a visitar las casas de los musulmanes y, en ocasiones, a quedarse en ellas. Para muchos uigures, no había mucha diferencia entre los brigadistas y los espías.
A estas brigadas se les encomendaba informar si las familias que visitaban mostraban indicios de “comportamientos extremistas”. En el caso de las mujeres, esto incluía cualquier resentimiento que pudieran tener por los procedimientos anticonceptivos ordenados por el Estado.
Cuando las brigadas del partido llegaron en 2018, Zumret Dawut acababa de ser esterilizada por la fuerza.
Recuerda que, en Urumchi, la visitaron cuatro funcionarios de brigada han que traían yogur y huevos para ayudar a su recuperación. También llegaron equipadas con preguntas: ¿Tenía algún problema con el procedimiento de la esterilización? ¿Estaba inconforme con la política gubernamental?
“Tenía mucho miedo de que si decía algo inadecuado me volvieran a mandar a los campos”, comentó Dawut, madre de tres hijos. “Así que solo les dije ‘Todos somos chinos y tenemos que hacer lo que digan las leyes de China’”.
Pero la mirada inoportuna de los funcionarios se posó también en la hija de 11 años de Dawut, dijo. Uno de los brigadistas, un hombre de 19 años al que se le asignó la vigilancia de la niña, llamaba a veces a Dawut y le proponía llevar a su hija a su casa. Ella pudo rechazarlo con excusas de que la niña estaba enferma, dijo.
Otras mujeres dijeron haber tenido que rechazar las insinuaciones incluso en compañía de sus maridos.
Sedik, la maestra uzbeka, todavía se estaba recuperando de una operación de esterilización cuando apareció su “pariente”, el jefe de su marido.
Se esperaba que ella cocinara, limpiara y lo atendiera a pesar de que le dolía la operación. Y lo que es peor, le pedía tomarla de la mano o besarla y abrazarla, dijo.
La mayoría de las veces, Sedik accedía a sus peticiones, aterrorizada de que si se negaba, él dijera al gobierno que era una extremista. Solo lo rechazó una vez: cuando le pidió que se acostara con ella.
Así fue cada mes, más o menos, durante dos años, hasta que abandonó el país.
“Él decía: ‘¿No te gusto? ¿No me quieres?’”, recuerda. “‘Si me rechazas, estás rechazando al gobierno’”.
“Me sentí muy humillada, oprimida y enfadada”, dijo. “Pero no había nada que pudiera hacer”.
