Un nuevo ingrediente se ha sumado a la historia sobre la propiedad del terreno del Palacio Nacional, relativo a su propietario original y la forma en que pasó a manos del Estado dominicano a principios del siglo XX.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se ha dispuesto a registrar el terreno de la mansión presidencial para conseguir un certificado de título definitivo bajo el entendido de que una parte no cuenta con título alguno y la otra fue declarada de utilidad pública por el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Esto ha generado el disgusto de los bisnietos y tataranietos de Pedro Antonio Lluberes Saviñón, el hombre que donó el solar al Estado en el año 1907 para construir la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Carlos Lamarche y Rafaelina Lamarche, tataranietos, y Leo Lamarche Lluberes, bisnieto, cuentan la historia según la cual su familia fue enajenada de esos terrenos de manera irregular por 115 años.
Narran que todo comenzó cuando Pedro Antonio Lluberes Saviñón, hombre rico en tierras, fundador de Gazcue, decidió donar una porción conocida como La Generala al Estado en el año 1907 para trasladar allí la Universidad Santo Tomás de Aquino. Lluberes Saviñón había comprado esa propiedad a Casimiro de Moya.
En una parte de sus propiedades reservó un espacio para construir la urbanización “La Aguedita”, en honor a su esposa Agueda Rosa Saviñón Bona, con 14 casas para cada uno de sus hijos, donde hoy se encuentra el Colegio del Apostolado en la Bolívar.
El terreno donado al Estado se llamaba La Generala porque desde inicios de 1800 ahí se encontraba la estancia de Josefa del Monte Pichardo, viuda de Juan Sánchez Ramírez, comandante de la batalla de Palo Hincado.
En el solar nunca se construyó la universidad, hasta que los Estados Unidos invadieron la República Dominicana y construyeron ahí el edificio de la Colecturía General de Aduanas. Cuando se retiraron los norteamericanos en el año 1924, el nuevo presidente Horacio Vásquez mudó allí la casa de Gobierno.
Trujillo demolió la residencia y construyó el Palacio Nacional actual desde 1943 hasta el 1947. Lamarche argumenta que, aunque Trujillo declaró 43 mil metros cuadrados de utilidad pública por decreto, de los 70 mil totales, nunca se completó la transacción para adquirirlo y que de eso no hay ningún cheque de prueba. La parte restante del terreno es la que el Gobierno sanea, ya que no estaba a nombre de nadie.
Los descendientes de Pedro Antonio Lluberes Saviñón se amparan en que los terrenos nunca fueron utilizados para el propósito que fueron donados, lo cual, según el Código Civil dominicano, revocaría la donación.
El artículo 953 dice que: “La donación entre vivos no podrá revocarse, a no ser en el caso de no ejecutarse las condiciones en que se hizo, por motivo de ingratitud o de nueva descendencia”.
Carlos Lamarche afirma tener en su poder un manuscrito en el que el propio Pedro Antonio Lluberes Saviñón solicitaba al Gobierno su devolución. Dice que su tía Altagracia Lluberes Herrera conversó con el expresidente Joaquín Balaguer sobre el tema, quien supuestamente le pidió que “dejara eso así”.
