Perú se ha convertido en el segundo país de América Latina con más contagios por coronavirus después de Brasil. La tendencia no se ha contenido y el país registra más de 6.000 casos al día. Hasta el domingo eran 164.476 los infectados y las muertes superaban las 4.506. La emergencia sanitaria ha desbordado los hospitales y la gestión de las autoridades. El primer ministro, Vicente Zeballos, reconoció esta semana que los insumos de protección para el personal sanitario son insuficientes y que el Estado tiene dificultad para identificar a qué ciudadanos subsidiar en medio de la pandemia.
La primera semana de abril, cuando se cumplía un mes desde la llegada del coronavirus a Perú, varios médicos de hospitales públicos compartían por Whatsapp Todo es precario, una canción del cantante limeño Rafo Ráez que expresaba lo que sentían al acudir a trabajar. Mes y medio después, otro tema transmite el mensaje de los que se sienten abandonados en medio de la pandemia: Demolición, del grupo de garage rock de los sesenta Los Saicos. Lo mencionó el jueves Andrés Campana, un médico que trabaja en el servicio rural de salud de un centro de la sierra de Piura, al norte del país. Este profesional sanitario se sumó al SOS lanzado por buena parte de su colectivo.
En Perú, los hospitales públicos pertenecen al Ministerio de Salud, al seguro social Essalud, a las direcciones regionales y a la sanidad de las fuerzas armadas y policiales. El colapso afecta a todos, salvo en las regiones andinas de altura -donde hay menos contagios y, por tanto, menos muertes-. Uno de los casos más graves se da en el Hospital Negreiros del Callao, cuyos médicos reportan cada semana en Twitter la cantidad del personal contagiado, incluidos los vigilantes y trabajadores de limpieza. Hace tres semanas eran 64, el domingo último: 133. Es también el establecimiento donde falleció, el 23 de marzo, el primer trabajador de salud diagnosticado con covid-19: una especialista en obstetricia. Essalud aclaró en ese momento que fue por una hemorragia cerebral. Según el personal sanitario, el establecimiento entró con mal pie al inicio de la pandemia.
“En octubre se diagnosticó en la emergencia del hospital una epidemia de tuberculosis intrahospitalaria: seis dieron positivo. Cerraron ambientes, no la dotaron de aire. Al no haber circulación de aire, médicos, médicos en formación -residentes-, enfermeras y técnicos dieron positivo a TBC, continuó la infección hasta diciembre. El área no fue fumigada”, relata un profesional cuyo nombre reserva para evitar represalias.
“Luego cerraron el área de cuidados intermedios: en esas condiciones llega la epidemia de la covid-19. Poco después, muere una obstetra por un aparente derrame cerebral, pero que dio positivo al virus. Hoy sabemos que las características neurológicas de la enfermedad incluyen un derrame. Este fallecimiento generó el cierre de la sala de operaciones en ginecología, y enviaron a los anestesiólogos, médicos neonatólogos y ginecología a un policlínica pequeñito, donde tampoco hay sistema de circulación de aire, ubicado al lado del hospital. Allí hay hacinamiento”, describe.
Según los sanitarios, la capilla del hospital Negreiros se convirtió en la sala para pacientes covid-19, y las urgencias se dividieron en un área dedicada a la covid y otra a las demás emergencias. Pese a que hoy hay tres entradas al Hospital Negreiros, no les toman la temperatura al ingresar, ni hay suficientes pruebas al personal. “Nadie se fija si estamos entrando por una zona covid o no. No hay una señalización clara, nadie dice échate alcohol en gel”, agrega la fuente. Ante el incremento del personal enfermo, el hospital contrató a cinco médicos para cuidados intensivos. “Pero renunciaron por la cantidad de pacientes que tenían que atender y porque no se cumplían las normas del tiempo necesario para cada enfermo”, relata el empleado.
Varios trabajadores del establecimiento comparten sus mensajes en un chat llamado “personal sin EPP”, es decir, los que tienen que comprar con su propio dinero los equipos de protección personal. “Es muy complicado, el personal se ha comprado lentes, mascarilla, respiradores, protectores faciales. La institución debería preocuparse por proporcionarnos los mandiles, el protector de zapatos, gorro o ropa descartable, pero tampoco nos los brinda o no alcanza. Algunos días uno ve a colegas con la chaqueta descartable, otros días con el pantalón. Los principales contaminadores del hospital somos nosotros mismos al desplazarnos: tenemos una contaminación cruzada muy seria”, asegura este profesional. Algo adicional: el tanatorio está a un metro de la emergencia.
Pacientes a la intemperie
Cerca del centro de la capital se ubica el Dos de Mayo, descrito por una antigua empleada administrativa como “el hospital adonde los pobres van porque saben que allí hay buenos médicos”. Desde abril, el personal ha realizado dos plantones por varias carencias, la falta de medios de protección de bioseguridad es una de las principales. En el Dos de Mayo, el personal también protestó porque el ministro de Salud, Víctor Zamora, ofreció en abril eliminar los contratos por tercera a los médicos que atienden en la emergencia covid-19. En esa modalidad carecen de seguro, vacaciones, y cualquier derecho laboral, pese a las duras condiciones en que trabajan en la pandemia. Pasado un mes, un 30% de médicos aún sigue en esa condición.
Por falta de ambientes adecuados y por la gran cantidad de pacientes que recibe el Dos de Mayo, hace más de un mes atienden en toldos en el estacionamiento.“La cantidad de pacientes en carpa y triaje [clasificación de pacientes] ha aumentado considerablemente, los pacientes están hospitalizados en la intemperie bajo las carpas sin paredes y otros traen su colchón, silla de ruedas y oxígeno para ser recibidos porque el hospital ya no cuenta con camas ni oxígeno. El frío de este invierno se hace insoportable para los pacientes”, informa un médico del Dos de Mayo a EL PAÍS. “Las mascarillas de protección están muy escasas, están entregando unas mascarillas que no cumplen las especificaciones técnicas”, añade,
La situación en los hospitales de las regiones con mayor letalidad -Piura, Lambayeque, Loreto y Ucayali- es peor o similar. En todas faltan respiradores, en todas faltan camas y médicos de cuidados intensivos. Las primeras donaciones de plantas de oxígeno procedieron de iniciativas de párrocos en Iquitos y en Piura. En Ucayali, estudiantes de medicina hacen una campaña en Facebook para recaudar dinero y donar implementos de bioseguridad a los médicos que a la vez son sus profesores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Ya han visto morir a varios de sus maestros que se infectaron atendiendo a pacientes de la covid-19.
La gestión política de la emergencia
El Gobierno de Martín Vizcarra fue uno de los primeros en establecer en la región la cuarentena y el toque de queda, y anunció en abril subsidios para los pobres y trabajadores independientes. Luego de semanas de reclamos, anunció un “bono agrario” y otro llamado “universal” para asistir a personas a quienes no identificó como merecedores de los dos primeros.
Sin embargo, pasados dos meses y medio de paralización de la economía, y con una afectación mayor a los trabajadores informales (cerca del 70% del mercado laboral antes de la pandemia), dichos subsidios no alcanzan ni han sido correctamente orientados. Cientos indican que resultaron beneficiados y no los necesitaban, y otros miles reclaman que lo requieren. En ese clima de insatisfacción, la prensa local difundió la semana pasada que el Ministerio de Cultura contrató por 8.700 dólares a una persona cercana al presidente Vizcarra para dar charlas de motivación a empleados de ese sector durante la emergencia sanitaria. Ante el escándalo, el Ministerio anuló el contrato pero no aclaró si ya le había pagado. Las críticas persistieron y la noche del viernes el mandatario aceptó la dimisión de la ministra Sonia Guillén.
Por otro lado, el virus ha llegado a los pueblos indígenas de la Amazonía, una de las regiones más vulnerables del país. Los llamados de auxilio más dolorosos vienen de los apus -jefes indígenas-, quienes describen a su comunidad con síntomas y puestos de salud sin medicamentos, poco personal y sin indumentaria de protección. Ello también había llevado a congresistas y representantes de la sociedad civil a pedir la renuncia de Guillén.
Este jueves, el primer ministro, Vicente Zeballos, fue al Congreso a pedir el voto de investidura para el gabinete y la política general del Gobierno, un trámite que la pandemia dejó pendiente luego de que el nuevo Parlamento se instalara en marzo. “Todos somos conscientes de que nuestros servicios de salud no han ido creciendo ni implementándose de acuerdo con las necesidades y el crecimiento de la población. Parte de ese deterioro se ha reflejado en la falta de los equipos de protección personal (EPP). La falta de EPP ha sido y sigue siendo un problema del cual no somos ajenos, pero estamos abocados para lograr una solución lo más pronto posible”, dijo Zeballos.
Fue una declaración distinta a los meses previos, cuando el Gobierno aseguraba que distribuían implementos suficientes y de calidad a los trabajadores sanitarios. En el hemiciclo casi vacío, pues la mayoría de los congresistas participaban vía una plataforma virtual, el primer ministro también acusó recibo de las críticas a los subsidios que no llegan a los que han quedado sin sustento. “Somos conscientes de las limitaciones que tiene el Sistema de Focalización de Hogares y de la falta de una efectiva inclusión financiera. Son parte de los problemas del Estado que tenemos que resolver en el corto plazo”, expresó Zeballos.Durante el debate parlamentario, todas las bancadas se han cebado en las deficiencias de la gestión de la emergencia y la crisis económica, así como en la educación remota que no llega, por falta de electricidad o de señal de internet, a zonas rurales y amazónicas. “¿Cómo entender que nuestros hijos caminen de cerro en cerro buscando internet para aprender algo?”, reclamó Kenyon Durand, representante de la región andina de Huancavelica.
