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El expresidente brasileño ha denunciado a Brasil por “persecución judicial”
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Ante su inminente entrada en la cárcel, había pedido medidas cautelares
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El Comité de Derechos Humanos las ha rechazado, pero el caso sigue abierto
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Lula, mientras tanto, ingresó en prisión a principios de abril por corrupción
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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha rechazado este martes la petición que la defensa del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva había presentado para exigir a Brasil medidas cautelares que impidieran su ingreso en prisión mientras se estudia la denuncia que hizo en 2016 por presunta “persecución judicial” en el caso de corrupción que le ha llevado a la cárcel.
“Para que se pida a un Estado que se establezcan medidas cautelares se debe demostrar que éste está violando de forma irreparable algunos de los preceptos del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y, basándose en la información que Lula ha aportado al Comité, no ha demostrado que estuviera en riesgo de sufrir un daño irreparable”, ha explicado en declaraciones a Efe una de las integrantes del Comité, Sarah Cleveland.
Los abogados del exmandatario habían solicitado la imposición de medidas cautelares hasta agotar todos los recursos jurídicos posibles y mientras la denuncia se estudiaba en el Comité. Cleveland ha especificado que, aunque el Comité ha rechazado esa petición, Lula puede presentar otra solicitud de medidas cautelares “si entiende que hay nuevos elementos que demuestran que va a sufrir un daño irreparable”.
La Justicia brasileña confirma y amplía la condena por corrupción a Lula da Silva
En cualquier caso, Lula ingresó en prisión el pasado mes de abril, ya que su condena por corrupción en uno de los casos derivados de la trama Petrobras ha sido ratificada en segunda instancia, aunque aún tiene pendientes diversos recursos en instancias superiores.
La Justicia brasileña condenó a Lula a más de doce años de prisión por haber recibido un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a Petrobras.
El proceso sigue adelante
El Comité estudia desde 2016 una denuncia de Lula contra el Estado brasileño por supuesta “persecución judicial”. No obstante, ante la inminente entrada en la cárcel del exmandatario, sus abogados presentaron una solicitud de medidas cautelares, que el Comité ha rechazado, un extremo que este mismo martes ha sido trasladado a los letrados del expresidente y al Gobierno brasileño.
La cuestión de fondo sigue aún pendiente y Clevaland ha subrayado que la negativa a reclamar medidas cautelares “no tiene nada que ver” con la demanda original de Lula, “que aún debe ser estudiada”. En este sentiudo, ha recordado que, dados los plazos establecidos para que todas las partes puedan expresar sus argumentos, “está claro que una decisión final no saldrá en 2018”.
Lula ingresa en la prisión de Curitiba
Las observaciones de demandante y demando deben ser comentadas por la parte contraria, en un proceso que puede repetirse en varias ocasiones. A la luz de esos argumentos, el Comité evaluará de forma conjunta si puede admitir a trámite la demanda, así como el fondo de la misma.
Además de verificar periódicamente que los Estados cumplen con los acuerdos suscritos, el Comité de Derechos Humanos es competente para examinar quejas individuales contra ellos, siempre que el Estado denunciado haya ratificado el primer protocolo adicional al Pacto. Esas quejas deben estar directamente relacionadas con la violación por parte del Estado de los derechos y libertades protegidos.
De cualquier forma, las decisiones del Comité no son vinculantes y un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones de medidas cautelares.
