No más corruptos. Ecuador le puso freno al abuso de los recursos públicos al votar sí, con una contundente mayoría, a la pregunta que propone inhabilitación de por vida a los funcionarios implicados en tramas de corrupción. Es la cuestión que recibió más votos a favor, en la consulta popular de este domingo convocada por el presidente, Lenín Moreno, para desmarcarse definitivamente de la herencia política de su predecesor y antiguo aliado, Rafael Correa.

A falta de resultados definitivos, pero con más de 93% de las papeletas escrutadas, casi el 74 % de los ecuatorianos está de acuerdo con vetar para siempre el acceso a puestos de responsabilidad a personas que no tengan las manos limpias. Y también es un mensaje de rechazo al expresidente Correa, a quien le será imposible la reelección, si se confirman los resultados, que dan como vencedor a Moreno. Ya en Twitter dio pistas, horas después de la votación, sobre sus intenciones citando a Hugo Chávez, cuando éste trató de hacerse en 1991 con el Gobierno de Venezuela y dijo que no se habían alcanzado los objetivos “por ahora”. Con mayúsculas, Correa se acogió a esa declaración y auguró que “el resto también será historia”, pese a que los resultados echan tierra a su legado como presidente de Ecuador.

Según el recuento provisional, tres de cada cuatro votantes eligieron depurar a sus mandantarios y dejar solo a aquellos que no hayan sido procesados por actos de corrupción. Ese margen que ronda el 50% es un símbolo de la desconfianza que ha ido creciendo en la población en los últimos meses contra la gestión del Gobierno anterior conforme aparecían decenas de casos e indicios sobre el despilfarro de los recursos públicos y pago de sobornos. La investigación por Odebrecht ha implicado a altos cargos del correísmo, como el ahora exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita. Además de la constructora, las autoridades del país han abierto investigaciones a la abultada deuda nacional y a la venta de petróleo.

El propio Correa debe ir a declarar ante la Fiscalía de Guayaquil este lunes, un día después del revés que supone para él el referéndum, para dar cuenta de los contratos de preventa petrolera con China, que han comprometido la práctica totalidad de barriles ecuatorianos. Esa gestión está siendo observada además por la Contraloría por irregularidades, con el fin de señalar a los responsables del perjuicio al Estado. Correa ha sido oficialmente notificado.

El exmandatario deberá explicar también a la autoridad fiscal cómo accedió a información de seguridad nacional, tras haber asegurado la semana pasada en una entrevista en radio que altos funcionarios, que aún le tienen confianza, habían compartido con él los nombres de los autores del atentado con coche bomba a un cuartel policial de la frontera norte.

Según Correa, los llamados a declarar y las investigaciones a su gestión son parte de un proceso de persecución política que ha cristalizado con la derrota en la consulta popular. El fundador de Alianza País, desligado ahora del partido por lo que considera una traición de Moreno, llevaba un mes haciendo campaña por el ‘no’ para las siete preguntas, pero con especial énfasis en tres.

Justo esas cuestiones son las que cosecharon un menor margen de victoria del sí, demostrando que el expresidente, pese a los abucheos e insultos, aún tiene cierto poder de convicción. No lo suficiente para inclinar los sondeos de su lado, pero sí para reducir la distancia. Aunque de las tres preguntas que rechazó en su campaña, la que menos apoyo obtuvo es la que le habría permitido regresar al poder a partir de 2021. La cuestión para derogar la reelección registraba más del 64% por el sí y poco menos de un 36% alineado al no de Correa.

En teoría, la consulta popular le cierra todas las puertas al expresidente -y a otros cargos electos con dos legislaturas- para que vuelva a gobernar Ecuador. Pero habrá que esperar para ver cómo encaja Correa la derrota, quien ya en septiembre pasado, se anticipaba al peor escenario y valoraba la alternativa de impulsar una asamblea constituyente para recuperar el espacio de poder perdido. “Si siguen destruyendo lo logrado, vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, y si se impulsa esa Asamblea Nacional Constituyente, tendré que volver como candidato”, aseguró en una conferencia en una universidad en Colombia.