«Ladrones, ladrones, ladrones». De esa manera, los propietarios del proyecto Playa Turquesa Ocean Club, ubicado en la Avenida Alemania, Bávaro – Punta Cana, catalogan a los administradores, alegando que «tienen años robando», por lo que exigen el cambio de gerencia.
Los dueños del lugar se unieron para reclamar por una nueva administración, por lo que ordenan se celebre una Asamblea para elegir a los nuevos administradores, sin embargo, los encargados actuales no quieren entregar el cargo.
Luego de luchar con los agentes de seguridad, la prensa ingresó al complejo para conocer la situación, donde los inquilinos y propietarios señalan que los administradores están mal gerenciando las finanzas, destacando que, dependiendo del apartamento, pagan entre 550 y 600 dólares mensuales de mantenimiento siendo propietarios.
Según los propietarios, desde hace dos años no se realiza una Asamblea, por lo tanto, están «tratando de buscar una salida porque hay una disputa por la forma en que los administradores actuales están llevando las finanzas», precisó José Santana, dado a que «uno de los problemas que hay es que no nos dan datos confiables, ni números que se puedan analizar que al extremo han pasado más de dos años donde no se ha podido realmente hacer una Asamblea de Propietarios como manda la ley».
Asimismo, indican que los administradores quieren anular la Asamblea cuando «los compradores e inversionistas, y muchos de ellos residentes, equivale al día de hoy a un 54% de los votos».
Propietarios se tuvieron que desplazar desde Estados Unidos, España y Santo Domingo debido a que «nos hemos encontrado con un alguacil que ha impugnado un poder que tenía la administración desde hace más de una semana y esperan hasta el día de hoy para decir que el poder no está bien», relató Edwar Ester, precisando que la situación tendrá que tomar un camino judicial.
El actual administrador del proyecto es el italiano Leandro Crocci, de Inmobiliaria 40 S.A, quien había sido demandado por ofrecer datos falsos al registro mercantil, en violación a los artículos 24 de la ley 3-02 de Registro Mercantil, sancionado por los artículos 147, 150, del Código Penal Dominicano en perjuicio de los sucesores del finado Domingo de la Cruz. en el 2017 por los documentos falsificados en Cueva Taína.
