SANTO DOMINGO.-Al menos 144 personas se han querellado en el Ministerio Público contra Emmanuel Rivera Ledesma, quien fue arrestado la mañana de este miércoles acusado de encabezar una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
De acuerdo al Ministerio Público, la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, cuando los afectados reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
Mediante la operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde ocuparon evidencias vinculadas al caso.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los miembros de la red que han sido arrestados.
