Al responder sobre las denuncias de los abogados de Jean Alain Rodríguez, de que los fiscales juegan a extender el proceso para que el exprocurador siga en prisión preventiva, el fiscal anticorrupción Wilson Camacho manifestó este viernes que «el que tiene sus lágrimas hondas, comienza a llorar temprano».
«Solo voy a decir una cosa sobre ese particular, cuando se presente la acusación de Operación Medusa se podrá ver porque el que tiene sus lágrimas hondas, comienza a llorar temprano», expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ayer, durante una rueda de prensa, la defensa de Rodríguez aseguró que sus cliente se siente en indefensión ante las arbitrariedades, que dijo, comete el Ministerio Público para que no intervengan en la investigación.
Los juristas manifestaron que Pepca está orquestando una trama para, entre otros cosas, que el imputado no tenga acceso a las diligencias investigativas que realizan, extender investigación y así mantener la prisión preventiva más tiempo del debido.
Por otro lado, la audiencia para revisar la medida de coerción de los imputados en el caso Medusa, excluyendo a Jean Alain y Javier Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información de la Procuraduría, fue aplazada para el próximo martes.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvió la audiencia debido a que la defensa de uno de los imputados tiene pendiente un recurso en la Corte de Apelación, que dijo será desistido. Entonces la magistrada fijó la audiencia para el martes a los fines de que se le revise la medida a todos los imputados en conjunto.
Sobre esto, Camacho aseguró que la defensa rehuye al conocimiento de esta audiencia.»Nosotros hemos venido listos a cada una de estas audiencias», expresó.
En julio pasado, la jueza Kenya Romero dictó prisión preventiva contra Jean Alain, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y de Rehabilitación Najayo-Hombres, donde estará acompañado de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Javier Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información; y Alfredo Solano Augusto, quien fue subdirector financiero, también implicados en el caso Medusa.
También impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Mientras que para Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, dispuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
