El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York redistribuyó este miércoles un comunicado de prensa en que destaca “La solución definitiva de todas las controversias existentes hasta la fecha” con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Según el comunicado, esa solución se alcanzó tras arribarse a un acuerdo que “logró reducir” a US$395 millones el monto reclamado por el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, como pago adicional para la construcción de la Termoeléctrica Central Punta Catalina.
El comunicado de prensa es distribuido a nombre y por encargo de ese consulado, por la firma Rubenstein Public Relations, de Nueva York, que es donde se destaca que mediante el pacto se alcanza “la solución definitiva de todas las controversias existentes hasta la fecha”.
Al finalizar el 2019, la deuda del sector público no financiero ascendió a US$35,942.5 millones, superior en US$1,714.6 al monto estimado a septiembre del mismo año. Un crecimiento de 5% en tres meses.
Pero el 17 de marzo del presente año, fecha de la primera distribución del comunicado, a ese monto de la deuda se le sumaron otros US$395 millones, sin el país recibir nada a cambio, y en medio de la pandemia del COVID-19, para lo que el país necesitará todos sus recursos para combatirla.
Para ese día la curva de devastación del COVID-19 iniciaba su ascenso exponencial, que hasta el miércoles pasado ha llevado a que los contagios contabilizados y confirmados en el país asciendan 2,111 personas, mientras que las muertes alcancen las 108. Y ambos conteos siguen creciendo día a día como una apisonadora que amenaza y marchita a la vida humana, al sistema de salud y a la economía.
El COVID-19 y la economía
Por efecto de la pandemia, 39,547 empresas en República Dominicana han solicitado la suspensión de los contratos de trabajos de sus empleados, y eso sigue creciendo. Y por la misma razón, antes se suspendieron las operaciones de los hoteles turísticos por efecto del cierre de las fronteras del país por aire, mar y tierra, por cauda de la pandemia.
Y en medio de una crisis económica nacional y global, sin parangón en la Historia Universal, caen las recaudaciones fiscales del Estado dominicano como resultado de la parálisis económica, y cuando más se necesitan para impulsar políticas anticíclicas.
En el texto del comunicado del Consulado Dominicano se recuerda que ese acuerdo se alcanzó a través de mediación internacional en la ciudad de Nueva York, de conformidad con las reglas de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), que tuvo lugar en varias sesiones celebradas entre los meses de enero y marzo de 2020.
Desde Nueva York, una ciudad devastada por el COVID-19, con más de 138,800 contagios confirmados, y con un conteo de muertes contabilizadas de 5,489 personas, también hasta el miércoles pasado, según medios internacionales.
Y desde esa ciudad estadounidense, el Consulado General de la República Dominicana explica en su comunicado que de los US$395,5 millones acordados con Odebrecht para “resolver dichas disputas”, el Gobierno dominicano sólo estará obligado a desembolsar US$59.5 millones.El fondo contingente
Esto es así, según el Consulado, porque existe un fondo contingente de US$336 millones, creado en junio de 2018 “para asegurar la continuación de las obras”, el cual se acreditará al pago de la cantidad total de US$395.5 millones acordada.
En otras palabras, aparentemente, el Consulado no califica el cobro de US$336 millones como un “desembolso” que debe hacer el país, y, por tanto, también aparentemente, ni como un costo.
Pero según la Real Academia de la Lengua Española, un desembolso consiste en la “acción de pagar o entregar una cantidad de dinero, generalmente en efectivo y al contado”.
Y el dinero sale de los contribuyentes dominicano, aunque la Real Academia no lo incluya literalmente en su definición de “desembolso”, porque por evidente y particular, no es necesario.
Esto significa que “desembolsado” o no, por efecto de ese acuerdo, el país pagará 395.5 millones de dólares, de la siguiente manera: inmediatamente los US$336 millones del Fondo Contingente, “que se creó originalmente en junio de 2018 para asegurar la continuación de las obras”, y que estaba sujeto a la resolución de la disputa.
Los restantes US$59.5 millones gradualmente, “en la medida en que el Consorcio complete, dentro de ciertos plazos, las obras restantes a las que dicho pago haya sido objeto, incluida la realización con éxito de las pruebas necesarias para poner en funcionamiento final la Unidad 2 de la Central Punta Catalina”.
En el comunicado de prensa se promete que ese acuerdo permitirá al Gobierno dominicano aprovechar el máximo potencial de generación de las dos unidades generadoras de energía del CTPC, que representan entre el 30% y el 35% de la demanda suministrada a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Y se afirma que, durante su fase de pruebas, la Central Punta Catalina ha facturado 163 millones de dólares, a precios muy inferiores a los precios del mercado al contado.
Entre enero y febrero del presente año, el total de inyecciones de energía de la unidad número uno de la Central Punta Catalina fue de 222.7 MWh. Mientras que la de la unidad número dos fue de 39.2 MWh, según el informe mensual de Transacciones Económicas que publica el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana (SENI).
El 7 de mayo de 2018, Participación Ciudadana, que es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó el documento titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune”.
En ese informe se destaca que dentro de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en República Dominicana, la Termoeléctrica Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la inversión pública envuelta en el mismo, como por el significado político que le ha asignado el presente Gobierno, y en cuanto a las promesas sobre su contribución a la solución del problema eléctrico del país.
Otro sobrecosto, pero no el último
El 18 de marzo, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, declaró en una rueda de prensa en el Banco Central, que tras un acuerdo entre el consorcio que construyó la central eléctrica y el gobierno dominicano, el costo Central quedó en 2,440 millones de dólares, lo que incluye US$395 millones. Eso representa un incremento de US$495 millones, con relación al precio del contrato. Un 25.4% más.
Mientras que Antonio Almonte, Ingeniero nuclear y director de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno, estima que los US$395.5 millones que debe pagar el país, solo viene a completar la suma de 823.4 millones de dólares, “que es el sobrecosto total pagado a Odebrecht adicional a los 1,945 millones contratados originalmente”.
Y estima que la Central le costará a los contribuyentes dominicanos un total mínimo de US$3,322 millones, al agregársele las inversiones “hechas directamente por la CDEEE en Punta Catalina, al margen del contrato con Odebrecht”.
Dice un conocido refrán que “en el reino de los ciegos el tuerto es rey”. Y en un proyecto financiado con fondos públicos, donde la virtud de la información veraz y oportuna escasea, Almonte realiza sus estimaciones que, de confirmarse, representaría un sobrecosto de US$1,377 millones, equivalente al 78.7% del monto contratado para la construcción de la Central de Punta Catalina.
