El mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, nombró a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), les asignaba un sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales con la condición de que estos debían entregar hasta el 80% de esa cantidad al alto oficial.
Según el expediente del Ministerio Público, mediante esta modalidad a los “Policías y militares se les colocaba, de manera fraudulenta, en la nómina de Cestur y el Cusep, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, recibían un por ciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia”.
De acuerdo con el documento, otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondo, era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado. Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta de los imputados.
Ayer, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en la operación Coral, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.
El órgano persecutor solicitó que se declare el caso complejo y presentó un expediente con “más de 200 páginas” de pruebas, según dijo a periodistas la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz dijo que llevan «meses» recabando las pruebas, con el objetivo de presentar un caso con «contundencia» suficiente para que el tribunal de la instrucción conceda la prisión preventiva.
La fiscal no descartó la posibilidad de que en el transcurso de las investigaciones se demuestre que más personas estaban vinculadas a la supuesta corrupción.
La operación Coral llevó el pasado sábado a la detención del general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, y el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que en los allanamientos, fueron incautados «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.
Como parte de la operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.
