Puigdemont se entrega a la justicia belga, que le deja en libertad vigilada

Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers instalados desde hace una semana en Bélgica fueron interrogados ayer y puestos en libertad con medidas cautelares casi quince horas después por un juez de instrucción de Bruselas, en cumplimiento de la euroorden remitida por la justicia española, informaron anoche fuentes de la Fiscalía. Deseosos de demostrar su anunciada disposición a “colaborar plenamente con la justicia belga”, se presentaron ayer a las 9.17 horas de la mañana en la comisaría de la policía federal belga en la rue Royale de Bruselas. Podían haber esperado a que les detuvieran pero evitaron ser fotografiados en esa situación personándose voluntariamente.

Así lo habían pactado la víspera, a través de sus abogados, después de que Bélgica diera acuse de recibo al mandato europeo de detención y entrega cursado contra los miembros del depuesto Govern que el jueves eludieron declarar en la Audiencia Nacional por sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación que les imputa la justicia española, explicó el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe.

Puigdemont y los consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret fueron trasladados poco antes de las dos de la tarde a la sede de la Fiscalía federal en coches policiales camuflados (no iban esposados, explicaron fuentes judiciales). Testificaron hasta alrededor de las nueve de la noche, ante un juez de instrucción que tenía 24 horas de plazo para fallar no sobre el fondo del asunto sino sobre si era necesario o no mantenerlos en prisión preventiva. Su conclusión fue que el riesgo de fuga no era significativo y que pueden seguir en libertad con condiciones: entrega del pasaporte, domicilio fijo y mantenerse a disposición del juez en el país hasta nueva orden.

Mientras tanto, las instancias judiciales belgas pertinentes examinarán su petición de transferencia a España. La decisión no debe darse por segura a la vista de la diferente tipificación en el código penal belga de los delitos que se les imputa. La defensa insiste además en que sus derechos fundamentales no están garantizados en España. La decisión final sobre la eventual entrega a España debe tomarse antes de 60 días aunque en casos excepcionales podría alargarse hasta 90 días.

“Quizás por consejo de sus abogados”, todos han elegido el neerlandés –y no el francés, la lengua más hablada de Bruselas y la que algunos de ellos hablan– como lengua de los procedimientos judiciales, explicó Dejemeppe. Ambos idiomas son oficiales en la capital belga y es posible elegir la lengua en que se desarrollará el proceso. “Es un derecho” del acusado, que se expresa a través de intérpretes, y una forma de “respetar y facilitar el trabajo de su abogado”, afirman en el entorno de Puigdemont, que ha optado por un letrado flamenco ante la interpretación generalizada de que se han elegido el neerlandés como lengua procesal para dar con un magistrado quizás con más sensibilidad hacia la cuestión catalana.

La decisión final sobre su traslado a España está en manos de los jueces, en teoría sin interferencias políticas,como ocurría antes de la creación de la euroorden, con los antiguos procedimientos de extradición. “No hemos hablado con ningún ministro, ni de Bélgica ni de España, ni con ninguna autoridad”, insistió el citado portavoz. La presión política en torno al caso, sin embargo, aumenta por momentos.