SANTO DOMINGO.-El vicepresidente para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), periodista Miguel Franjul, presentó ante la Asamblea de ese organismo un informe indicando que aunque no se reportaron agresiones a periodistas, se registraron la denuncia de que el programa del periodista Marino Zapete fue sacado del aire por presiones oficiales contra el propietario de la planta televisora y amenazas recibidas por la periodista de EL DÍA, Teresa Casado, por reportar sobre un caso de narcotráfico.
De igual manera señaló que en el aspecto institucional, éste ha sido un periodo de victorias sucesivas para la libertad de prensa como resultado de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que anuló tres disposiciones legales legales que contenían fuertes penalidades y restricciones al libre ejercicio del periodismo.
Durante su participación ante la Asamblea, Franjul presentó el caso de Marino Zapete, quien denunció que el propietario del canal en el que transmitía su programa “El Jarabe” fue sacado del aire por las presiones ejercidas contra el propietario del Canal luego de que éste se refiriera a que una hermana del Procurador General de la República recibió contratos por millones de dólares por parte del Miniserio de Obras Públicas.
“Al cierre de septiembre, el comentarista de televisión Marino Zapete, uno de los más fuertes críticos del Gobierno, denunció el cierre forzoso de su programa vespertino en el canal 45 de Teleradio América”, indica el informe.
Con relación a las amenazas contra la periodista Teresa Casado, señala que tras ésta recibir las amenazas por su cobertura sobre un caso de narcotráfico, las autoridades dispusieron una protección especial.
A continuación el informe íntegro presentado por Franjul, director del Listín Diario, ante la Asamblea Anual de la SIP que se realiza en la ciudad estadounidense de Miami
Las sentencias anularon disposiciones restrictivas contenidas en las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, aprobadas este año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión de tres hasta 10 años a quienes hiciesen “comentarios negativos” contra partidos, candidatos y figuras políticas, otra calificaba de difamación e injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas.
Al justificar su dictamen, el TC declaró que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo que abre paso a una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general.
El criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al anular el artículo que imponía penas de prisión de tres a 10 años por emitir “mensajes injuriosos” y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad de los candidatos, es que con esta disposición se violaba el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
Esta era una penalidad excesiva que desbordaba la que prevalece en el código penal para los delitos de difamación e injuria, que abarca de seis días a tres meses de prisión, y la que todavía existe en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que va de 15 días a seis meses de prisión.
Del mismo modo, la alta corte anuló por inconstitucional otra disposición legal que prohibía la difusión de propaganda política por radio y televisión, pero no así en los medios digitales, fuertemente objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras.
Con estas tres sentencias, la prensa se libró de los graves riesgos de caer bajo un esquema de censura previa para denunciar actos de corrupción en los que pudiesen estar involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales.
Tras cuatro años de esfuerzos para evitar que quedara impune el asesinato del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015, un tribunal colegiado pronunció condenas de entre 20 y 30 años a los seis acusados de cometer el crimen.
A diferencia de otros períodos, en este semestre no se han registrado actos de violencia contra periodistas. No obstante, la reportera del área judicial del periódico El Día, Teresa Casado, presentó una querella en el ministerio público contra el narcotraficante Sídney Rafael Matías Pérez, tras recibir mensajes amenazadores. La periodista ha estado reportando sobre el expediente que maneja la justicia sobre Matías Pérez, actualmente en libertad condicional. Las autoridades dispusieron una protección especial para la periodista.
Distintos diarios editorializaron sobre las dificultades para recibir información del ministerio de Salud Pública y de los directores de hospitales del Estado sobre víctimas fatales de la epidemia de dengue que azota al país desde hace tres meses, pese a que existe una ley de acceso a la información pública.
Al cierre de septiembre, el comentarista de televisión Marino Zapete, uno de los más fuertes críticos del Gobierno, denunció el cierre forzoso de su programa vespertino en el canal 45 de Teleradio América.
El periodista dijo que su salida del canal fue producto de una presión ejercida ante sus dueños por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, tras las revelaciones de que su hermana presuntamente se había beneficiado de contratos de grado a grado con el ministerio de Obras Públicas por unos 15 millones de dólares. La hermana del Procurador General de la República emplazó a Zapete a presentar las pruebas que dice tener sobre dichos contratos o a retractarse.
“El periodista le respondió presentando en rueda de prensa y en un programa televisivo los documentos en los que él se basó para hacer los señalamientos en cuestión”
