La agente táctico Mabel Calvo López, testigo número diez presentada por el Ministerio Público en el juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, incorporó este jueves varios informes societarios sobre las empresas que, según los fiscales, eran utilizadas por tres de los imputados para lavar dinero ilícito.
Calvo López terminó de declarar sobre los informes que realizó a las empresas Arma SA, de Ángel Rondón; Biogenetik, S.R.L. de Andrés Bautista; y Galán Grullón & Montás, S.R.L., propiedad del exsenador Tommy Galán. En total se han incorporado más de 400 pruebas documentales.
Al ser sometida a los interrogatorios de las defensas de estos tres imputados, la analista del Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio Público respondió igual que los demás analistas. Dijo que no encontró nada ilícito o espurio en las actas de asamblea ordinarias, extraordinarias o en los documentos constitutivos de las compañías.
El imputado Ángel Rondón, luego de hablar este jueves en el juicio.
Sin embargo, ante los cuestionamientos del Ministerio Público, la testigo aclaró que su función era la de redactar los informes societarios de las compañías para hacer que el gran volumen de la información sea “más digerible” para los investigadores del caso de corrupción.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la testigo Calvo López, se incorporó documentación sobre la participación accionaria de Rondón de la empresa Arma SA, que dan cuenta de sus actividades sociales.
Ángel Rondón pidió un turno a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y expresó que “no termina de sorprenderle” la acusación del Ministerio Público. Dijo que Odebrecht vino al país quince años después de constituida esa compañía y en ese sentido “no me explico cómo quince años antes, como si fuera adivino, iba a construir esa empresa para recibir sobornos de Odebrecht”.
El juicio fue suspendido para hasta el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. En ese momento comenzará con sus declaraciones la también analista del Ministerio Público Jissell del Carmen Paulino Cáceres.
La constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado US$92 millones en sobornos en el país. Supuestamte, ese dinero fue repartido a congresistas y otros funcionarios a fin de ser beneficiada con obras estatales. En base a un acuerdo, la empresa se comprometió a colaborar con las autoridades que investigaban los supuestos actos de corrupción.
La investigaciones llevaron al sometimiento de un grupo de funcionarios y empresarios, de los cuales algunos fueron archivados. Actualmente, por el caso están en juicio Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.