La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la captura del congresista Jesús Santrich, ex comandante de la disuelta guerrilla FARC, acusado de narcotráfico y cuyo paradero se desconoce desde el 30 de junio.
Santrich pasó a ser prófugo tras incumplir este martes una diligencia de indagatoria en la corte para que responda por un presunto intento de traficar con cocaína después de haber firmado la paz en 2016. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos.
En un auto divulgado a la prensa, el tribunal dictó la medida, que además incluye un pedido a la policía internacional (Interpol) para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición.
Los magistrados explicaron que en un principio privilegiaron el “derecho fundamental a la libertad” del ex guerrillero, pero que ante su “inasistencia injustificada”ahora deberá ser capturado para que se defienda de los cargos de “concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”.
En abril de 2018 Seuxis Paucias Hernández -nombre legal de Santrich- ya había sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos.
Pero en mayo de este año la Corte Suprema dispuso su excarcelación y asumió el expediente del congresista, quien siempre alegó que era inocente y que las acusaciones respondían a un complot de Estados Unidos y la fiscalía colombiana para torpedear la implementación de los acuerdos de paz.
De 52 años y con una aguda deficiencia visual, el dirigente del partido surgido de la firma de la paz abandonó su esquema de seguridad el 30 de junio, y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero.
Asumió como congresista un ex guerrillero con pedido de captura de Estados Unidos
El abogado defensor Gustavo Gallardo afirmó este martes que no sabe los motivos de la decisión de su cliente, pero evocó “razones de seguridad” sobre las que no ahondó.
Santrich, quien llegó al Congreso como parte del pacto que terminó con medio siglo de lucha armada de las FARC, también debe acudir a la justicia especial de paz que investiga los peores crímenes cometidos durante el sangriento y prolongado conflicto.
Si incumple con esa obligación, podría igualmente perder los beneficios jurídicos que le otorga el acuerdo de paz, que condujo al desarme de unos 7.000 ex combatientes.
El caso Santrich ha dado munición a los críticos de la negociación de paz, empezando por el gobierno del mandatario Iván Duque, que denuncian la impunidad que rodea supuestamente los compromisos firmados en Cuba bajo la pasada administración de Juan Manuel Santos (2010-2018).
