PUERTO PRÍNCIPE. — La Policía Nacional haitiana intentaba expulsar a una pandilla poderosa que ha rodeado una central clave de combustibles en Puerto Príncipe desde hace casi dos meses.
No quedó claro de momento si las fuerzas gubernamentales lograron retirar el bloqueo, que ha sido devastador para la economía.
En un mensaje de voz por correo enviado a The Associated Press, el jefe de policía Frantz Elbé felicitó a los agentes que participaron en la operación para expulsar a los miembros de la pandilla G9, dirigida por Jimmy Cherizier, un expolicía apodado “Barbecue”. La pandilla exige la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
El jueves hubo un tiroteo en la zona que resonó en toda la capital. En principio no estaba claro si hubo muertos o si se había expulsado totalmente a la pandilla del lugar. “Ganamos una pelea, pero no ha terminado”, afirmó Elbé.
Voceros de la policía y de la oficina de Henry no respondieron de momento a los pedidos de declaraciones. Las radioemisoras locales dijeron que reinaba la calma en la zona donde se encuentra la terminal de combustibles. La falta de combustible ha obligado al cierre de gasolineras.
Los hospitales no han podido ofrecer servicios críticos en medio de un brote de cólera que ha matado a decenas de personas y afectado a miles.
La situación ha alarmado a gobiernos extranjeros, que en semanas recientes han enviado ayuda a la Policía Nacional, incluso vehículos blindados para combatir a las pandillas, las cuales han incrementado su poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Hasta ahora, los gobiernos extranjeros no han respondido al pedido de Henry de envíos de tropas. Hace dos semanas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige el fin inmediato de la violencia y la actividad criminal en Haití y sanciona a Cherizier con prohibición de viajar, congelamiento de bienes y embargo de armas.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el viernes sanciones al presidente del Senado haitiano y a un exsenador ante denuncias de que abusaron de sus puestos a fin de traficar drogas en colaboración con las pandillas y de que alentaron a otros a ejercer actos de violencia.
