SANTO DOMINGO.-Lo que empezó como un ataque contra la jueza de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito durante su evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura ha devenido en una ola de cuestionamientos y críticas al accionar de la Procuraduría contra la magistrada y la revelación de que se pidió una orden para intervenir su teléfono alegando que se trataba de una investigación por un caso de narcotráfico.
La jueza Germán Brito reaccionó ayer recusando al procurador Jean Alain Rodríguez ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para que este se abstenga de participar en lo concerniente a su evaluación, por estimar que violó el reglamento de evaluación.
Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, ARCHIVO
La magistrada considera que esa falta ocurrió cuando sin notificación previa hizo uso de supuestas cartas anónimas para hacer imputaciones sobre sus vínculos con Víctor Díaz Roa, imputado en el caso Odebrecht, cuestionar el origen de sus bienes y tachar como “testaferro” a un hijo de ella que tiene una condición de niño especial, y sacar a relucir imputaciones de un juez que le atribuye haber accionado a favor del narcotraficante Winston Rizik.
En el documento de recusación la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia indica que es “evidente la carencia de objetividad e imparcialidad (del procurador) para realizar una justa evaluación apegada al ordenamiento jurídico, lo cual no se puede tolerar en un Estado de derecho”.
Aclaración
En una inesperada rueda de prensa, la Procuraduría General de la República se refirió a una denuncia que en horas de la mañana había hecho en un programa de televisión el periodista Danny Alcántara, de que se había solicitado a un juez intervenir un teléfono para una investigación de drogas y que el número indicado era el de la jueza Germán Brito.
El inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Bolívar Sánchez, explicó que se hizo esa solicitud porque se estaba investigando a una persona por narcotráfico y que había usado dos identidades luego de simular su muerte.
Señaló que esa persona se comunicaba con el número de teléfono que ellos solicitaron intervenir y que luego ellos se dieron cuenta que era el de Germán Brito, por lo que desistieron de continuar con la intervención.
Bolívar Sánchez reveló que la persona en cuestión es la misma que la jueza dijo en la réplica al procurador, en la sesión del Consejo de la Magistratura, que le había construido su casa en San José de Ocoa, lo que al decir del investigador del Ministerio Público explica el intercambio de comunicación con el número telefónico.
Se trata de una persona identificada como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, quien se suicidó recientemente, tal como también había señalado la magistrada durante su réplica al procurador el lunes pasado.
Además, expresó que fue él quien solicitó la orden de interceptación telefónica y que al establecerse que el número correspondía a la magistrada Germán Brito decidió dejarla sin efecto, “por lo que nunca recibió ningún tipo de información ni registro de llamadas de la magistrada Germán”.
Bolívar Sánchez manifestó que esa persona era investigada por narcotráfico y que había fingido su muerte el 6 de agosto del año 2014 por insuficiencia renal.
La Inspectoría del Ministerio Público volvió tras sus pasos al recibir una denuncia de que este se había dotado de otra identidad con documentos de la Junta Central Electoral, pero se suicidó el día 15 de noviembre del año pasado.
La controversial solicitud de intervención telefónica fue hecha el 24 de noviembre de 2018, nueve días después del suicidio.
La acusación del juez
Al conflicto entre Miriam Germán y el procurador se sumó la denuncia de un juez de la provincia de Santo Domingo que afirma haber recibido llamadas de la jueza de la Suprema Corte de Justicia interesada en el proceso del narcotraficante Winston Rizik.
El juez José Gregorio Bautista Vargas había remitido una carta al procurador en la que le hace imputaciones a Germán Brito y fue una de las tres que leyó Rodríguez en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura el lunes.
A Bautista Vargas le fue cancelada la visa de Estados Unidos por entender que este había favorecido al narcotraficante mientras estuvo apoderado del caso, pero este afirma que actuó correctamente y que se negó a atender requerimientos de Germán Brito para “ver qué se podía hacer” en el caso de Winston Rizik.
El juez Bautista Vargas afirmó que depositó su denuncia ante el Consejo del Poder Judicial para que sea investigada.
