El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien este viernes salió de prisión, afronta nueve procesos abiertos en la Justicia, en dos de ellos ya fue condenado y todos están relacionados con casos de corrupción.
El jueves, la Corte Suprema declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada en segunda instancia y antes de que se agoten todos sus recursos en la Justicia, lo que abrió la puerta de la cárcel a Lula, que estaba preso desde hacía 1 año y 7 meses.
El exmandatario, que asegura ser víctima de una ‘persecución judicial y política‘, estaba en prisión desde abril de 2018.
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se le acusaba de obstrucción a la Justicia por intentar comprar el silencio del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró para evitar que informara sobre la red de desvíos en la petrolera.
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A continuación, los nueve procesos en los que Lula está imputado:
Condenado el 12 de julio de 2017 a 9 años y 6 meses por el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Esa sentencia fue ratificada y aumentada por un tribunal de segunda instancia hasta las 12 años y 1 mes. Agotados los recursos en dicha corte, Moro decretó su ingreso en prisión.
La condena fue disminuida en tercera instancia a 8 años y 10 meses, y aún tiene que pasar por el análisis de la Corte Suprema.
En este caso, la Justicia dio por comprobado que Lula recibió sobornos a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento de tres plantas en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
Condenado a 12 años y 11 meses por la jueza de primera instancia Gabriela Hardt, sustituta temporal de Moro.
En este caso, es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que tres constructoras, entre ellas OAS y Odebrecht, realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo, pues está a nombre de un amigo suyo.
No obstante, el caso está siendo revisado por la justicia por cuestiones técnicas y procesales, que podrían anular dicha condena y devolver el proceso a la parte de alegaciones finales.
Un juez de Brasilia aceptó en noviembre del año pasado una denuncia contra Lula y la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), acusados de integrar una supuesta red corrupta dentro del PT.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados integraban ‘hasta el año de 2016’ una ‘organización criminal’ como miembros de la formación progresista al recibir millones de dólares en sobornos.
La Fiscalía pidió en octubre pasado que absolviera a los exmandatarios con base en que no se verifican ‘los elementos que configuran esa organización criminal’, pero el juez aún no se ha pronunciado.
En el primer proceso que responde en Sao Paulo, Lula es acusado de haberse valido de su influencia para interferir en decisiones del Gobierno de Guinea Ecuatorial con el objetivo de favorecer los negocios del grupo brasileño ARG en el país africano.
Según la Fiscalía, el exgobernante recibió un millón de reales (unos 250.000 dólares) de esa empresa como compensación, que fue supuestamente disimulada en forma de donación para el Instituto Lula.
Según la acusación, recibió sobornos de Odebrecht a través del exministro Antonio Palocci, también implicado por el caso Petrobras y quien decidió cooperar con la Justicia.
El dinero habría servido, de acuerdo con el Ministerio Público, para comprar un terreno para el Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo.
Está acusado del cobro de sobornos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la constructora con créditos de entidades públicas que facilitaran la adjudicación de contratos en Angola.
En julio de este año un juez retiró parte de las acusaciones.
La Fiscalía lo acusa de interceder ante su sucesora, Dilma Rousseff, para mantener un incentivo fiscal para empresas automotrices a cambio de presuntos sobornos.
También fue acusado en la misma denuncia de usar su influencia para que el Gobierno atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza.
Acusado de firmar un decreto, a cambio de supuestos sobornos, en favor de empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios.
Un juez de Brasilia aceptó una nueva denuncia en junio de este año contra Lula, en otra causa relacionada con el presunto pago de sobornos de Odebrecht.
La Fiscalía sostiene que Lula y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo Silva habrían aceptado en 2010 el pago de sobornos por valor de 40 millones de dólares, a cambio de aumentar, en beneficio de la constructora, la línea de crédito del banco de fomento brasileño para financiar proyectos en Angola.
