La polémica se abre paso tras la trágica explosión en un complejo petroquímico en Tarragona

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La polémica no ha tardado en abrirse paso tras las explosiones que se produjeron el martes en un complejo petroquímico de Tarragona, en el noreste de España, un trágico episodio que ha dejado dos muertos y ocho heridos, uno de ellos en estado crítico y otro muy grave.

La deflagración se produjo, por razones que aún no están claras, en un tanque de la empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno. En los alrededores del complejo petroquímico, el segundo mayor de Europa, que alberga otras instalaciones peligrosas, viven trescientas mil personas. Una de las víctimas falleció tras entrar una bola de fuego en su edificio, situado a varios kilómetros de distancia. Líderes vecinales como Ángel Juárez, presidente y fundador de Mare Terra Fundación Mediterrània, que lleva décadas denunciando las lagunas de seguridad en la zona, creen que la tragedia pudo ser mucho mayor:

“Si a cinco kilómetros de la empresa accidentada llegó un proyectil de la explosión, un trozo directamente, imaginaos lo que podría ocurrir en otros casos en los que la explosión pueda ser mucho más grave. Estamos viviendo cerca de un polvorín”, explica.

Aunque las autoridades ordenaron inmediatamente el confinamiento de hasta siete municipios y después descartaron que se produjera una nube tóxica, las sirenas de alarma permanecieron mudas y el pánico se apoderó de miles de vecinos que no sabían a qué se enfrentaban:

“El problema es que hay mucho miedo a la transparencia, al alarmismo, a que la gente pueda entrar en pánico, cuando realmente están equivocados: el pánico comienza cuando no hay información correcta o cuando hay una falta de credibilidad”.

Ángel Juárez, que ha interpelado en numerosas ocasiones a las autoridades para que se mejoren los protocolos de actuación en estos casos, recuerda que no es la primera vez que ocurre un accidente en este complejo. Además, añade que a los fallos del sistema de alerta se suman riesgos ligados al funcionamiento de las propias empresas petroquímicas, como la reducción del personal, el alargamiento de los turnos o la falta de especialización de las subcontratas.