Además de procurar la nulidad o exclusión de varias pruebas recolectadas por el Ministerio Público contra el empresario Ángel Rondón Rijo por presuntamente ser obtenidas de manera fraudulenta, la defensa del imputado fue enfática en reiterar que los procedimientos agotados para el proyecto Punta Catalina, fue el mismo para todas las obras adjudicadas a Odebrecht.
De igual manera citaron varios aspectos constitucionales por los cuales consideran debe ser dictado un auto de No ha lugar en beneficio del empresario, “porque si no hubo irregularidad con Punta Catalina, tampoco lo hubo con las demás obras”.
El abogado Guillermo García dijo que se violó el principio de constitucionalidad relativo a la igualdad ante la ley con respecto al empresario. Afirmó que así como el órgano investigador no sometió a la acción de la justicia a todos los miembros de las comisiones de Hacienda del Congreso Nacional, la Contraloría de la República, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, los ministerios que ejecutaron los proyectos de Odebrecht, los consorciados y supervisores de las obras, asimismo se debió hacer con Ángel Rondón Rijo, toda vez que la empresa brasileña admitió haber pagado sobornos.
Explicó que con la admisión de culpabilidad y pago de una multa de 184 millones de dólares correspondiente al duplo de los 92 millones en soborno, no hay lesividad, ya que Ángel Rondón nunca se ha auto incriminado ni dicho que los recursos que recibió fue para pago de soborno a funcionarios públicos a cambio de favorecer a Odebrecht.
Durante una activa defensa material, Rondón Rijo dijo al juez que él mismo se declarará culpable si el Ministerio Público muestra una sola prueba de visitas a senadores y diputados en el Congreso Nacional o si demuestra que en una de sus empresas manejó siete mil millones de pesos.
‟Todo está a mi nombre. Si tengo un testaferro y me está escuchando que se quede con tó’… no tengo un inmueble en donde yo o parte de mi familia estéˮ, dijo Rondón Rijo.
La defensa del imputado argumentó que el informe de auditoría hecho por la Procuraduría general, no concluye evidenciando la comisión de ilícitos penales ni que haya utilizado interpósitas personas para lavar activos.
