CHILPANCINGO, México — Su campaña había empezado hace apenas unas horas cuando llegaron las primeras amenazas. Siguieron por medio de mensajes de texto y llamadas con una voz desconocida al otro lado del teléfono.
El mensaje era el mismo: salte de la contienda o te mueres.
Abel Montúfar se mantuvo desafiante; su hermano recuerda que les dijo a quienes lo amenazaban: “No les tengo miedo”. El 8 de mayo, nueve días después del inicio de la campaña en el estado de Guerrero, en la costa pacífica de México, su cuerpo fue encontrado en el asiento trasero de un vehículo estacionado.
El asesinato de Montúfar se mantiene impune, pero sus familiares están seguros de quiénes son los responsables: los criminales y grupos delincuenciales que respaldan a un aspirante rival al cargo.
Los mexicanos votan este domingo por un nuevo presidente y elegirán más de 3400 cargos locales, estatales y federales; es la elección con mayor cantidad de puestos en juego en la historia. Y quizá también la más sangrienta en la historia reciente del país.
Montúfar es uno de los al menos 136 políticos y operadores políticos que fueron asesinados en México desde el otoño, de acuerdo con la firma de análisis de riesgo y consultoría Etellekt. Más de un tercio eran candidatos o precandidatos; la mayoría buscaba cargos locales. Otros eran oficiales de partido, personas ya en un puesto electo y trabajadores de campaña.
De cara a la jornada electoral, buena parte de la atención se ha centrado en el posible resultado presidencial. Pero para millones de personas que viven en las zonas más violentas del país, el mayor impacto en su vida diaria será el resultado de las elecciones locales.
Y los grupos de delincuencia organizada parecen haber determinado ya cuáles serán esos resultados.
“Nadie ha hecho más campaña que ellos en esta elección”, dijo Alejandro Martínez, oficial de alto rango del Partido de Acción Nacional (PAN) en Guerrero, uno de los estados más violentos y empobrecidos de México.
Decenas —si no es que cientos— de candidatos dejaron la contienda porque temían por sus vidas. Algunos partidos no han encontrado a nadie dispuesto a postularse para ciertos cargos.
Algunos candidatos se vieron forzados a viajar en autos blindados rodeados por guardaespaldas y a usar chalecos antibalas. En algunas partes de los estados más violentos las amenazas volvieron imposible hacer actos de campaña.
“Tienes que estar un poquito loco para ser candidato aquí”, dijo Martínez.
La colusión entre políticos y grupos criminales en México no es algo nuevo. Sin embargo, en la última década la delincuencia organizada ha buscado con mayor fuerza cooptar la política local al influenciar el proceso electoral, con la violencia como un método para elegir a sus candidatos. Con la colaboración de funcionarios en cargos clave, la delincuencia organizada ha podido proteger y hacer crecer sus negocios criminales al ejercer control sobre las fuerzas policiales locales, asegurarse lucrativos contratos de gobierno y exigir el pago de porcentajes de los presupuestos municipales.
La tendencia ha sido particularmente evidente frente a las elecciones del 1 de julio.
Además de los políticos asesinados, se reportaron alrededor de 400 casos de tentativas de homicidio, amenazas, secuestros o intimidación, de acuerdo con Etellekt, que compiló sus datos a partir de información del gobierno, académicos, sociedad civil y reportes de medios. Los casos se han reportado en 346 municipios del país.
Esta campaña bajo las sombras del crimen organizado, que no ha sido frenada por los débiles y corruptos sistemas judiciales y de mantenimiento del orden, ha ocurrido en medio de niveles históricos de violencia en el país; algo que, a su vez, es un asunto central de la contienda presidencial.
“Si el Estado no es garante de que la voluntad popular se respete, entonces no tienes democracia”, dijo Antonio Orozco Guadarrama, secretario general en Guerrero del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Y esto pone en un gran peligro la democracia del país”.
El problema ha empeorado en medio de cambios profundos tanto en la economía criminal como en las políticas mexicanas.
Por más de una década, la estrategia del gobierno mexicano ha sido desmantelar la delincuencia organizada con ataques contra los capos. El enfoque fue impulsado con la creencia de que, al cortar la cabeza, el cuerpo se destruiría.
Sin embargo, la táctica derivó en la fragmentación de las organizaciones en cárteles y grupos más pequeños, que son más violentos y más localizados. Antes, las grandes mafias de delincuencia organizada se enfocaban en la producción de drogas y el contrabando, pero estos grupos más volátiles han incursionado de manera más generalizada en delitos como la extorsión, el secuestro, los juegos de apuestas ilegales y el robo de combustible.
Y como tienen un enfoque más local, estos grupos criminales requieren una mayor colaboración de los funcionarios locales.
“Los cárteles previos se dedicaban sobre todo al contrabando de drogas a Estados Unidos y no podía importarles menos quién era alcalde a menos que ese alcalde se metiera en o intentara impedir su negocio”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en Ciudad de México. “Pero en este nuevo mundo de pandillas locales, controlar a esos gobiernos locales es clave”.
La fractura del paisaje criminal se ha dado a la par de una fractura del paisaje político de México. Durante más de setenta años —1929 a 2000— la política era un monopolio partidista.
Tanto ese partido como la delincuencia organizada eran monolitos muy jerárquicos y la colusión entre los dos usualmente se daba en los niveles más altos. Pero conforme ese sistema unipartidista y vertical se rompió y surgió uno pluralista, con mayor competencia entre los partidos, el nivel local adquirió mayor poder e influencia.
“Durante mucho tiempo estas autoridades locales recibían órdenes de arriba, entonces los interlocutores del crimen estaban en el ámbito federal”, dijo Steven Dudley, codirector de InSight Crime, fundación que estudia la delincuencia organizada en el continente. “Pero cuando quedan estos sistemas democráticos con más jugadores el poder real quedó en manos locales”.
De repente, obtener ventajas sobre los mecanismos de la gobernanza y política locales se volvió uno de los focos de estos grupos criminales pequeños y buscaron cómo controlar el proceso electoral.
“Estos grupos no solo quieren vincularse con los candidatos, sino ser quienes los nominan”, dijo Eduardo Guerrero Gutiérrez, analista de seguridad de Lantia Consultores, en Ciudad de México.
Así, incluso cuando la democracia mexicana ha evolucionado a nivel federal, se ha reducido el espacio para elecciones libres, abiertas y transparentes a niveles municipales.
La mayoría de la violencia en este periodo se ha dado en zonas municipales rurales, donde la delincuencia organizada puede ejercer control sobre los políticos con mayor facilidad.
“Es absurdo que en muchas de estas comunidades alguien te dé ‘permiso’ para hacer campaña”, dijo Moisés Antonio González Cabañas, profesor que compite por un escaño en el Congreso estatal de Guerrero.
Aunque gran parte de la violencia política ha estado concentrada en algunos estados, ninguna de las entidades federativas se ha librado de este problema.
El 8 de junio, un candidato a una diputación federal por Coahuila, Fernando Purón, fue baleado a la salida de un debate en la ciudad de Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos. Estaba posando para una foto con un votante cuando un atacante se acercó y le disparó en la cabeza.
Purón había recibido amenazas de muerte porque una de sus promesas de campaña era terminar con aparentes vínculos entre funcionarios y el narcotráfico y se mantuvo desafiante frente al principal grupo de delincuencia organizada en el estado, de acuerdo con medios locales.
El 10 de junio, Rosely Danilú Magaña Martínez, candidata a regidora en isla Mujeres, cerca de Cancún, fue baleada durante un evento de campaña con su equipo. Murió dos días después.
Este junio, en un plazo de una semana, tres candidatos a alcaldías en el estado de Michoacán fueron asesinados, incluido Fernando Ángeles Juárez, en Ocampo. Las autoridades del estado arrestaron a toda la policía local de ese municipio para investigar a los agentes por el homicidio de Ángeles Juárez.
Guerrero ha sido una de las regiones más golpeadas. De acuerdo con Etellekt, al menos catorce candidatos y aspirantes han sido asesinados allí desde el otoño, más que en cualquier otro estado.
Aunque parte de la violencia en el estado surge debido a disputas por el control de rutas del narcotráfico y la industria de la amapola, la incursión de los grupos delincuenciales en delitos locales sí ha tenido un efecto pronunciado en la violencia electoral, según políticos.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que la creciente influencia de la delincuencia organizada en la gestión local ha socavado también su capacidad de gobernar a nivel estatal.
“La mitad del tiempo la dedicas a ver cómo los combates, cómo los paras”, dijo Astudillo en su oficina en Chilpancingo, la capital estatal. Dijo que se veía obligado a “apoyarse fuertemente” en las fuerzas de seguridad federales, porque “las policías municipales son de casi nula ayuda”.
En Chilapa de Álvarez, rodeada por campos de cultivo y colinas, cuatro políticos fueron asesinados en los últimos meses. Entre las víctimas había dos precandidatas de distintos partidos a una diputación localque fueron asesinadas en el plazo de unos días.
Otros tres aspirantes al Congreso estatal dejaron la contienda por amenazas.
Se cree que las organizaciones criminales rivales que se pelean por influir en la elección son responsables de los homicidios, dijo Jorge Luis Rendón, candidato a diputado federal por un distrito que incluye a Chilapa.
La lucha por el control político de ese y otros municipios guerrerenses ha sido más cruenta debido al desplome del precio de la amapola opiácea, lo que ha llevado a la delincuencia a diversificar sus actividades criminales más allá del narcotráfico, según funcionarios.
La campaña de los grupos criminales para cooptar la política local en Chilapa y sus alrededores empezó como un fenómeno sigiloso, explicó Rendón. Pero ahora es “abierto y descarado”, señaló; el crimen organizado incluso dicta cómo votarán comunidades enteras.
El respaldo de un grupo delictivo a un candidato prevé la cantidad de votos que pueden conseguir los opositores para darle una apariencia de legitimidad al conteo, mientras se asegura el resultado que favorece a los criminales, dijo Rendón.
Erit Montúfar, hermano de Abel Montúfar, dijo que le pidió que abandonara su candidatura al Congreso local antes de su asesinato en mayo. La familia está muy involucrada en la región conocida como Tierra Caliente (donde colindan Michoacán, el Estado de México y Guerrero) y en la política de ahí.
Cuando Abel Montúfar, padre de cuatro hijos, comenzó a recibir las amenazas, sus familiares de inmediato se preocuparon.
“Yo en algún punto le llegué a sugerir que renunciara a la candidatura, por todos los riesgos”, dijo su hermano. “Pero no quería y me decía: ‘No, porque no estoy haciendo nada malo, es un derecho que tenemos el de participar en esta elección’”.
“Fue una tragedia”, añadió. “Algo terrible no solo para nuestra familia, sino para todos los partidos políticos”.
Rendón, el candidato a la diputación, dijo que decidir postularse pese a las amenazas puede ser un acto de convicción… con el riesgo de que sea el último acto.
“Sí, hay miedo”, dijo. “Pero a veces es más el coraje de lo que tenemos que hacer por el país. A veces nos mueve más el corazón que el miedo”.
